Cada vez que los ingresos fiscales se desaceleran, algunos académicos reaparecen con la misma fórmula de siempre: más impuestos. Desde la comodidad de sus escritorios, proponen soluciones teóricas que jamás han tenido que aplicar en la realidad de una empresa, de un taller o de una clínica. Costa Rica no necesita más diagnósticos de laboratorio, necesita acción, visión y coraje para transformar su modelo productivo.
Hoy, cuatro de cada diez costarricenses trabajan en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni financiamiento, mientras un aparato estatal lento y costoso sigue gravando a los mismos sectores productivos de siempre. Pretender resolver el déficit fiscal con nuevos tributos es como intentar llenar un barril sin fondo: el problema no es cuánto entra, sino cómo se gasta y qué se produce.
Costa Rica ya recauda cerca del 25% del PIB, por encima del promedio latinoamericano. Pero ese dinero se disuelve en más de 330 instituciones públicas, muchas de ellas redundantes, con un 71% del gasto destinado a salarios. Antes de discutir nuevos impuestos, el Estado debe adelgazar, reducir su tamaño, cerrar entidades obsoletas, quitar grasa y medir resultados. La austeridad inteligente no es una amenaza al bienestar, es su única garantía.
A ello se suman las patologías sociales que deterioran la economía desde dentro, como la obesidad, que le cuesta al país más del 5% del PIB en pérdidas anuales por incapacidades y atención médica. Es un reflejo del deterioro silencioso de nuestra productividad y salud pública. Un país donde siete de cada diez adultos viven con exceso de peso no necesita más impuestos, necesita más salud, más educación y una cultura de responsabilidad individual.
El crecimiento sostenible no se decreta, se siembra. Por eso, las zonas francas no se tocan, se clonan. Son ejemplo de eficiencia, atracción de inversión, transferencia de conocimiento y empleo formal de calidad. Deben convertirse en tierra fértil para el crecimiento tecnológico y el conocimiento pragmático-científico, el que crea valor y pone a Costa Rica en el mapa global. Ampliar su modelo a regiones fuera del Gran Área Metropolitana puede ser la política económica más transformadora de nuestra generación.
El camino hacia el desarrollo está claro: impulsar sectores estratégicos como el turismo sostenible, la innovación tecnológica, la educación STEM y la cultura de la excelencia. Solo así podremos enterrar la mediocridad y la filosofía necrotizante del “pobrecito”, esa que justifica la ineficiencia en nombre de la compasión. La verdadera solidaridad no consiste en nivelar hacia abajo, sino en crear oportunidades reales para que todos puedan ascender.
Los países que prosperan no castigan al que produce, lo impulsan. Costa Rica debe volver a premiar el mérito, la innovación y el esfuerzo; debe dejar de penalizar la productividad con burocracia, lentitud y desconfianza.
Los impuestos deben financiar el crecimiento, no reemplazarlo. Y mientras algunos lo discuten desde la teoría, miles de costarricenses —en el campo, en la fábrica, en el laboratorio o en la sala de operaciones— seguimos demostrando que el progreso no se decreta: se trabaja, se arriesga y se produce.





































