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Diputados analizan prohibir la venta, alquiler, canje o transferencia de permiso municipal
Mercado negro de patentes de licor con los días contados
Ayuntamientos tendrán más potestades para otorgar y revocar permisos

El negocio de unos cuantos de vender o alquilar patentes para la comercialización de licores por sumas que alcanzan hasta los ¢40 millones, en el caso de cantones como Heredia o Escazú, podría desaparecer en poco tiempo.
Ello porque está en análisis un plan que busca prohibir la venta, alquiler, canje o transferencia de este permiso municipal, poniendo freno al mercado negro existente.
Asimismo, se pretende transferir más potestades a los ayuntamientos para otorgar nuevas licencias y revocar aquellas en que los patentados violenten la ley, toleren conductas ilegales o alteraciones del orden público.
La normativa se encuentra en la Comisión de Turismo y se prevé que pasará al Plenario para la aprobación final de los diputados en un plazo máximo de dos meses.
“En definitiva, hay un mercado negro que dificulta el surgimiento de nuevos negocios que se dedican a la venta de licor, sin importar si son bares, restaurantes o licoreras, ya que en estos momentos, las patentes existentes son limitadas y se venden o alquilan por sumas millonarias. Con la modificación de la ley, tendremos un nuevo panorama, ya que si alguien está interesado en desarrollar un negocio de este tipo, solo debe cumplir con los requisitos que pide la municipalidad respectiva”, dijo Danilo Cubero, diputado del Movimiento Libertario.
La ley de licores que regula en estos momentos el otorgamiento de patentes para la venta de alcohol data de 1936 y establece que la cantidad de permisos municipales está supeditada a la densidad demográfica por cada distrito, por lo que los ayuntamientos pueden otorgar un número limitado de licencias y el resto existente se transfiere o hereda en un mercado libre desde entonces.
Esta situación ha hecho que el alquiler de una licencia mensual ascienda a ¢400 mil y que la venta de un permiso de este tipo, se cotice hasta en ¢40 millones, de acuerdo con datos otorgados por Edgar Marín, representante de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore).
Con la modificación de la ley, la cantidad de licencias otorgadas por cantón quedaría a discreción de las municipalidades, las cuales deberán definir vía reglamento, las normas para otorgar nuevos permisos.
La reforma a la ley también incluye un impuesto trimestral a favor de las municipalidades de un 1% proveniente de las ventas brutas de licor por cada licencia.
Hoy en día, la ley establece que los patentados están obligados a cancelar trimestralmente ¢300 por la concesión del permiso; además de ¢1.250 de timbres para parques nacionales, por lo que la recaudación por este concepto de los ayuntamientos es muy poca, como en el caso de la Municipalidad de Heredia, que cobrará este año alrededor de ¢254 mil por las 261 licencias que tiene.
“El tema de las patentes se ha convertido en una barrera para la apertura de negocios gastronómicos. La reforma que se plantea en el Congreso es positiva, porque permite a las municipalidades dar más permisos y las fortalece con la recaudación de más tributos provenientes de esta actividad”, indicó Marín.
Los comerciantes que en estos momentos son dueños de una licencia no perderían su patente con la modificación a la ley; sin embargo, contarían con un plazo específico, aún no estipulado, para cumplir con los requisitos de la normativa y después serían sujetos de la ley, explicó Gustavo Arias, diputado del Partido Acción Ciudadana.

Esteban Arrieta
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