Los culpables de Caldera
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 30 mayo, 2011
Problemas de la vía van más allá de la figura de concesión
Los culpables de Caldera… todos y nadie
Otras carreteras son todavía peores
La semana pasada, la Asamblea Legislativa recomendó suspender la construcción de las carreteras, entre otras obras, bajo el concepto de proyectos privados, y que la Fiscalía debe decidir si desea presentar o no cargos penales contra los ministros y burócratas, que eran responsables de la concesión de la carretera de Caldera.
El proyecto de la carretera a Caldera, por cierto, ha sido en varios aspectos bastante enredado.
Pero el problema va más allá de una cuestión de culpar a algunos funcionarios, o simplemente denunciar la figura de concesión.
En realidad, los mismos defectos pueden ocurrir en cualquier momento, en el caso de una carretera diseñada, construida y operada por el Gobierno.
En este caso, si la Asamblea quiere evitar problemas futuros, debería oponerse no solo a las concesiones, sino a cualquier proyecto costarricense de obra pública.
Mejor aún, debería instar a la adopción de medidas para asegurar que el país cuente con los gerentes gubernamentales, capaces de manejar el desarrollo de infraestructura de forma eficiente.
En términos de la asignación de responsabilidad de los problemas de la carretera Caldera, hay mucha gente a quien culpar.
El cartel dice que la desarrolladora es responsable de la construcción de la carretera, de acuerdo con ciertas normas.
Además, ese documento que describe la forma bajo la cual el proyecto tiene que desempeñarse exigió la contratación de una fiscalizadora.
Este grupo de ingenieros y otros expertos, tuvo que revisar el trabajo de Autopistas del Sol, empresa ganadora del derecho de construir y operar la carretera.
Sin embargo, parece que nunca hubo una confirmación adecuada de la calidad de las obras.
Por un lado, según la información actualmente disponible acerca del proyecto, es posible que la fiscalizadora, Cano, Jiménez, Cacisa, no entregara un reporte completo.
Por otro lado, es también posible que la fiscalizadora en su informe señalara algunos problemas con la vía, antes de que se inaugurara.
En cualquiera de los casos, parece que ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni el Consejo Nacional de Concesiones, a quienes les llegó el reporte, tomaron las medidas apropiadas.
Mientras tanto, la Contraloría aprobó el contrato de concesión, a pesar de que el documento no dejaba en claro las obligaciones legales entre la fiscalizadora, los entes gubernamentales involucrados y Autopistas del Sol.
Con tanta gente involucrada, el problema quizás no sea de ningún individuo específico, sino de un sistema deficiente.
El proyecto de la carretera a Caldera puede estar o no plagado de errores.
Pero no hay nada en el sistema de obras públicas de Costa Rica, que necesariamente pueda prevenir que problemas similares surjan, en relación con un proyecto dirigido por el Gobierno.
Literalmente, cientos de personas en el sector público, así como en Autopistas, estaban involucradas en la planificación de esa vía.
Mientras tanto, nada garantiza que las mismas personas, o sus sucesores, serán más eficientes la próxima vez.
En el caso de una obra manejada por el Gobierno, el Ministerio de Transportes podría o no, prever defectos en el documento de oferta.
El Ministerio podría nombrar un auditor eficaz, o podría que no.
Los contratistas, que licitan el proyecto, podrían o no conspirar, de forma que eleven artificialmente el precio.
La Contraloría podría identificar defectos en el cartel o en el contrato de construcción, o quizás no.
El contrato podría o no establecer reglas claras y aplicables para garantizar la indemnización al público, en caso de que el trabajo de la empresa resultara defectuoso.
Un presidente podría o no, presionar a los funcionarios, para que se apuren en dejar terminado un proyecto que se considere importante.
Pero salvo que el Gobierno pueda mejorar significativamente su capacidad para elaborar y hacer cumplir los contratos, y para supervisar las obras realizadas por una desarrolladora, estas y otras dudas persistirán, independientemente de cómo un proyecto sea estructurado.
