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Han pasado 25 años desde que Costa Rica vivió las protestas del Combo del ICE y, a la fecha, el país no ha aprobado una ley para abrir el mercado energético.
Esto se ha traducido en costos más altos para las empresas y las familias, pérdida de competitividad país y una mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como La Niña, El Niño y, por supuesto, el cambio climático, ya que el país no diversifica su matriz energética a la velocidad requerida, asegura Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias.
El empresario también advierte que este rezago complica los esfuerzos para reducir la huella de carbono, a la vez que advierte que los últimos proyectos construidos por el ICE generaron sobrecostos por encima de los $1.600 millones.
Han pasado más de dos décadas desde las protestas contra el Combo del ICE y la apertura eléctrica sigue pendiente. ¿Cómo ha impactado este rezago en la competitividad de las empresas costarricenses frente a otros mercados de la región?
El modelo actual de “comprador único”, en el cual solo el ICE puede adquirir energía de privados y de plantas con tamaño limitado, impide el aumento de inversiones que aumente la oferta y permita la libre competencia, generando ineficiencia en el sistema eléctrico nacional, e impactando la matriz energética del país.
Recordemos que esa matriz todavía consume más del 60% de energía proveniente de los combustibles fósiles derivados del petróleo e importados. Actualmente, el ICE controla más del 70% de la generación eléctrica, 80% de la distribución junto con su empresa CNFL y el 100% de la transmisión de electricidad.
Adicionalmente, se han documentado sobrecostos por $1.663 millones en solo seis proyectos ejecutados por el ICE.
Esto ha repercutido en la competitividad de manera directa, por una parte afecta las tarifas que, para finales del 2024, las tarifas industriales en Costa Rica resultaron 42% más altas que en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero también en el proceso de descarbonización, en el proceso de atracción de inversión extranjera al país, todo lo que al final afecta la competitividad, que es la capacidad de generar empleo que tiene el sector productivo, sector que sí compite de manera abierta con el mundo.
La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico busca nuevamente abrir el mercado, ¿qué oportunidades concretas traería esta apertura para el desarrollo industrial, la atracción de inversiones y la creación de empleo?
La apertura del mercado de la generación eléctrica, que es lo que se incluye en el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, representa una oportunidad histórica para dinamizar la economía costarricense.
Con la apertura del mercado de generación, una planificación integrada y un operador de mercado y de sistema independiente; esperamos se pueda promover la inversión en generación renovable, escogiendo los proyectos nuevos en una subasta donde el elemento importante es la competencia, que implica escoger los que menor costo tienen, favoreciendo las tarifas para todos los consumidores. Más electricidad renovable, a tarifas competitivas, permite atraer inversión al país y generar empleo.
Además, se contribuye con la descarbonización de la economía, ya que contar con más energía renovable más barata es clave para que más empresas migren procesos que hoy realizan con combustibles fósiles a realizarlos con electricidad y así mejorar su huella ambiental y competitividad internacional, así como un fomento a la electromovilidad.
Costa Rica depende en ciertos momentos de la generación térmica y de importaciones energéticas. ¿Considera que la falta de competencia ha contribuido a una mayor dependencia de los combustibles fósiles?
Sí, la falta de competencia ha influido directamente en una mayor dependencia de combustibles fósiles. Cuando solo un actor decide qué proyectos se construyen, se limita la entrada de nuevas fuentes renovables. De hecho, hoy nuestra capacidad instalada en generación se basa en un 68% de energía hidroeléctrica. Como se evidenció el año pasado, esto nos deja expuestos: si baja el agua en los embalses, se encienden plantas térmicas o se importa electricidad, y eso encarece el servicio y aumenta las emisiones.
Con un mercado abierto y más actores generando energía limpia, el país podría enfrentar mejor la variabilidad climática sin tener que recurrir al diésel o al búnker.
En resumen, la falta de competencia ha frenado la sostenibilidad y ha encarecido el sistema.
El sector productivo se queja de los altos costos eléctricos como uno de los principales obstáculos para operar en Costa Rica. ¿En qué medida la liberalización del mercado podría traducirse en tarifas más competitivas?
La energía será contratada a través de procesos competitivos (subastas), donde se seleccionarán los proyectos más eficientes. Esto evita sobrecostos y favorece precios más bajos para todos los consumidores, sin importar su tamaño o ubicación.
Hoy, más del 60% del costo de la electricidad proviene de la generación, y este segmento no opera bajo competencia. Eso ha dado lugar a proyectos con sobrecostos y decisiones poco eficientes que terminan pagando los consumidores, un esquema nada solidario. La intención es que el proyecto de generación que se agregue al sistema sea el más competitivo en costo.
¿Cómo podría la entrada de nuevos actores privados diversificar la matriz eléctrica y reducir riesgos ante eventuales crisis climáticas o fluctuaciones en la demanda?
Si se permite que más actores participen en generación, especialmente con tecnologías como solar, eólica, geotermia y biomasa, se diversifica la matriz y se reduce el riesgo de depender de una sola fuente o de un solo operador.
Hoy, alrededor del 68% de la capacidad instalada depende de hidroeléctricas. Eso nos hace vulnerables ante sequías o fenómenos como El Niño, que ya en 2023 obligaron a usar más térmica e importar electricidad, con costos altamente onerosos. Además, con mayor inversión privada, se puede responder más rápido al crecimiento de la demanda, que ya ronda el 5% anual.
