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Vladimir de la Cruz
Historiador
Cuando el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, en 1940, tomó la decisión de abrir la Universidad de Costa Rica, como una de sus primeras medidas de gobierno, dio un paso más que trascendental para la Historia Patria, la Historia Nacional y la Democracia costarricense.
Clara, decisiva, ejecutiva, valerosa fue esa decisión. No parpadeó. No tuvo cataratas en los ojos que le impidieran ver su futuro y el futuro del país.
La decisión de fundar una Universidad Autónoma, siguiendo la tradición de la Universidad Latinoamericana surgida de las luchas estudiantiles y académicas de la Universidad de Córdoba, en Argentina, en 1918; siguiendo los pasos trazados por el profesor chileno Luis Galdámez, que había planteado la necesidad de abrir la Universidad, cuando hizo la evaluación de la educación nacional al iniciar el gobierno de León Cortés, que dejó pendiente esta apertura o fundación de la Universidad, fue un acto patriótico.
Las posibilidades de estudios universitarios en aquellos años estaban reducidas a un pequeño grupo de jóvenes, que dependiendo de sus inquietudes podían salir a estudiar al extranjero, financiados por sus familias, como el mismo Rafael Angel Calderón Guardia había ido a Bélgica, donde su padre también había estudiado. Con menores capacidades financieras se iba a estudiar a las Universidades de León de Nicaragua, de El Salvador o de Guatemala, en Centroamérica; a Chile o a Argentina según hubiera la oportunidad. Quienes allí estudiaron en el siglo XIX y principios del siglo XX fueron brillantes profesionales, que sirvieron muy honrosamente a la Patria en distintos cargos públicos algunos o en su proyección cultural y educativa nacional.
Hubo también un grupo de destacados ciudadanos que vinieron a Costa Rica, desde el siglo XIX, a estudiar y servir en el país maravillosamente, en distintos campos de la cultura.
El país ofrecía principalmente las posibilidades de estudio en Derecho, uno de los ejes de nuestro desarrollo democrático institucional, que contribuyó a forjar y fortalecer el Estado de Derecho.
La apertura de la Universidad de Costa Rica fue sin duda el gran paso hacia delante. A partir de allí hasta 1973 fue la única Universidad en el país. En ella se formó toda la clase empresarial y política del país desde 1940 hasta 1973, fortaleciendo la democracia y preparando los cuadros profesionales y científicos que han hecho que Costa Rica hoy destaque internacionalmente como país y como modelo democrático internacional.
Antes de Rafael Angel Calderón Guardia, el Br. Rafael Francisco Osejo había iniciado el proceso educativo nacional, cuando en 1814 impulsó la apertura de la Casa de enseñanza de Santo Tomás, la que fue transformada en 1843 en la Universidad de Santo Tomás, a la que se le dio carácter pontificio en el gobierno de Juan Rafael Mora Porras. La Universidad de Santo Tomás impulsó los estudios de Teología, Derecho, Letras y Ciencias Naturales. En 1888 se cerró la Universidad de Santo Tomás sobre la consideración de que no estaba suficientemente organizada para el momento que se vivía y que era más importante fortalecer la educación secundaria. En 1869 el Presidente Jesús Jiménez Zamora había impulsado la enseñanza primaria declarándola obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Así se dieron, luego, las reformas de Mauro Fernández, en 1886, hasta que el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, decide abrir una Universidad, luego de su experiencia en la Universidad Católica de Lovaina y de la Universidad Libre de Bruselas.
La educación primaria y secundaria se fortaleció luego con el establecimiento de la Escuela Normal de Costa Rica, en Heredia en 1914, con el impulso del presidente Alfredo González Flores, y su hermano Luis Felipe, que era Secretario de Instrucción Pública.
Con la Escuela Normal se fortaleció también el Magisterio Nacional, como gremio, y como institución formadora de educadores, que eran graduados con espíritu apostólico de ir a enseñar y de salir comprometidos con la niñez, la juventud, el país, la Patria y el desarrollo democrático nacional. Se habían mantenido a la par de la Escuela Normal algunos estudios de educación superior.
Los gobiernos desde Jesús Jiménez, exceptuando el período dictatorial y autoritario de Federico Tinoco, 1917-1919, que recortó drásticamente el presupuesto de educación, fortaleciendo el militar, estimularon el proceso educativo dándole las rentas necesarias a la educación pública, preocupándose por la construcción de buenos edificios escolares y colegiales y fortaleciendo los estímulos docentes en salarios y sistemas de pensión o jubilación, así como de organización gremial.
Después de 1940 así se siguió avanzando. La Universidad de Costa Rica necesitó fondos, que no le fueron negados para su despegue y desarrollo, para sus instalaciones y para la contratación de sus profesores. La Universidad se veía como el punto de llegada de los niños y jóvenes que se venían preparando en las escuelas públicas, excepcionalmente habían privadas.