Bernal Rodríguez
brodriguez@larepublica.net
Fred Blaser
Co presidente
República Media Group
Los culpables de Caldera… todos y nadie
Otras carreteras son todavía peores
La semana pasada, la Asamblea Legislativa recomendó suspender la construcción de las carreteras, entre otras obras, bajo el concepto de proyectos privados, y que la Fiscalía debe decidir si desea presentar o no cargos penales contra los ministros y burócratas, que eran responsables de la concesión de la carretera de Caldera.El proyecto de la carretera a Caldera, por cierto, ha sido en varios aspectos bastante enredado.
Pero el problema va más allá de una cuestión de culpar a algunos funcionarios, o simplemente denunciar la figura de concesión.
En realidad, los mismos defectos pueden ocurrir en cualquier momento, en el caso de una carretera diseñada, construida y operada por el Gobierno.
En este caso, si la Asamblea quiere evitar problemas futuros, debería oponerse no solo a las concesiones, sino a cualquier proyecto costarricense de obra pública.
Mejor aún, debería instar a la adopción de medidas para asegurar que el país cuente con los gerentes gubernamentales, capaces de manejar el desarrollo de infraestructura de forma eficiente.
En términos de la asignación de responsabilidad de los problemas de la carretera Caldera, hay mucha gente a quien culpar.
El cartel dice que la desarrolladora es responsable de la construcción de la carretera, de acuerdo con ciertas normas.
Además, ese documento que describe la forma bajo la cual el proyecto tiene que desempeñarse exigió la contratación de una fiscalizadora.
Este grupo de ingenieros y otros expertos, tuvo que revisar el trabajo de Autopistas del Sol, empresa ganadora del derecho de construir y operar la carretera.
Sin embargo, parece que nunca hubo una confirmación adecuada de la calidad de las obras.
Por un lado, según la información actualmente disponible acerca del proyecto, es posible que la fiscalizadora, Cano, Jiménez, Cacisa, no entregara un reporte completo.
Por otro lado, es también posible que la fiscalizadora en su informe señalara algunos problemas con la vía, antes de que se inaugurara.
En cualquiera de los casos, parece que ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni el Consejo Nacional de Concesiones, a quienes les llegó el reporte, tomaron las medidas apropiadas.
Mientras tanto, la Contraloría aprobó el contrato de concesión, a pesar de que el documento no dejaba en claro las obligaciones legales entre la fiscalizadora, los entes gubernamentales involucrados y Autopistas del Sol.
Con tanta gente involucrada, el problema quizás no sea de ningún individuo específico, sino de un sistema deficiente.
El proyecto de la carretera a Caldera puede estar o no plagado de errores.
Pero no hay nada en el sistema de obras públicas de Costa Rica, que necesariamente pueda prevenir que problemas similares surjan, en relación con un proyecto dirigido por el Gobierno.
Literalmente, cientos de personas en el sector público, así como en Autopistas, estaban involucradas en la planificación de esa vía.
Mientras tanto, nada garantiza que las mismas personas, o sus sucesores, serán más eficientes la próxima vez.
En el caso de una obra manejada por el Gobierno, el Ministerio de Transportes podría o no, prever defectos en el documento de oferta.
El Ministerio podría nombrar un auditor eficaz, o podría que no.
Los contratistas, que licitan el proyecto, podrían o no conspirar, de forma que eleven artificialmente el precio.
La Contraloría podría identificar defectos en el cartel o en el contrato de construcción, o quizás no.
El contrato podría o no establecer reglas claras y aplicables para garantizar la indemnización al público, en caso de que el trabajo de la empresa resultara defectuoso.
Un presidente podría o no, presionar a los funcionarios, para que se apuren en dejar terminado un proyecto que se considere importante.
Pero salvo que el Gobierno pueda mejorar significativamente su capacidad para elaborar y hacer cumplir los contratos, y para supervisar las obras realizadas por una desarrolladora, estas y otras dudas persistirán, independientemente de cómo un proyecto sea estructurado.
Bernal Rodríguez
brodriguez@larepublica.net
Fred Blaser
Co presidente
República Media Group