Latinoamérica y la sostenibilidad ambiental en materia de Derechos Humanos: del Acuerdo de Escazú en Costa Rica a la COP16 en Colombia

José Angel Vega Licea

Investigador en Gestión del Conocimiento en Políticas Públicas y Derechos Humanos

Investigador Académico en ICAP

Visibilizar la relación entre la gestión de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental ha tomado una relevancia significativa en el ámbito latinoamericano en los últimos años. Así lo ha evidenciado la opinión consultiva que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasil, en el primer semestre del año 2024, y pronunciamientos de otros organismos internacionales especializados en derechos humanos que han resaltado la importancia de estos acontecimientos en la región.

Sumado a esto, dos hitos recientes están marcando agenda en Latinoamérica: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe', más conocido como Acuerdo de Escazú, celebrado en Costa Rica (2018); y la próxima COP16, a celebrarse en Colombia (octubre-noviembre 2024), constituyen otros ejemplos precisos de cómo se busca avanzar en función de fortalecer una cultura de derechos humanos enfocada en la paz ambiental.

En ese sentido, es pertinente reflexionar y exponer a la opinión pública la importancia que generan estos "avances" en Latinoamérica, un continente con muchos desafíos asociados a derechos humanos en materia ambiental. Pero, en este escenario también es necesario mirar con lupa los obstáculos que aún persisten en función de poder optimizar al máximo estos encuentros regionales donde se discuten y se toman decisiones que impactan de manera transversal nuestra vida cotidiana.

Recapitulemos, el Acuerdo de Escazú fue firmado en el año 2018 por 25 países de la región, y constituye el primer tratado en el mundo que establece garantías específicas para la protección de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este tratado es particularmente relevante para América Latina y el Caribe, independientemente de algunos gobiernos no ha ratificado su firma, partiendo de que somos una región rica en biodiversidad, pero también plagada de conflictos ambientales y violaciones de derechos humanos.

Desde este contexto el Acuerdo representa un avance significativo en la promoción de una gobernanza ambiental inclusiva y transparente. Sin embargo, no todo es color rosa, evidentemente su implementación efectiva enfrenta varios obstáculos que intentaré resumir en tres categorías: la falta de recursos, la resistencia de algunos gobiernos y la debilidad de la institucionalidad; estas categorías levitan también sobre la alfombra de una voluntad política real de las administraciones públicas. Súmesele la protección de los defensores ambientales que sigue siendo un desafío crítico, con numerosos casos de violencia y persecución reportados.

Por otra parte, la Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que se llevará a cabo próximamente, es otra oportunidad clave para avanzar en la agenda de sostenibilidad ambiental. La COP16 se centrará en la adopción de un marco global para la biodiversidad, con metas ambiciosas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

Cali, Colombia, será la sede del magno evento, y un aspecto interesante y muy positivo que ha llevado a cabo el gobierno colombiano en esta cita es la implementación práctica del eslogan de la COP: "la COP de la gente". Al parecer, sí habrá participación ciudadana, o al menos así está diseñada. Para ello, se han estructurado dos espacios: la Zona Azul y la Zona Verde. Esta última será el lugar donde la sociedad civil podrá ejercer su participación en la esperada COP.

Sin embargo, la eficacia de la COP16 dependerá de la voluntad política de los países participantes y de su capacidad para traducir los compromisos globales en acciones concretas a nivel nacional y local. La integración de los derechos humanos en las políticas de conservación de la biodiversidad es esencial para asegurar que estas políticas no solo sean efectivas, sino también justas y equitativas. Por tanto, las posteriores políticas que implementen las administraciones públicas derivadas de la conferencia deberán llevar intrínseco el enfoque de derechos humanos en todas las fases de desarrollo de estas intervenciones.

A pesar de los avances esperanzadores del Acuerdo de Escazú y las buenas nuevas que nos deje la COP16, es evidente que aún queda un largo camino por recorrer. La implementación efectiva de estos acuerdos, insisto, requiere no solo de compromiso político, sino también de la participación activa de la sociedad civil, la asignación adecuada de recursos y el fortalecimiento de las instituciones que componen la "cosa pública" en su totalidad.

En última instancia, me permito acotar que, el verdadero avance en derechos humanos y sostenibilidad ambiental se logrará cuando los principios de transparencia, participación y justicia se conviertan en pilares fundamentales de la gobernanza ambiental en toda nuestra región. Para muchos sigue siendo utopía, sin embargo, yo soy optimista.