Gresca en audiencia por megaterminal

Jerarcas de Japdeva y APM Terminals agraviados en la afueras de Tribunal

Gresca en audiencia por megaterminal

Lunes se conocerá si se detiene o no el trámite del proyecto portuario

Dos altercados se produjeron ayer en las afueras de la sede del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se celebró la audiencia para discutir la suspensión o no del trámite del contrato que promueve la construcción de una megaterminal de contenedores en Moín.

Un grupo de personas identificadas con camisetas que contenían leyendas contrarias al proyecto portuario, empujaron y golpearon a Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva, cuando ingresaba a la sede del Tribunal en Calle Blancos para participar en el proceso judicial.

Posteriormente se lanzaron contra Rogelio Douglas, gerente general de APM Terminals, empresa holandesa a la que se le adjudicó la concesión del puerto, a quien escupieron en el momento en que salía de la sede judicial tras el receso para el almuerzo. Douglas no regresó a la segunda fase del debate.

Los ánimos caldeados y los reclamos contra los funcionarios que impulsan el proyecto portuario fueron recurrentes tanto dentro como fuera del Tribunal, por lo que se pidió el apoyo de la Fuerza Pública para prevenir que pasara a más.

Al concluir la audiencia, Hidalgo se le acercó a Ronaldo Blear, secretario del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) para reclamarle que no le volviera a “mandar a los matones que lo recibieron”, a lo que el sindicalista respondió “yo no he mandado a nadie”.

En el debate se discutió una apelación presentada por Sintrajap, en la que le solicita al Tribunal Contencioso revertir la resolución en la que negó la petición de detener el curso del proyecto portuario, el cual se encuentra en su trámite de refrendo en la Contraloría General.

El sindicato solicitó esa medida cautelar como parte de una demanda de nulidad del contrato supuestamente por contener vacíos legales.

El hecho de que el juez tramitador de la demanda no concediera la audiencia para discutir la medida cautelar, sino que la rechazó de forma tajante, fue el argumento por el cual Sintrajap solicitó al Tribunal que reconsidere su posición, expuso Jorge Regidor, abogado de Sintrajap.

A su vez, dijo que el propósito de detener el trámite del contrato es evitarle una millonaria indemnización al Estado a favor de APM Terminals, en caso de que la Contraloría avale el contrato y el Tribunal Contencioso lo anule posteriormente.

Además se busca prevenir un daño ambiental en Moín, agregó el representante legal, quien justificó que el proyecto carece de estudios ambientales. Regidor se hizo acompañar por el abogado y excandidato presidencial José Miguel Corrales.

Del otro lado, la parte demandada defiende el proceder del juez tramitador de no aceptar las medidas cautelares.

Es claro que el juez tiene la facultad de hacer o no audiencia cuando se solicita una medida cautelar, destacó la procuradora Andrea Calderón.

Sobre el temor de que APM Terminals demande al Estado, Rolando Laclé Zúñiga, abogado de la compañía holandesa, negó que esa fuera la intención de su representada, al tiempo que aseguró que la compañía asumirá el riesgo en caso de que los estudios ambientales determinen que el proyecto no se puede realizar.

Por su parte, Hidalgo cuestionó cómo el sindicato dice que el puerto producirá daño ambiental si aún no se han realizado los estudios finales.

El lunes a las 8.30 a.m. será cuando el tribunal integrado por Hubert Fernández, Rocío Rojas y Jazmín Aragón, dirá quién tiene la razón.

Danny Canales

dcanales@larepublica.net