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Recriminaciones y resentimientos políticos retan a oposición
Plan fiscal es prueba de fuego para Alianza

Oportunidad podría ser aprovechada por Liberación para retomar control del Congreso

La discusión del paquete tributario en el plenario es “una prueba de fuego” para la continuidad de la Alianza por Costa Rica al frente del Congreso a partir de mayo de 2012.
A pesar de que faltan varios meses para el inicio de la tercera legislatura, lo cierto del caso es que un debate encendido en torno a este tema, tal como se prevé, podría generar las recriminaciones y resentimientos políticos suficientes, para dar al traste con la continuidad de la oposición al frente de la Asamblea.
Los propios legisladores de la Alianza por Costa Rica, un conglomerado de cinco partidos de oposición que tomó el control del Congreso en mayo anterior, reconocen que enfrentarán este diciembre su mayor reto y que en efecto, hay peligro de disolución.
Las heridas que se generaron a lo interno de la Alianza, por el acuerdo logrado entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Gobierno en torno al plan fiscal, crearon las condiciones necesarias para que el Partido Liberación Nacional (PLN) tenga posibilidades de retomar el control del Parlamento en mayo.
De hecho, la desconfianza se respira en los pasillos del Congreso y una disimulada molestia se palpa en la reducción significativa de las reuniones de la Alianza, las cuales no se llevan a cabo desde hace más de 15 días.
“La torpeza de algunos en la propia Alianza ha hecho que el Gobierno mate dos pájaros de un tiro, al impulsar el plan fiscal y destruir la Alianza de rebote. El sabotaje interno es lo que más hace daño a este esfuerzo. Sin duda alguna, este diciembre se convertirá en una prueba de fuego para la continuidad de la Alianza”, expresó José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
A mediados de setiembre anterior, Ottón Solís, líder y fundador del PAC, acordó con Laura Chinchilla, presidenta de la República, el impulso al paquete tributario.
La negociación de Solís con el Gobierno fue considerada como una traición por parte de algunos de los integrantes de la Alianza por Costa Rica, quienes han acusado al rojiamarillo de querer destruir la unión opositora.
De acuerdo con la vía rápida aprobada para la discusión del paquete tributario, la comisión especial que analiza el tema, debía dictaminar ayer dicho proyecto de ley, y a partir de diciembre iniciar su discusión por el fondo y votación final.
“De momento no veo posibilidad de negociar con el PLN de cara al próximo 1° de mayo, sin embargo, en honor a la verdad, todo depende de lo que pase en diciembre, hay muchas variables en juego”, concluyó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión.
El plan fiscal pretende recaudar alrededor de más de ¢200 mil millones con las exoneraciones, los cuales, se generarán en un 70% con el aval al impuesto al valor agregado (IVA), un gravamen que tasará con un 14% los bienes y servicios.
Al margen de los problemas internos de la Alianza, la bancada oficialista no niega que tenga interés en retomar el control de la Asamblea Legislativa, aunque indican que eso es algo que todavía no entra en los cálculos, ya que están concentrados en lograr la aprobación del plan fiscal.
”Tenemos como meta alcanzar el poder, eso no lo podemos ocultar; pero en estos momentos, nuestra prioridad es otra. Todavía no estamos trabajando en el 1° de mayo”, expresó Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN.
Durante las últimas semanas, el Gobierno se ha visto bajo mucha presión por parte de diversos grupos, quienes buscan ser exonerados del pago de impuestos en la propuesta fiscal.
Hasta ayer, los legisladores habían aprobado más de 30 mociones al paquete tributario, las cuales, bajarían considerablemente la recaudación que el Estado pretende con dicha iniciativa.
En enero anterior, cuando el Poder Ejecutivo presentó su primer proyecto de plan fiscal, el objetivo era recaudar alrededor más de ¢400 mil millones.
Sin embargo con las exoneraciones aprobadas apenas lograría recaudar poco más de ¢200 mil millones.

Esteban Arrieta
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