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Industriales rechazan plan que da más poder de decisión a ciudadanos

Ley de Ambiente desata enojo empresarial

• Iniciativa permite que un grupo de vecinos se oponga a construcciones que consideren dañinas contra la naturaleza
• Tema sería discutido la próxima semana en Casa Presidencial

Ernesto José Villalobos
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La reciente aprobación de varias reformas a la Ley de Ambiente y que dota de mayor poder de decisión a los vecinos de una comunidad ante cualquier proyecto de infraestructura, encendió el enojo del sector empresarial.
Los empresarios están molestos con los legisladores, disgusto que también alcanza al Poder Ejecutivo, específicamente a la Casa Presidencial y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
No obstante, los defensores del ambiente más bien aplauden la aprobación de las reformas y propugnan su pronta entrada en vigencia.
La queja surgió porque la modificación a la Ley del Ambiente busca fortalecer la participación ciudadana en materia ambiental. Los cambios están relacionados con la potestad de los habitantes de comunidades, provincias o el país, de oponerse y cuestionar un proyecto específico, a través de la participación activa.
Tras su aprobación en segundo debate, este viernes los empresarios y miembros del sector productivo enviaron varias cartas a Casa Presidencial en las cuales demandan vetar varios de los artículos aprobados.
“Estamos instando al Presidente a que reconsidere lo aprobado por unanimidad en el plenario, pues definitivamente compromete el desarrollo general del país y el bienestar de sus habitantes”, expresó Manuel González, presidente de la Cámara de Industrias.
Otro de los sectores que manifestaron su preocupación por el tema es el de la construcción.
“Estamos dejando en un limbo jurídico al país; estamos hablando de que un pequeño grupo de personas bien podría obstruir un proyecto hidroeléctrico, un relleno sanitario que reemplace los botaderos a cielo abierto que hay en muchas zonas de Costa Rica o cualquier obra civil”, sentenció Randall Murillo, director de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Este viernes, antes del mediodía, la CCC envió otra nota a la Presidencia, en la que reclama la presunta ausencia de cualquier interés de parte de los poderes de la República por tomar en cuenta los aportes de los gremios empresariales sobre el tema ambiental.
La nota también pide al Presidente, que “dadas las circunstancias se tomen las medidas para garantizar que la inversión no se vea afectada por la inseguridad jurídica en que los cambios a la ley han dejado a Costa Rica”.
A la queja se unieron los industriales, quienes confirmaron que “harán los contactos necesarios”, para que Casa Presidencial los reciba cuanto antes.
“Esta ley entorpece muchas iniciativas de desarrollo que el mismo gobierno nos ha pedido impulsar; tiene deficiencias muy serias en cuanto a la aplicación de la legislación ambiental vigente”, explicó González.
Pero la preocupación del sector empresarial fue contradicha por quienes impulsaron la ley.
“Lo que se varió en la ley creó un mecanismo muy eficiente para que realmente se preste atención a los habitantes de una zona donde se va a modificar el entorno, afectando aguas, geografía. Es una aplicación real del concepto de democracia participativa”, puntualizó José Merino, diputado del Frente Amplio.
“Sabemos que incluso que ya se habla de presiones que serán aplicadas al presidente Arias, para que eche atrás lo actuado en el Congreso”, agregó Merino.
Sobre el tema se consultó a Roberto Dobles y Jorge Rodríguez, ministro y viceministro de Ambiente respectivamente, pero informaron que no se referirán al tema hasta que en Casa Presidencial conozcan las cartas. Por su parte, en Zapote aún no se referirán al tema hasta el regreso del presidente Oscar Arias.



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