Multas: "gallina de huevos de oro" de $109 millones
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 04 noviembre, 2011
Conductores ya pagaron 30% de infracciones
Multas: “gallina de huevos de oro” de $109 millones
Dinero representa 14% del plan fiscal de Chinchilla
La recaudación por multas de tránsito se convirtió en la gallina de los huevos de oro para el Estado.
Desde marzo de 2010, cuando se empezó a aplicar la severa ley de tránsito a la fecha, los inspectores han elaborado infracciones por un valor cercano a $109 millones.
Ese dinero representa un 14% del plan fiscal que impulsa la presidenta Laura Chinchilla, y al menos un 18% del déficit presupuestario que tendría la Caja Costarricense de Seguro Social en 2015, si no soluciona su crisis financiera.
Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema de multas funcione como un reloj suizo, pues a la fecha, los costarricenses solo han cancelado el 30% de las infracciones, es decir, unos $32 millones.
El resto de las infracciones se encuentran impugnadas ($42 millones), ya sea ante los juzgados de tránsito o ante la Sala Constitucional, o bien, no han sido pagadas por los conductores ($35 millones).
La mitad del dinero que recaude el Consejo de Seguridad Vial por concepto de multas, se traslada a distintas instituciones, entre ellas la Cruz Roja y la Policía de Tránsito.
Con el remanente, los programas de seguridad vial, señalamiento de vías y otros gastos administrativos y de planilla, son financiados por el Consejo, explica Silvia Bolaños, directora ejecutiva de esa institución.
El elevado costo de las multas de tránsito se debe a que en 2008, tras una campaña de seguridad vial, cuyo objetivo era reducir las muertes en calles, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley que estableció multas de hasta $790.
Meses después, los mismos diputados decidieron bajar los montos ante la molestia de los conductores por el alto impacto de las multas; sin embargo, la Sala Constitucional declaró ilegal esta última reforma y con ello, volvieron a subir las sanciones.
En estos momentos, si un conductor es sorprendido a velocidad temeraria o transportando un niño sin la silla especial, tendría que pagar $790, mientras que la pena por no usar cinturón es de $592 y dejar el vehículo mal estacionado se sanciona con $315.
Las altas sanciones son defendidas por el Gobierno, quien niega que la ley de tránsito se haya convertido en una especie de caja chica.
“Las multas severas han dado buenos resultados, cuanto más altas, menos incidencia de accidentes y muertos, ya que la gente se preocupa más. No importa si la sanción es fuerte o no, lo importante es que haya seguridad vial”, explica César Quirós, director nacional de tránsito.
En lo que va de este año, los tráficos han elaborado 297 mil boletas de infracción, por un monto cercano a los $58 millones; sin embargo, hasta el momento solo se han cancelado $9 millones.
Las penas severas contempladas en la ley están en la mira de los diputados.
Sin embargo, las discrepancias en temas como la cero tolerancia al alcohol, la permanencia de Riteve, la obligatoriedad de las bolsas de aire e incluso la disminución de las multas, han evitado que el proyecto se apruebe.
En diciembre saldrán al cobro los marchamos para 2012, por eso los legisladores se han puesto como meta aprobar la rebaja a las multas; sin embargo, el presupuesto nacional, el plan fiscal y la poca viabilidad política atentan contra ese objetivo.
“A mí me parece que el gobierno no quiere bajar las multas todavía, pues saben que a final de año, estarán cobrando una verdadera millonada y eso, me parece injusto, pues una vez que pase diciembre, el Congreso vendrá a bajar las infracciones”, indica Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
En caso de llegar a aprobarse la reforma a la ley de tránsito, la multa más elevada sería de $538 por conducir temerariamente o bajo los efectos del alcohol, en vez de los $790 que se cobran actualmente.
