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Los desafíos de la descentralización

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 26 agosto, 2009

Cada vez más se nota un esfuerzo para descentralizar la toma de decisiones y la distribución de recursos públicos en Costa Rica, y el resultado no siempre ha sido beneficioso para los habitantes. Preguntar la opinión de los que compraron lotes en Playa Grande en el cantón de Santa Cruz, y que con permisos de la alcaldía construyeron una casa; ahora se les ha notificado que el gobierno nacional les va a expropiar, solo que ahora no tiene plata para pagarles. Preguntar la opinión de las empresas que se establecieron en Zonas Francas en el cantón central de Heredia, exonerados del pago tributario por el gobierno nacional, cuando después la alcaldía llegó a cobrarles un “impuesto especial”. Como estas dos historias hay varias más.
No es nueva la idea de poner más dinero en manos de las autoridades locales, que se espera conozcan mejor las necesidades de los que viven en un cantón, y poco a poco se van otorgando más potestades a estas. En algunos casos se nota un uso más deseable de los recursos. Dos ejemplos que se han distinguido en ese sentido positivo son los de Garabito, con el alcalde Marvin Elizondo y el cantón central de San José con Johnny Araya. En estos ya hay policía municipal, mejor limpieza e iluminación, parques, peatonales, y una orden superior en general. En contraste a estos, hay por lo menos 20 donde la recolección de la basura es esporádica, donde no se han molestado en establecer policía municipal; además se podrían cuestionar los criterios usados por estos al otorgar ciertos permisos de construcción.
Hay varios cantones que no logran formular presupuestos y ejecutar los recursos que reciben, mientras que la basura se acumula, las calles quedan sin bacheos y crecen las deudas a los proveedores. Un ejemplo es el cantón de Esparza; desde que se concesionó al Puerto de Caldera los ingresos de este municipio han crecido sustancialmente. Pero el dinero de esta bonanza no se gasta y mientras tanto obras públicas urgentemente necesitadas, programas sociales, y otros típicos de una alcaldía no se realizan por falta de una capacidad de ejecución.
¿Qué se puede hacer si los elegidos por el pueblo en los municipios no tienen la capacidad de usar los recursos a su disposición? La Contraloría puede estudiar una situación de estas, y si hay malversación tomar medidas drásticas para corregirla. Pero si no gastan su presupuesto, puede llamar la atención, pero nada más.
Mirando hacia el futuro, un debate que surge es el que se enfoca al manejo de las escuelas y colegios públicos. Algunos amantes de la descentralización preguntan si no sería mejor si los centros educativos fueran organizados, mantenidos y supervisados por las autoridades cantonales en vez de por el Ministerio de Educación. Incluso, estos dicen que sería mejor si los docentes fueran funcionarios de las alcaldías. Reza el argumento que los padres de familia tendrían mayor participación e interés en la educación de sus hijos si fuera todo el proceso más al alcance local.
La opinión del columnista es que mejor no por el momento con esto de los docentes. Si tantos cantones no pueden recoger la basura en forma sistemática, es improbable que puedan organizar adecuadamente un sistema educativo necesitado por los jóvenes para que puedan desempeñarse con éxito en el siglo XXI.

cdenton@cidgallup.com

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