Mejores calles promete nueva ley
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 17 octubre, 2011
Mitad de lo recaudado por multas actualmente va a otros destinos
Mejores calles promete nueva ley
El año pasado se recolectaron casi ¢5 mil millones
Calles con menos huecos, mejor señalizadas y más seguras, serían posibles si se aprueba en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Tránsito que pretende, entre otras cosas, distribuir de mejor forma los recursos percibidos por el cobro de multas.
Actualmente, la mitad de lo recaudado por infracciones va a diversos destinos, que no tienen nada que ver con las labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura que desarrolla el Consejo de Seguridad Vial.
El monto que recibe el Consejo es menor aún, cuando se trata de una infracción de velocidad excesiva, capturada por una cámara en las carreteras.
De aprobarse la nueva ley, el Consejo recibiría un 69% de lo recaudado por las multas de tránsito, además de eliminar el impuesto del 30% que se paga adicionalmente.
El proyecto propone una distribución más equitativa de estos recursos, que el año pasado significaron casi ¢5 mil millones, de más de 36 mil boletas cobradas, aseguró el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez.
Actualmente, varias instituciones reciben casi la mitad de los montos recaudados, incluidas la Cruz Roja, la Policía de Tránsito, el Poder Judicial y las municipalidades.
El 50% que queda se traslada al Consejo para las labores de mantenimiento de la red vial, pago de salarios, gastos administrativos y costos internos.
Además, el infractor paga un impuesto del 30% de la multa, el cual es destinado al Patronato Nacional de la Infancia.
En el caso de las multas por exceso de velocidad captadas por unas 12 cámaras fijas, la porción del pastel es menor aún para el Consejo, pues este negoció con Radiográfica Costarricense el pago de un 15% de las boletas cobradas por su equipo y de la notificación a los conductores infractores.
Radiográfica decidió por su parte, subcontratar a la empresa brasileña Engebras para comprar e instalar las cámaras, mientras que ellos se hacen cargo únicamente de la interconexión al centro de monitoreo mediante Internet.
Lo recaudado se dividirá 25%-75% en favor de los suramericanos, con revisiones trimestrales, hasta recobrar la inversión inicial, momento en que los montos se equilibrarán en igual proporción para cada empresa.
La iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso también incluye el ordenamiento en temas de transporte público, seguros, niveles de alcohol, sistemas de puntos, trabajo comunitario, cursos de sensibilización y sistemas de acreditación de conductores.
Johnny Castro
jcastro@larepublica.net
Mejores calles promete nueva ley
El año pasado se recolectaron casi ¢5 mil millones
Calles con menos huecos, mejor señalizadas y más seguras, serían posibles si se aprueba en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Tránsito que pretende, entre otras cosas, distribuir de mejor forma los recursos percibidos por el cobro de multas.
Actualmente, la mitad de lo recaudado por infracciones va a diversos destinos, que no tienen nada que ver con las labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura que desarrolla el Consejo de Seguridad Vial.
El monto que recibe el Consejo es menor aún, cuando se trata de una infracción de velocidad excesiva, capturada por una cámara en las carreteras.
De aprobarse la nueva ley, el Consejo recibiría un 69% de lo recaudado por las multas de tránsito, además de eliminar el impuesto del 30% que se paga adicionalmente.
El proyecto propone una distribución más equitativa de estos recursos, que el año pasado significaron casi ¢5 mil millones, de más de 36 mil boletas cobradas, aseguró el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez.
Actualmente, varias instituciones reciben casi la mitad de los montos recaudados, incluidas la Cruz Roja, la Policía de Tránsito, el Poder Judicial y las municipalidades.
El 50% que queda se traslada al Consejo para las labores de mantenimiento de la red vial, pago de salarios, gastos administrativos y costos internos.
Además, el infractor paga un impuesto del 30% de la multa, el cual es destinado al Patronato Nacional de la Infancia.
En el caso de las multas por exceso de velocidad captadas por unas 12 cámaras fijas, la porción del pastel es menor aún para el Consejo, pues este negoció con Radiográfica Costarricense el pago de un 15% de las boletas cobradas por su equipo y de la notificación a los conductores infractores.Radiográfica decidió por su parte, subcontratar a la empresa brasileña Engebras para comprar e instalar las cámaras, mientras que ellos se hacen cargo únicamente de la interconexión al centro de monitoreo mediante Internet.
Lo recaudado se dividirá 25%-75% en favor de los suramericanos, con revisiones trimestrales, hasta recobrar la inversión inicial, momento en que los montos se equilibrarán en igual proporción para cada empresa.
La iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso también incluye el ordenamiento en temas de transporte público, seguros, niveles de alcohol, sistemas de puntos, trabajo comunitario, cursos de sensibilización y sistemas de acreditación de conductores.
Johnny Castro
jcastro@larepublica.net