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Paola Valladares sobre caso Cochinilla: “Es momento de revisar de manera minuciosa la Ley de contratación pública”

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 09 septiembre, 2021 11:00 am

Paola Valladares, diputada del PLN. Archivo/La República.
Paola Valladares, diputada del PLN. Archivo/La República.


El caso de supuesta corrupción conocido como “Cochinilla” hace necesario revisar la ley de contratación administrativa cuanto antes, según Paola Valladares, diputada del PLN.

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De esta forma, se reducirían las posibilidades de que haya nuevos casos como el Cementazo y el de infraestructura que recién se dio a conocer.

“Es momento de revisar de manera minuciosa la nueva Ley de Contratación Pública, para evitar dejar portillos abiertos que permitan tenderles una Alfombra Roja a los corruptos. Los corruptos también tienen "manuales de mejores" prácticas, los cuáles burlan los niveles de fiscalización de la Contraloría”, dijo Valladares.

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El caso “Cochinilla” es una supuesta red de sobornos que incluyó a empresas constructoras y fiscalizadoras, con el objetivo de ofrecer dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT y el Conavi, a cambio de obtener jugosos contratos de licitación o agilizar procesos constructivos.

En principio las autoridades hablan de contratos por unos ¢78 mil millones; sin embargo, el monto podría ser aún mayor.

Si se comprueba en sentencia firme que sí pagaron sobornos a los funcionarios del Conavi, varias empresas podrían ser inhabilitadas para construir infraestructura vial por un período que oscilaría entre tres y diez años.

Se trata de las compañías H Solís, Meco, Constructora Herrera y Also Frutales, entre otras.

Esas constructoras han sido vitales en el desarrollo de infraestructura en los últimos años, ya que construyen o han terminado proyectos como Circunvalación Norte, el nuevo puente sobre el Río Virilla a la altura del Saprissa y los pasos a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, Guadalupe y La Bandera.

La sanción para las empresas en sede administrativa, implicaría la inhabilitación para construir cualquier infraestructura vial para todo el Estado, por un período que va desde los tres años y hasta los diez años, según una reforma a la ley de contratación administrativa aprobada en 2019 y que fue impulsada por Karine Niño, diputada de Liberación.


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