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La histórica disputa territorial entre Guyana y Venezuela por El Esequibo se reaviva.
La decisión de Caracas de aprobar este miércoles una ley que crea un nuevo estado en los de 160.000 km² que ambos países consideran como propios provocó el rechazo de Georgetown.
"Este intento de Venezuela de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y de convertirlo en parte de Venezuela es una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional", denunció la cancillería guyanesa en un comunicado este miércoles.
Acto seguido, las autoridades guyanesas advirtieron que “no tolerarán la anexión, toma u ocupación de ninguna parte" de su territorio soberano.
Por su parte, Venezuela acusó a su vecino de permitir la instalación de bases militares estadounidenses en la zona en disputa.
La Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó declara al Esequibo como el estado número 24 de Venezuela.
“Es una ley para la defensa de un territorio que es nuestro, para la defensa de un mar que es nuestro y para la defensa de un ecosistema que está siendo salvajemente agredido por las petroleras y los piratas de la minería", justificó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El instrumento busca poner a las petroleras y mineras internacionales en la encrucijada de escoger entre Venezuela y Guyana.
"Creo que este capítulo defiende con mucha gallardía los intereses de Venezuela cuando se faculta al presidente de la República para prohibir la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en el territorio de la Guayana Esequiba o en las aguas por delimitar”, dijo Maduro.
Sobre esta disposición, el economista José Guerra, aseguró que la misma “es un mensaje a la ExxonMobil (...) y a otras compañías que piensen en invertir en Guyana, pues se les advierte que de hacerlo, no se les permitirá operar en Venezuela”.
Sin embargo, el exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV) descartó que la misma inhiba a la petrolera estadounidense de continuar con sus planes en Guyana.
"Tengo la impresión de que Venezuela necesita más a la ExxonMobil de lo que la ExxonMobil a Venezuela (...) Venezuela necesita a ExxonMobil, porque fue la segunda petrolera que llegó al país y tiene ubicados los yacimientos y sabe cuáles son sus problemas, pero el mundo de ExxonMobil no se acaba en Venezuela", explicó el economista a BBC Mundo.
Pero el texto no sólo cierra las puertas para hacer negocios en Venezuela a las empresas que hoy operan en la zona en disputa, sino que también dejará sin posibilidades de ocupar cargos públicos a aquellos venezolanos que no respalden la postura oficial.
"En el artículo 25, de manera taxativa y tajante, señores abogados, señores jueces, se faculta de manera expresa la prohibición de optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil", detalló Maduro.
Esto podría ser usado para posibles inhabilitaciones políticas.
La líder opositora María Corina Machado rechazó respaldar el referendo que el gobierno venezolano celebró en diciembre de 2023 sobre el tema del Esequibo, por considerar que no era la vía idónea para defender los derechos venezolanos sobre la región.
Machado está inhabilitada y no puede enfrentarse a Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La ley prohíbe también la circulación de mapas o documentos donde no se reconozca la soberanía sobre el territorio en reclamación, so pena de multas de más de US$100.000.
"La ley en nada va contribuir a resolver el conflicto bilateral y garantizar la paz regional", afirmó a BBC Mundo Carlos Romero, catedrático de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
"La ley asume la tesis del gobierno de Venezuela de que la Guayana Esequiba ya es parte del territorio nacional. Esto genera un problema de derecho internacional, porque implica la anexión de hecho de un territorio que, si bien es reclamado por Venezuela, forma parte de Guayana hasta que se decida lo contrario", afirmó.
Esta situación supone una violación a instrumentos como la carta de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, los cuales señalan que ningún país amenazará la integridad territorial de otro.
Por su parte, el internacionalista Mariano de Alba consideró que la ley no es más que un gesto.
"La ley lo que hace es recoger lo que han sido y son las posiciones de Venezuela con respecto a su disputa territorial con Guyana. Es cierto que prevé la creación del estado Guayana Esequiba, pero si el gobierno venezolano no toma acciones adicionales para ejecutar esto, pues en la realidad es que la ley se queda en un estadio bastante simbólico", explicó el asesor de la organización Crisis Group.
Por su parte, el investigador principal para América Latina de la Chatham House de Londres, Christopher Sabatini, expresó a BBC Mundo su preocupación por "el aumento de la tendencia belicista venezolana en contra de Guyana".
"Cada paso que da Maduro en este tema lo mete más y más dentro de un callejón del que creo que es difícil que salga", dijo el experto.
Las declaraciones de ambos bandos ratifican un escalamiento de la tensión. Así, el fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, anunció que buscará el apoyo de la Comunidad de Estados Caribeños (Caricom) y de la Unión Parlamentaria Internacional frente a lo que considera "nuevas amenazas" contra su país.
Por su parte, durante el acto de firma de la ley Maduro arremetió contra su homólogo guyanés, Irfaan Ali, del que dijo "se convirtió en el títere de la Exxon Mobil, del imperio británico y del Comando Sur (de Estados Unidos)".
El líder venezolano también denunció que sus vecinos han permitido la instalación de bases militares estadounidenses, desde las cuales se prepararía una "escalada" contra Venezuela.
"Tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares y núcleos de la CIA", dijo.
Desde el nacimiento de Venezuela este país considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como parte de su territorio. Y hasta diciembre pasado aparecía en sus mapas con la denominación de “zona en reclamación”.
Los documentos de tiempos de la colonia adjudicaban a la Capitanía General de Venezuela el área. Sin embargo, luego de la independencia de la corona española comenzaron a surgir las disputas con Guyana, entonces colonia británica.
En 1899 las partes suscribieron un laudo arbitral, mediante el cual se le entregó a Georgetown el territorio, el cual hoy representa dos terceras partes del total de Guyana.
No obstante, Venezuela denunció el tratado por considerar que fue coaccionada por potencias europeas a aceptarlo, y en 1962 presentó una reclamación formal ante las Naciones Unidas.
En 1966 las partes firmaron en Ginebra (Suiza) un acuerdo para solucionar el asunto diplomáticamente y durante décadas mantuvieron conversaciones bajo la supervisión de un mediador designado por el secretario general de Naciones Unidas, pero sin llegar a ningún acuerdo.
En 2004, el entonces presidente Hugo Chávez congeló el tema, al que en una ocasión calificó como "vieja reclamación de la que nadie se acordaba".
"Yo me he comprometido con el presidente (guyanés Barrat) Jagdeo y con Guyana a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región (El Esequibo) que vaya en beneficio de sus habitantes", declaró en febrero de ese año el fallecido mandatario durante un viaje a Georgetown. Unas palabras que sus opositores interpretaron como una cesión del territorio.
Y aunque las autoridades guyanesas aseguraron que mantendrían los contactos con sus pares venezolanos para buscar una solución negociada, esto cambió luego de que en 2015 ExxonMobil descubrió petróleo en la zona.
Así, tres años después Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, una instancia que Caracas no reconoce como válida para resolver el asunto.
Los últimos acontencimientos dejan en claro que siguen lejanas las posibilidades de resolver el tema negociadamente.
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