Falta de pruebas dividió a oposición en comisión BCIE
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 25 mayo, 2011
Diputados del PASE y del PUSC prefirieron no suscribir recomendación para inhabilitar de la función pública a Rodrigo Arias
Falta de pruebas dividió a oposición en comisión BCIE
Mayoría de legisladores concluyó que no se demostró tráfico de influencias del exministro Arias
La ausencia de pruebas y una serie de dudas en la investigación contra Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia, fueron las razones por las cuales la oposición se dividió al presentar ayer su informe sobre el supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido el político para frenar una investigación en su contra.
Para Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y Rodolfo Sotomayor, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no fue posible determinar, después de tres meses de investigación y 11 comparecencias, que Arias haya influido en la cancelación de la indagatoria en su contra, por el manejo que hizo de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se utilizó para el pago de consultorías durante el gobierno anterior.
Por esa razón, Granados y Sotomayor prefirieron no suscribir la recomendación hecha por Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Danilo Cubero, del Movimiento Libertario, para inhabilitar a Arias de cualquier cargo público por los próximos ocho años.
Tampoco avalaron una sanción similar para José María Tijerino, exministro de Seguridad Pública (seis años) y Lilliam Gómez, exfiscala (cuatro años), por las mismas razones. La oposición presentó ayer su informe en conferencia de prensa.
“Tengo que decir que no encontramos pruebas para determinar un supuesto tráfico de influencias. En el documento que presentamos como informe de mayoría se desprende que quedaron muchas dudas. Desde un punto de vista objetivo, considero que las dudas no deben sustentar ningún tipo de sanción fuerte, pues estas deben ser proporcionales a lo que se pueda demostrar, por eso no firmé esa parte del informe. Era imposible abstraerme de la formación que tengo y de la información que logramos recabar”, dijo Granados.
De los siete diputados que formaron la comisión especial investigadora, cinco determinaron que no hubo tráfico de influencias, al considerar los informes del diputado de Renovación Costarricense y el de los dos legisladores de Liberación Nacional (PLN).
Pese a marcar diferencia con sus compañeros en ese aspecto, Granados y Sotomayor, sí suscribieron otras conclusiones relacionados con Arias, entre ellas, que debe presentarse a la orden de la Fiscalía y que debió acudir a los mecanismos administrativos convencionales, para averiguar sobre la indagatoria en su contra, en vez de recurrir a Tijerino, quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública.
A principios de este año, el periódico La Nación dio a conocer que el exministro de la Presidencia recibió una notificación en su contra el 8 de octubre del año pasado por el tema del BCIE.
De acuerdo con publicaciones periodísticas de ese medio, ese mismo día y tras un lapso de dos horas, Jorge Chavarría, quien empezaría a fungir en tan solo ocho días como fiscal general, solicitó a Lilliam Gómez, fiscala general interina, suspender la investigación.
Por estos hechos, la oposición en el Congreso sugirió que el exministro influyó de alguna manera en la detención de la indagatoria, sobre todo tras conocer una llamada que hizo Arias a Tijerino, para que este averiguara sobre el caso.
“El tráfico de influencias es un delito que está tipificado en la ley de enriquecimiento ilícito, por lo que nosotros como comisión, no podemos endilgar un delito, lo que sí podemos hacer es brindar algún tipo de recomendación, señalando las conductas indebidas, como la que cometió Arias. En el informe eso sí, no se establece que él influyera para que se detuviera la investigación”, expresó Sotomayor.
Mientras tanto, el diputado Oviedo del PAC, resaltó una serie de contradicciones en las comparecencias, que a su juicio dejan al descubierto que sí se dio el tráfico de influencias.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Falta de pruebas dividió a oposición en comisión BCIE
Mayoría de legisladores concluyó que no se demostró tráfico de influencias del exministro Arias
Para Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y Rodolfo Sotomayor, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no fue posible determinar, después de tres meses de investigación y 11 comparecencias, que Arias haya influido en la cancelación de la indagatoria en su contra, por el manejo que hizo de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se utilizó para el pago de consultorías durante el gobierno anterior.
Por esa razón, Granados y Sotomayor prefirieron no suscribir la recomendación hecha por Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Danilo Cubero, del Movimiento Libertario, para inhabilitar a Arias de cualquier cargo público por los próximos ocho años.
Tampoco avalaron una sanción similar para José María Tijerino, exministro de Seguridad Pública (seis años) y Lilliam Gómez, exfiscala (cuatro años), por las mismas razones. La oposición presentó ayer su informe en conferencia de prensa.
“Tengo que decir que no encontramos pruebas para determinar un supuesto tráfico de influencias. En el documento que presentamos como informe de mayoría se desprende que quedaron muchas dudas. Desde un punto de vista objetivo, considero que las dudas no deben sustentar ningún tipo de sanción fuerte, pues estas deben ser proporcionales a lo que se pueda demostrar, por eso no firmé esa parte del informe. Era imposible abstraerme de la formación que tengo y de la información que logramos recabar”, dijo Granados.
De los siete diputados que formaron la comisión especial investigadora, cinco determinaron que no hubo tráfico de influencias, al considerar los informes del diputado de Renovación Costarricense y el de los dos legisladores de Liberación Nacional (PLN).
Pese a marcar diferencia con sus compañeros en ese aspecto, Granados y Sotomayor, sí suscribieron otras conclusiones relacionados con Arias, entre ellas, que debe presentarse a la orden de la Fiscalía y que debió acudir a los mecanismos administrativos convencionales, para averiguar sobre la indagatoria en su contra, en vez de recurrir a Tijerino, quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública.
A principios de este año, el periódico La Nación dio a conocer que el exministro de la Presidencia recibió una notificación en su contra el 8 de octubre del año pasado por el tema del BCIE.
De acuerdo con publicaciones periodísticas de ese medio, ese mismo día y tras un lapso de dos horas, Jorge Chavarría, quien empezaría a fungir en tan solo ocho días como fiscal general, solicitó a Lilliam Gómez, fiscala general interina, suspender la investigación.
Por estos hechos, la oposición en el Congreso sugirió que el exministro influyó de alguna manera en la detención de la indagatoria, sobre todo tras conocer una llamada que hizo Arias a Tijerino, para que este averiguara sobre el caso.
“El tráfico de influencias es un delito que está tipificado en la ley de enriquecimiento ilícito, por lo que nosotros como comisión, no podemos endilgar un delito, lo que sí podemos hacer es brindar algún tipo de recomendación, señalando las conductas indebidas, como la que cometió Arias. En el informe eso sí, no se establece que él influyera para que se detuviera la investigación”, expresó Sotomayor.
Mientras tanto, el diputado Oviedo del PAC, resaltó una serie de contradicciones en las comparecencias, que a su juicio dejan al descubierto que sí se dio el tráfico de influencias.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net