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Luego de las declaraciones de la diputada y presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, Kattia Calvo, el Movimiento Balance manifestó su desacuerdo al considerar que es incorrecto afirmar que el avance de los derechos de las mujeres perjudica a los hombres.
El pronunciamiento surge luego de que la legisladora señalara en un medio de comunicación que "es demasiado a veces el abuso que se ha hecho de algunos derechos en perjuicio de nuestros pares masculinos".
En respuesta, la organización hizo un llamado a que el debate sobre la igualdad de género se sustente en evidencia técnica, estadísticas nacionales y principios de derechos humanos.
Y es que la legislación vigente en Costa Rica no concede ventajas a las mujeres sobre los hombres, sino que busca reducir desigualdades históricas mediante políticas de equidad.
El país mantiene brechas en ámbitos como participación laboral, desempleo, distribución de las tareas de cuido, diferencias salariales y representación de mujeres en puestos de liderazgo y juntas directivas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Según el movimiento, las acciones impulsadas por el Estado y otros sectores buscan generar igualdad de oportunidades y no desplazar ni afectar los derechos de la población masculina.
Para respaldar esa posición, el pronunciamiento compara estas medidas con otras acciones afirmativas existentes en el país, como las dirigidas a personas con discapacidad, comunidades indígenas o miembros de los cuerpos policiales, al señalar que responden a necesidades específicas sin representar un perjuicio para el resto de la población.
Asimismo, el Movimiento Balance afirmó que la protección frente a la violencia de género, el acoso y la discriminación salarial forma parte de políticas orientadas a atender desigualdades que aún persisten en la sociedad costarricense.
La organización también instó a quienes ocupan cargos de liderazgo en los poderes de la República, especialmente en espacios relacionados con los derechos de las mujeres, a fundamentar sus posiciones públicas y propuestas legislativas en información técnica y datos oficiales.
