Declara ilegal transferencias millonarias a municipalidades denunciadas por oposición

Frena Sala IV “piñata electoral”

Objetaron magistrados el uso discrecional del dinero

A pocas horas de que se votara en primer debate el presupuesto del próximo año, la Sala Constitucional sorprendió al declarar como ilegal una partida de ¢3,6 mil millones para las municipalidades.
El argumento de los magistrados para señalar la ilegalidad, radica en que ese dinero no cuenta con un destino específico, sino que se dejó a discreción del Gobierno para que se repartiera.
Esta denuncia la hizo LA REPUBLICA con anterioridad, cuando publicó que una parte del presupuesto sugerido por el Gobierno podría ser utilizado con fines electorales.
Ahora, con la resolución de los magistrados, el dinero en discordia queda en una especie de limbo, pues el Poder Ejecutivo se ve en la imposibilidad de utilizarlo, hasta que no apruebe un presupuesto extraordinario, explicó Patricia Pérez, del Movimiento Libertario.
Otra posibilidad es que desista de esos recursos y no eleve más la deuda interna.
Para los diputados de oposición, el PLN estaba empeñado en utilizar ese dinero “como una piñata electoral”.
Esto, porque supuestamente al calor de la campaña, lo utilizaría para mejorar su imagen y al mismo tiempo, impulsar al próximo candidato del PLN.
“Ellos pretenden utilizar esos recursos como un cheque en blanco, pues en estos momentos no tienen un fin específico”, agregó Walter Céspedes del PUSC.
Como parte del presupuesto eso sí, los congresistas avalaron un incremento en las partidas de comunicación y publicidad del Gobierno central.
En ese sentido, la Casa Presidencial informó que se contratará a un grupo de personas para que defiendan la labor del Gobierno en las redes sociales y al mismo tiempo, un abogado, para analizar mejor la labor de la prensa.
La resolución que dictó ayer la Sala IV, se da en momentos en que las relaciones entre los distintos poderes de la República no son las mejores.
En las últimas dos semanas la Sala Constitucional y el Congreso, encabezado por Liberación Nacional, han sostenido una lucha de poderes.
Esto, debido a la negativa de los verdiblancos a reelegir a Fernando Cruz como magistrado de ese tribunal, lo cual generó un revuelo político.
Ayer, precisamente la mandataria Laura Chinchilla y sus homólogos del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, se reunieron con el objetivo de limar asperezas y al mismo tiempo, señalar los cambios necesarios en la ley de jurisdicción constitucional.
En ese sentido, Chinchilla se comprometió a convocar las leyes que modifican a la Sala Constitucional a las sesiones extraordinarias.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net