Poder de Sala IV disgusta a ticos

Dos tercios de la población decidida consideran necesario restringir sus funciones, según encuesta de CID Gallup

Ticos piden límites para la Sala IV

Magistrados prefirieron no opinar sobre los resultados de la encuesta

Los fallos de la Sala Constitucional en los últimos meses parecen no contar con el apoyo de muchos costarricenses, quienes cuestionan la labor de los magistrados y el bien que generan sus decisiones al país.

Casi siete de cada diez consultados decididos concuerdan en que es necesario ponerle límites a la Sala IV, pues piensan que se está extralimitando en sus funciones, tal y como se desprende de la última encuesta realizada por CID Gallup para LA REPUBLICA entre el 5 y el 15 de setiembre.

Así mismo, un 62% de los encuestados considera que los magistrados en vez de hacerle un bien a Costa Rica con sus decisiones, la afectan negativamente.

Tras ser consultados sobre si la Sala IV se mete en asuntos que no le competen, un 58% de los entrevistados dijo que mucho o algo, mientras que solo un 42% manifestó que poco o nada.

Ante los resultados que arrojó la encuesta, LA REPUBLICA consultó a Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, para que se refiriera al respecto; sin embargo, la magistrada prefirió no opinar sobre el tema.

Recientemente el órgano constitucional se ha visto inmerso en críticas, luego de haber emitido ciertas resoluciones. La más reciente fue impedir a la Fuerza Pública la realización de retenes, que no cuenten con una autorización previa o que no formen parte de una investigación específica.

Anteriormente, también fue cuestionada por tomar posición en temas electorales y dictar plazos a la Asamblea Legislativa. Uno de estos últimos casos fue en junio pasado, cuando los magistrados rechazaron levantarle las credenciales a la diputada a Maureen Ballestero, como había ordenado el Tribunal Supremo de Elecciones, pues a juicio de la Sala, esta instancia no tiene esa potestad.

En esa misma resolución les ordenaron a los diputados que en un periodo de 36 meses, debían reformar la Constitución Política, para agregarle como causal de anulación “las faltas al deber de probidad así como a los deberes éticos-funcionariales”, medida que fue rechazada y criticada fuertemente por los legisladores.

De igual forma, tuvo un encontronazo con la mandataria Laura Chinchilla, al señalar en una resolución que solo el Poder Ejecutivo tenía las facultades para impedir el desarrollo del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Otro fallo cuestionado fue restituir a la cúpula del Sindicato de Japdeva, trayéndose abajo el plan de modernización de los puertos del Caribe.

Ante las afirmaciones de que la Sala IV opina sobre todos los temas, sean constitucionales o no, tanto Chinchilla como los diputados han manifestado la necesidad de reformar sus estatutos y por ello en la corriente legislativa se analiza.

Para la encuesta de CID Gallup se consultaron 1.224 personas de todo el país. La muestra tiene un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%.

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net