En la década del 50 se fortaleció la Universidad con el Campus territorial que se le fue dando, en el Cantón de Montes de Oca, la hoy Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. En los años 60s y siguientes más edificios con las reformas académicas que se impulsaban y más proyección con la proyección regional que se iniciaba.
Esto comprometió gobiernos con el presupuesto universitario. Pero, también a los estudiantes y a los profesores a vigilar por el cumplimiento de ese presupuesto.
Con el desarrollo y surgimiento de las otras universidades públicas esta lucha ha cobrado nuevas dimensiones. El papel crítico que han asumido en sus investigaciones no gustan a los gobiernos, que buscan como debilitarlas en su presupuesto. Esto se ha favorecido con el surgimiento y desarrollo de las universidad privadas y de las instituciones para universitarias, que en su conjunto suman más de 100.
Del mismo modo, a nivel magisterial nacional, el desarrollo de los grupos gremiales ha hecho que se enquisten en sí mismos, ante las luchas que tienen que darse, de la manera más unitaria posible, por la Educación Nacional pública.
La lucha de las universidades es por asegurar su existencia, y facilitar de esa manera la llegada de los jóvenes que están en los colegios nacionales, públicos o privados.
Sin presupuesto universitario, en las dimensiones que se proyecta por parte de las universidades, en el llamado FEES, que el Estado tiene obligación constitucional de darlo, y de asegurarlo si la Asamblea Legislativa lo aprueba, por ser una Ley de la República, no habría posibilidades para miles de jóvenes y de niños de llegar a prepararse con estudios universitarios.
En este sentido, la lucha de las Universidades es también una lucha de todo el magisterio nacional, de todos los gremios de educadores, de la ANDE, de la APSE y del SEC, como las principales instancias organizativas de los maestros y educadores.
Luchar por el presupuesto universitaria arrastra la lucha de los educadores de preescolar, de primaria y de secundaria a luchar también por su propia lucha, sin abandonar el apoyo a las luchas universitarias, por asegurar también el Presupuesto constitucional que se debe asignar a la educación pública.
El monstruo del recorte universitario afecta más a las escuelas y colegios, porque desde el Ministerio de Educación se recorta más fácilmente ese presupuesto, justifican más esos recortes con el cuento de las escuelas unidocentes, con el del mal estado de instalaciones, con el cuento de que la población escolar ha ido disminuyendo. Así han cerrado colegios y escuelas, diurnas, en distintas partes del país, y nocturnas casi en todo el territorio nacional.
Una sociedad democrática avanzada como la nuestra no puede justificar el cierre de escuelas por su condición unidocente y de baja población. Allí donde haya niños y jóvenes que educar hay que llevarles el acceso democrático y el derecho a la educación. Cerrare escuelas y cesar docentes es violar constantemente el Derecho a la Educación, consagrado en la Constitución Política, y en los documentos internacionales ratificados por Costa Rica de Derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y de la Juventud, que los propios gremios de educación deben velar por ellos.
La lucha por el presupuesto universitario del FEES es también en esta dimensión una lucha de la ANDE, de la APSE y del SEC, como lo es de manera unitaria de todas las Universidades públicas y sus organizaciones gremiales internas.
En el caso del FEES es el CONARE el organismo técnico existente en capacidad de disponer de la distribución del FEES.
Los rectores no deben caer en la trampa que les montan de ir a discutir fragmentariamente el FEES en la Asamblea Legislativa, poniendo a las universidades a disputar, frente a los diputados, el dinero del FEES, tratando de determinar allí cuánto le toca a cada una. Es una partida presupuestaria para todas lo que significa el FEES, tal como el Consejo Nacional de Rectores presentó su propuesta de presupuesto para las universidades.
A la Asamblea Legislativa le corresponde aprobar el FEES como lo han solicitado y planteado las universidades. Ese es su papel y obligación.
Al Ministerio de Hacienda le corresponde cumplir la Ley de Presupuesto que acuerde la Asamblea Legislativa respecto al FEES, sin chantajear, intimidar, amenazar y sin asustar.
Los recortes que el gobierno quiere impulsar no corresponden con el estado de la economía nacional. Hay plata, hay dinero, que el gobierno no quiere dar. Ese es el problema. Para el gobierno es un problema político: hay que acabar con la educación pública en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y universitaria, hasta donde se pueda. Ese es su objetivo político.
El objetivo de las universidades, y el de las escuelas y colegios, en su profesorado y estudiantes es luchar por garantizar, de manera efectiva, la educación para toda la población en capacidad de asistir a las aulas, a la enseñanza, en asegurar su asistencia como parte de su integridad humana, el ejercicio de sus Derechos Humanos a la educación.
Los gremios magisteriales deben asumir un papel mas combativo, organizativo y de movilización a la par de las universidades. Lo que perjudiquen a las universidades proporcionalmente más va a perjudicar a la educación primaria y secundaria, y a todos sus educadores y profesores.