Mientras que la sanción más baja pasaría de $78 a $38 y con ella, se castigará a quienes circulen sin documentos registrales, violen la restricción vehicular o no porten las placas reglamentarias.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Multas: “gallina de huevos de oro” de $109 millones
Dinero representa 14% del plan fiscal de Chinchilla
La recaudación por multas de tránsito se convirtió en la gallina de los huevos de oro para el Estado.
Desde marzo de 2010, cuando se empezó a aplicar la severa ley de tránsito a la fecha, los inspectores han elaborado infracciones por un valor cercano a $109 millones.
Ese dinero representa un 14% del plan fiscal que impulsa la presidenta Laura Chinchilla, y al menos un 18% del déficit presupuestario que tendría la Caja Costarricense de Seguro Social en 2015, si no soluciona su crisis financiera.
Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema de multas funcione como un reloj suizo, pues a la fecha, los costarricenses solo han cancelado el 30% de las infracciones, es decir, unos $32 millones.
El resto de las infracciones se encuentran impugnadas ($42 millones), ya sea ante los juzgados de tránsito o ante la Sala Constitucional, o bien, no han sido pagadas por los conductores ($35 millones).
La mitad del dinero que recaude el Consejo de Seguridad Vial por concepto de multas, se traslada a distintas instituciones, entre ellas la Cruz Roja y la Policía de Tránsito.
Con el remanente, los programas de seguridad vial, señalamiento de vías y otros gastos administrativos y de planilla, son financiados por el Consejo, explica Silvia Bolaños, directora ejecutiva de esa institución.
El elevado costo de las multas de tránsito se debe a que en 2008, tras una campaña de seguridad vial, cuyo objetivo era reducir las muertes en calles, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley que estableció multas de hasta $790.
Meses después, los mismos diputados decidieron bajar los montos ante la molestia de los conductores por el alto impacto de las multas; sin embargo, la Sala Constitucional declaró ilegal esta última reforma y con ello, volvieron a subir las sanciones.
En estos momentos, si un conductor es sorprendido a velocidad temeraria o transportando un niño sin la silla especial, tendría que pagar $790, mientras que la pena por no usar cinturón es de $592 y dejar el vehículo mal estacionado se sanciona con $315.
Las altas sanciones son defendidas por el Gobierno, quien niega que la ley de tránsito se haya convertido en una especie de caja chica.
“Las multas severas han dado buenos resultados, cuanto más altas, menos incidencia de accidentes y muertos, ya que la gente se preocupa más. No importa si la sanción es fuerte o no, lo importante es que haya seguridad vial”, explica César Quirós, director nacional de tránsito.
En lo que va de este año, los tráficos han elaborado 297 mil boletas de infracción, por un monto cercano a los $58 millones; sin embargo, hasta el momento solo se han cancelado $9 millones.
Las penas severas contempladas en la ley están en la mira de los diputados.
Sin embargo, las discrepancias en temas como la cero tolerancia al alcohol, la permanencia de Riteve, la obligatoriedad de las bolsas de aire e incluso la disminución de las multas, han evitado que el proyecto se apruebe.
En diciembre saldrán al cobro los marchamos para 2012, por eso los legisladores se han puesto como meta aprobar la rebaja a las multas; sin embargo, el presupuesto nacional, el plan fiscal y la poca viabilidad política atentan contra ese objetivo.
“A mí me parece que el gobierno no quiere bajar las multas todavía, pues saben que a final de año, estarán cobrando una verdadera millonada y eso, me parece injusto, pues una vez que pase diciembre, el Congreso vendrá a bajar las infracciones”, indica Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
En caso de llegar a aprobarse la reforma a la ley de tránsito, la multa más elevada sería de $538 por conducir temerariamente o bajo los efectos del alcohol, en vez de los $790 que se cobran actualmente.
Mientras que la sanción más baja pasaría de $78 a $38 y con ella, se castigará a quienes circulen sin documentos registrales, violen la restricción vehicular o no porten las placas reglamentarias.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net