La democracia liberal es necesaria para vivir civilizadamente

La democracia liberal es necesaria para vivir civilizadamente

Es difícil vivir civilizadamente. 

Cada persona es un mundo. Cada uno tenemos nuestros prejuicios y convicciones, nuestros intereses y afectos, nuestras preferencias y ambiciones, nuestras pasiones. Vivimos en medio de limitaciones: de conocimientos, de tiempo, de espacio, de recursos. Y frecuentemente las circunstancias nos colocan en conflictos unos con otros. Y cuando nos unimos por compartir intereses y pasiones (política, fútbol religión gremio), nos azuzamos unos a otros y fácilmente pueden retroceder la prudencia y el buen juicio.

La historio de la humanidad nos muestra diversas opciones para vencer la violencia destructiva, para evitar la guerra, para que “el hombre no sea el lobo del hombre”.

Un camino es la sumisión. Se reduce la conflictividad y sus dañinas consecuencias para la vida, la integridad de las personas y su bienestar mediante el mandato y la subordinación. Ese modelo es el que ha predominado en la historia, pero tiene graves problemas. Irrespeta la vida, la dignidad, la libertad, los derechos humanos de las personas subordinadas, y pervierte a quienes detentan el poder. Además, imponerlo y mantenerlo exige el ejercicio de una violencia terrible. Recordemos las batallas bíblicas, las guerras entre tribus, la sangre derramada para establecer imperios, o colonizar otras naciones, los millones de seres humanos masacrados para imponer el comunismo y el nazismo, el dolor que viven Cuba, Venezuela, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Yemen, República Centroafricana…

Otra ruta es la universal práctica del amor. A nosotros nos llega por la fe cristiana y para mí los mejores ejemplos son las organizaciones de vida consagrada, y muy de cerca admiro a mi hermano en de la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (la Salle) y a las monjitas carmelitas contemplativas en su vida enclaustrada en el Convento de San José cerca de nuestra casa.

Pero no todos los seres humanos son capaces de tal nivel de dominio propio para controlar sus intereses, impulsos y pasiones y debemos recurrir a la ley para establecer un sistema de gobierno que monopolice el ejercicio legítimo de la violencia, y establezca un orden que castigue el rompimiento de las reglas de conducta justa que haya aprobado la colectividad.

Hemos aprendido que para ello y hasta ahora, el sistema menos malo es la democracia, con un estado de derecho fuerte definido constitucionalmente, con una economía libre y con amplias garantías de igualdad de oportunidades y solidaridad social. Ese sistema de gobierno es el más compatible con la libertad de todos, con la conquista del bienestar, la creatividad y el progreso.

La democracia respetuosa del estado de derecho tiene procedimientos para dirimir las diferencias entre los diversos grupos que la integran. Para ello se recurre a votaciones, y se eligen autoridades, cuyas competencias están predeterminadas, se dividen los poderes para limitarlos y equilibrarlos, y a la vez se defiende la libertad de todos los ciudadanos para opinar, debatir, manifestar las diversas posiciones y tratar de influir en las políticas y leyes que se vayan a adoptar.

Pero la paz social depende de que impere una cultura democrática, en la cual la gran mayoría de los ciudadanos acepten estas reglas del juego. Para aceptar esas reglas tiene que reinar un mínimo de respeto y de buena voluntad entre todos los integrantes del cuerpo social (ojalá de amor de unos con los otros), que solo sean violados por los delincuentes.

La vida civilizada en sociedad en nuestro tiempo, depende de que la gran mayoría de los habitantes respeten la institucionalidad de la democracia liberal y no quieran sustituir su sistema de toma de decisiones por la democracia de la calle: la violencia, el griterío y las manifestaciones callejeras.

Por eso causan tanto dolor y preocupación los presuntos delitos cometidos con motivo de la huelga en que hemos venido viviendo.

Entre esas violaciones revisten especial importancia el irrespeto, los intentos de ataque y los insultos al Presidente de la República, que por su investidura son una agresión contra el país.

Ciertamente las personas gozan del derecho de manifestar libremente su aprobación o su repudio a un proyecto de ley, y también es cierto que la mayoría de las personas que participan de estas manifestaciones no han incurrido en actos penales. Pero quienes presuntamente los hayan cometido deben ser presentados a los tribunales para que los jueces determinen su culpabilidad o inocencia. Todos debemos someternos a la ley. Como nos enseñó Popper, no se puede ser tolerante con la intolerancia.