PLN se opone a cambios en plan de pensiones de la Corte

Al considerar que los cambios que demandan los trabajadores del Poder Judicial en su régimen de pensiones son “inaceptables” y que además no ayudarían a darle sostenibilidad al sistema jubilatorio, la bancada de Liberación Nacional se opone a reformar el proyecto de ley que ya fue dictaminado por una comisión legislativa y que detonó una huelga de 13 días.

De hecho, los verdiblancos son del criterio de avanzar lo más rápido posible con el plan y su objetivo es votarlo antes de que finalice agosto, ya que a partir del siguiente mes, el Congreso se dedicará a debatir el presupuesto para 2018. 

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Conforme caliente la campaña política sería más difícil validar una iniciativa que recorte las pensiones en el Poder Judicial, indicó Sandra Piszk, legisladora verdiblanca.

La propuesta de ley que ya se encuentra en el Plenario para su votación en primer debate, aumenta a 65 años la edad de retiro; además de incrementar de un 11% a un 15% el aporte obrero al régimen de pensiones.

Por otra parte, establece que el cálculo de la pensión se haría de acuerdo con los últimos 240 salarios y no los últimos 24 como sucede en la actualidad.

“El proyecto debe seguir su trámite normal en el Congreso, el cual es el espacio natural para conversar y llegar a un acuerdo. Me opongo a que el señor Presidente desconvoque la iniciativa de las sesiones extraordinarias, porque extendería un espacio de conversación que ya se dio. En un mes pasan muchas cosas, lo que nos preocupa es que conforme pase el tiempo, será más difícil aprobar el proyecto”, dijo Piszk. 

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Después de dos semanas de huelga, los trabajadores del Poder Judicial regresaron a sus puestos este lunes, con la condición de que el mandatario Luis Guillermo Solís retirara de la agenda del Congreso el polémico proyecto de ley. Al cierre de edición, se desconocía si el Presidente lo haría.

Tras deponer el movimiento de protesta, los magistrados y los trabajadores del Poder Judicial consensuaron una serie de cambios al proyecto, como que el fondo de pensiones siga siendo administrado por la Corte, que se establezca una edad de retiro diferenciada entre hombres y mujeres y que además, se “abra una ventana de diez años para permitir el retiro de los trabajadores que así lo deseen bajo las condiciones actuales”, agregó Piszk.

El debate sobre las pensiones del Poder Judicial tomó fuerza en los últimos meses, tras conocerse que existe un déficit de ¢5,3 billones y que a partir de 2040 se habrán consumido las reservas del sistema jubilatorio.

Actualmente, el fondo se financia con un aporte del 14,3% del Poder Judicial, un 1,2% del Gobierno y un 11% de los trabajadores, por lo que el gran peso del régimen recae sobre los contribuyentes que —vía impuestos— financian los privilegios de los pensionados de la Corte.

Pese a que los legisladores verdiblancos aseveran que no permitirán cambios de fondo en el proyecto de ley, los líderes sindicales creen que tendrán el tiempo suficiente para “doblarles el brazo” a otros congresistas.

“Se trata de un sistema de pensiones que tiene décadas, un cambio abrupto generará una confrontación social que muchos partidos no estarían dispuestos a permitir. Hay que darles el músculo necesario a los empleados judiciales para lo que venga. La huelga solo está suspendida, esperamos que el Presidente desconvoque el proyecto”, dijo Albino Vargas, secretario del colectivo Patria Justa.
 

Cambios
El proyecto dictaminado por la comisión especial introduce una serie de cambios para darle sostenibilidad al régimen jubilatorio.

Fuente Asamblea Legislativa
*Hay pensión adelantada a los 55 años, si el empleado tiene 30 años de servicio