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La justicia argentina decidió permitir la salida del país de 12 de las 19 personas que formaban parte de la tripulación de un avión de la empresa estatal venezolana Emtrasur que quedó varado en Buenos Aires a comienzos de junio pasado.
11 de los liberados son de origen venezolano (entre ellos la única mujer del grupo) y uno es iraní, según confirmaron las autoridades de Emtrasur.
La tripulación completa del avión, compuesta de 14 venezolanos y cinco iraníes, permanece retenida en un hotel cercano al aeropuerto internacional de Ezeiza desde que la aeronave no pudo volver a Venezuela el 8 de junio pasado.
El Boeing 747 había arribado a la capital argentina el 6 de junio y dos días más tarde tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto argentino, donde fue incautado luego de quedar varado por falta de combustible.
Desde entonces, la justicia argentina investiga si el avión, que antes perteneció a la aerolínea iraní Mahan Air, fue utilizado para realizar actividades sospechosas.
Estados Unidos, que impuso sanciones a Mahan Air por sus presuntos vínculos con la Fuerza Quds, un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) le pidió al país sudamericano que retuviera la aeronave.
Además de analizar los vuelos que realizó el avión de carga, también se investiga por qué en el vuelo de Emtrasur viajaban cinco ciudadanos iraníes y por qué la tripulación era presuntamente mucho mayor a la requerida.
Según la empresa venezolana, los iraníes son instructores de vuelo.
Aunque a los tripulantes se les retiraron los pasaportes y se analizaron sus celulares y computadoras, hasta el momento nadie ha sido detenido ni se presentaron cargos.
El 1 de agosto el juez a cargo del caso, Federico Villena, había decidido levantar la prohibición de salida del país de 12 de los 19 ocupantes del avión, pero la medida fue apelada por la fiscal.
Ahora la Cámara Federal de Apelaciones ratificó la liberación.
El tribunal también avaló la decisión del magistrado de mantener embargada la aeronave, a pedido de Washington.
Dos meses después de la detención de la aeronave, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó fuertes declaraciones contra Argentina, acusando al país de apropiarse de un bien de su país.
"Estoy bien indignado por el robo del avión en Argentina", dijo durante un discurso transmitido por la televisión estatal.
"Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo", afirmó el mandatario.
"¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?", preguntó.
El Boeing 747 en el centro de la polémica fue sumado a la flota de Emtrasur en enero pasado, pero antes operó para Mahan Air durante 15 años.
Según Emtrasur, el avión de carga llegó a Argentina en junio pasado para transportar autopartes desde México, país al que había arribado luego de transportar un cargamento de cigarrillos desde Paraguay hasta Aruba, en mayo.
La empresa argentina que recibió las autopartes, SAS Automotriz SA, señaló que encargó el envío de estos componentes a Fracht, una compañía internacional de servicios logísticos con sede en Suiza, y que no tenía relación con Emtrasur.
Por su parte, Fracht también negó haber contratado a la aerolínea de carga venezolana, señalando que había encargado el envío a la empresa Aerocharter México, que fue la que subcontrató a Emtrasur.
Además de confirmar la liberación de los 12 tripulantes, la Cámara Federal de Apelaciones solicitó que se defina "en el plazo de diez días" la situación de los otros siete hombres que permanecen en Buenos Aires -cuatro iraníes y tres venezolanos-.
En su fallo, el tribunal le solicitó al juez Villena acelerar "todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas".
"Ni la República Bolivariana de Venezuela ni la República Islámica de Irán son parte de la investigación", aclaró la corte.
Entre los tripulantes que deberán seguir por cuarto mes en la capital argentina está el piloto iraní Gholamreza Ghasemi Abbas, a quien el ministro de Inteligencia de Paraguay acusó de ser miembro de la Fuerza Quds.
Se sospecha que Ghasemi Abbas es miembro de la junta directiva y director ejecutivo de la aerolínea Qeshm Fars Air, utilizada por la Guardia Revolucionaria de Irán para mover armas y equipamiento militar a Siria durante la guerra civil en ese país.
El diputado opositor argentino Gerardo Milman, quien denunció ante la justicia "los comportamientos presumiblemente anómalos" que realizó el vuelo de Emtrasur, señaló que podrían ser parte de "una operación de la inteligencia venezolana y la inteligencia iraní en territorio argentino".
Irán está acusada por Argentina de haber estado detrás del peor atentado en la historia de ese país: la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó 85 muertos.
Fuentes judiciales citadas anónimamente por el diario Clarín sostuvieron que el plazo de diez días que la Cámara de Apelaciones le dio al juez Villena para definir si presenta cargos podría "obligarlo a cerrar la causa, con un hipotético sobreseimiento de los imputados" ya que no sería suficiente tiempo para recibir la respuesta de los pedidos de cooperación judicial enviados a EE.UU., Paraguay, Uruguay y otros países.
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