Plan de pensiones para pobres se queda sin fondos
“A nosotros nadie nos inhibe de establecer un cobro administrativo y es lo estamos haciendo”, dijo José Alberto Acuña, director financiero de la Gerencia de Pensiones. Fotógrafo/La República
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Caja demanda cobro de ¢5.820 millones a instituciones públicas

Plan de pensiones para pobres se queda sin fondos

Supuesta falta de pago se discute en los Tribunales de Justicia

Un plan para entregar pensión a cerca de 65 mil personas en condiciones de pobreza no arranca debido a la falta de fondos.
La idea era que un grupo de empresas públicas aportaran un porcentaje de sus utilidades para el financiamiento, pero la mayor parte del dinero se adeuda por una disputa con la Caja.

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A la fecha, el saldo asciende a los ¢5.820 millones. No obstante, algunas de las empresas enviaron sus casos al Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional, como es el caso de los bancos públicos.
Las acciones no inhiben a la Caja de realizar cobros administrativos y de generar intereses, según la institución.
“En realidad, ellos (los bancos) pagaron como el 80% de lo que debían porque lo pagaron después de impuestos, nosotros decimos que debían pagar sobre las utilidades antes de impuestos”, dijo José Alberto Acuña, director financiero de la Gerencia de Pensiones.
En el caso de los bancos, solo Bancrédito depositó la totalidad del monto establecido, aunque bajo protesta.
Otras de las instituciones que se supone tienen aún pendientes son el INS, ICE, Recope, Sinart  e Incofer.
A estas dos últimas no se les puede aplicar el cobro porque habrían cerrado con pérdidas en el año 2013.
“Aparte de la deuda vamos a cobrar intereses. Desde abril lo venimos aplicando y entre todos suman ¢345 millones adicionales”, recalcó Acuña.
La diferencia surge de la aplicación de la Ley de Protección al Trabajador. Una de las disposiciones es universalizar la cobertura a los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo no fijó el porcentaje que debían cancelar las empresas públicas hasta hace dos años.
“Uno espera que los recursos sean cada vez mayores. La actitud de las instituciones se mantiene y al no pagar lo que tendríamos son grandes cuentas por cobrar, que vendrían al traste con el objetivo de la Ley”, dijo Acuña.
La expectativa de ingresos para este año rondaba los  ¢8 mil millones. A partir de 2017, el monto debería alcanzar los ¢25 mil millones.
“Nosotros estamos gestionando con nuestra representación jurídica que esto se cumpla. Todo lo que nos quede debiendo una institución lo vamos a cobrar en el tiempo. La deuda se irá acumulando”, añadió Acuña.
A partir de 2013, las empresas públicas debían pagar un 5% sobre utilidades y ese porcentaje aumentaría al 15% a 2017. No obstante, la discusión es si se debe cancelar antes o después de las utilidades.
El abogado del Estado no emite criterio sobre la interpretación, debido a que el tema está en estrados judiciales.

María Siu Lanzas
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@La_Republica



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