Reforma a reglamento de la ley de la institución

Industriales se oponen a incursión de Recope en biocombustibles

Dudan que entidad tenga fortalezas para desarrollar proyectos con otro tipo de energías

Mayores precios en la gasolina o el diesel sería el costo que pagarían los usuarios en caso de que Recope entre de lleno a la investigación y desarrollo de combustibles a partir de fuentes renovables.
Esta es la mayor preocupación que tienen los industriales, quienes se oponen a la reforma en el artículo 6 de la ley de Recope, que promovería la investigación en hidrógeno o biodiesel.
La participación de Recope en actividades donde no cuenta con experiencia podría significar asignar recursos significativos en investigación.
Hasta el momento se desconoce de dónde se tomaría el dinero, pero no se descarta que sea por medio de tributos, medida que sería inaceptable para los empresarios.
“En este caso, cabe recordar que los impuestos son una de las causas de que Costa Rica sea uno de los países con combustibles más caros, por lo que aumentar aún más esos impuestos, no es una idea aceptable desde la perspectiva de la competitividad del país, factor que está afectando el crecimiento y el empleo”, indicó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
Los industriales proponen que se abra la participación de la empresa privada en el mercado de biocombustibles, como la biomasa, gas natural o biogás, abriéndoles la oportunidad a las pequeñas y medianas compañías, en lugar de que se mantenga en condición de monopolio.
Al cierre de edición, no se logró obtener una reacción de Recope sobre este tema.
La iniciativa de que Recope incursione en biocombustibles la propusieron algunos diputados y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía, debido a que la ley constitutiva vincula el papel de la refinadora únicamente al tema de los hidrocarburos, como lo ratificó la Procuraduría el mes pasado.
Precisamente, por esta normativa, la junta directiva de Recope canceló recientemente el apoyo a un programa conjunto con la empresa Ad Astra Rocket, propiedad del costarricense Franklin Chang, para la investigación de hidrógeno como combustible.
En este proyecto ya se habían invertido poco más de $2 millones, pero los directivos actuales, ante inquietudes de la Contraloría, detuvieron un nuevo aporte para la etapa final del proyecto.
La iniciativa de los diputados buscaría la forma de salvar dicho proyecto.

Rodrigo Díaz
rdiaz@larepublica.net