Exigirán a universidades creación de más cupos

Los ¢38 mil millones de aumento que el Gobierno presupuestó para las universidades públicas, no serían recortados por los diputados de oposición, pero sí redireccionados para la creación de más cupos en las carreras de mayor demanda.

Legisladores de la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Liberación Nacional cuestionaron el gasto en salarios y pluses salariales que ganan los funcionarios de la UCR y la UNA principalmente.{l1}u_publicas_prometen_bajar_anualidades_{/l1}

Esto, sin importar que otras casas de enseñanza superior como la UNED, la Universidad Técnica Nacional y el Tecnológico de Costa Rica, limitan el acceso a carreras como informática, electromecánica, e ingeniería industrial y electrónica.

"El aumento de unos ¢38 mil millones no se justifica, sobre todo, cuando la inflación ha sido tan baja y buena parte de ese dinero se va en pagar salarios e incentivos. Mi intención es recortar ese dinero para reducir el déficit, pero si no se puede, buscaremos redistribuir el dinero en universidades que podrían abrir más cupos", dijo Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario.

Para el otro año, el Gobierno presupuestó unos ¢478 mil millones para la educación superior, lo cual representa un alza del 7,38% en relación con el año en curso.

Desde que el presidente Luis Guillermo Solís asumió el poder, el presupuesto de las universidades públicas aumentó en un 33% si se considera la proyección del otro año, mientras que la inflación superaría el 5% en el mismo periodo.{l2}estudiantes_de_colegios_privados_llenan_universidades_publicas{/l2}

Los legisladores cuestionan principalmente el gasto en anualidades que reciben los funcionarios de la UCR y la UNA.

Solo para 2015, las cinco universidades públicas gastaron unos  ¢80 mil millones en anualidades, de los cuales, ¢50 mil millones quedaron en manos de funcionarios de la UCR.

En ese sentido, estudios actuariales pagados por la Universidad de Costa Rica, advierten un colapso financiero si se mantiene su política actual de incentivos, mientras que reducir ese porcentaje a un 3%, con un límite de 30 años, ahorraría unos ¢25 mil millones en seis años.

"Nadie en Costa Rica está en contra de darle más recursos a la educación; sin embargo, no necesariamente gastar más, significa que estamos haciendo bien las cosas. Como diputados estamos obligados a velar por una inversión de los recursos, no podemos permitir que se mantengan privilegios odiosos, cuando hay tantas necesidades", dijo Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana.

En estos momentos, el Presupuesto de la República está siendo analizado por los congresistas en la comisión de Asuntos Hacendarios.

Las palabras de los legisladores no convencen a los rectores de las universidades públicas, quienes consideran que a la hora de negociar el presupuesto de 2017 con el Gobierno, se respetó la estrechez fiscal del país, mientras que se cumple con el mandato legal de invertir un 8% del PIB en educación, de los cuales, el 1,5% es para la educación superior.

"Al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación, sobre todo de la pública en particular. Pero también tuvimos en cuenta la situación del país, como se evidencia en que nuestro acuerdo se mantiene en el mínimo establecido en la Constitución. Los rectores somos conscientes de la delicada situación fiscal que atraviesa el país y de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno por enmendar esta situación", dijo Alberto Salom, presidente del Consejo Nacional de Rectores.