Paola Vega: “Hay abuso de poder de diputados para otorgar dinero a Obras del Espíritu Santo”

La ausencia de estudios técnicos que motiven la entrega de recursos a la Asociación Obras del Espíritu Santo y un supuesto abuso de poder por parte de los diputados, son algunos de los alegatos que planteó Paola Vega ante la Sala IV, en contra de la donación de ¢162 millones para dicha organización.

El reclamo de la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), tiene frenada la aprobación en segundo debate, de un proyecto que trasladaría esos recursos a la organización que dirige el sacerdote católico Sergio Valverde, la cual, ayuda a niños en condición de calle.

La consulta a la Sala IV fue firmada por otros legisladores del PAC, Zoila Volio, independiente y las diputadas Paola Valladares y Yorleny León de Liberación.

Para Vega existe abuso de poder en el traslado de recursos, ya que cuando se ejercen potestades discrecionales sin justificación o motivo razonable, existe una causal de ilegalidad que se deriva de un abuso de poder.

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“El acto o hecho de legislar ordinariamente en uno u otro sentido, acudiendo a motivaciones laxas o inconstitucionales de raíz. O en resumen, como dice la jurisprudencia arbitrariedad es igual a ilegalidad por ausencia o insuficiencia de motivación de los actos”, dijo Vega en su reclamo ante la Sala IV.

El dinero en cuestión es una transferencia de recursos pasivos de la Junta de Protección Social (JPS), en su momento favorables para el ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere.

El proyecto fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC y fue aprobado a mediados de julio en primer debate.

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Otro aspecto que reclama la legisladora, es el hecho de que no hay estudios técnicos de ningún tipo, que justifiquen la donación.

“Es criterio de la Contraloría que corresponde a la Administración Pública concedente de fondos públicos, la conducta administrativa de verificar la aptitud técnica del sujeto privado para recibirlos, así como evaluar su capacidad legal, administrativa y financiera para la ejecución de esos recursos procedentes de los contribuyentes. Esta Asamblea no pudo haber hecho esta verificación, porque no le corresponde”, dijo Vega.

Por otra parte, se debería declarar a la Asamblea Legislativa como un órgano absolutamente incompetente para ejecutar una atención directa de menores de edad vulnerable.