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La economía de Paraguay ha sido elogiada en el pasado por los organismos internacionales por el crecimiento, la reducción de la pobreza y el orden en las finanzas fiscales.
Sin embargo, presenta una serie de grietas que suponen un reto para un país que este domingo acude a las urnas para elegir al próximo presidente.
El candidato oficialista del conservador Partido Colorado, Santiago Peña, se enfrenta al opositor Efraín Alegre para llevar las riendas de la nación sudamericana durante los próximos cinco años en unos comicios cuyos resultados se espera sean reñidos.
El ganador tendrá que enfrentar varios desafíos económicos y sociales como la evasión de impuestos, la informalidad laboral, el duro impacto de la sequía y la pobreza que afecta especialmente a los campesinos e indígenas.
En cuanto a las finanzas públicas, el nuevo presidente tendrá que hacerse cargo de un alto déficit fiscal para un país como Paraguay (de un 3% del Producto Interno Bruto, PIB) que merma las posibilidades de inversión pública en salud, educación, vivienda, y en el acceso a servicios tan básicos como el alcantarillado.
Con la agricultura y la ganadería como base de su crecimiento económico, Paraguay es actualmente el tercer exportador mundial de soja y el octavo de carne de vacuno, dos sectores que, por años, han definido el rumbo económico de la nación.
Siendo un país con una de las cargas tributarias más bajas de la región, las grandes empresas que producen y exportan estos productos suelen estar en el centro de acalorados debates sobre los beneficios económicos que le aportan a las arcas fiscales.
Frente a los desafíos, Alegre, el candidato que lidera la alianza de centro-izquierda Concertación Nacional, ha dicho que favorecerá la austeridad fiscal para recortar el gasto del sector público en lugar de aumentar los impuestos a los agricultores del país.
Peña, la principal carta del partido gobernante, se comprometió durante la campaña a terminar con la evasión de impuestos e impulsar políticas para que más personas trabajen en la economía formal. Tampoco tiene en sus planes una subida de impuestos.
Con motivo de las elecciones, BBC Mundo muestra en gráficos algunas de las grietas que dejan al descubierto las precariedades del sistema económico y social paraguayo, así como a los avances que el país ha logrado en los últimos años.
Los cimientos productivos del país sudamericano, que comparte frontera con Brasil, Argentina y Bolivia, están basados en la riqueza de la tierra, ya que apenas hay industria en el país.
El problema es que los golpes que le han dado las fuertes inundaciones y las peores sequías de las últimas décadas a la producción agropecuaria, especialmente a la soja, hacen que el crecimiento económico suba y baje, de un año a otro, como si fuera una montaña rusa.
La abrupta caída del PIB en 2012, 2019 o 2020, por ejemplo, estuvo influida por la falta de lluvias o la combinación de inundaciones y sequía.
Así también ocurrió en 2021, cuando la cosecha de granos cayó 66%, solo que no se notó tanto en el PIB porque el país venía recuperándose de la pandemia.
Y la historia volvió a repetirse el año pasado con una nueva sequía.
Así, el factor climático afecta las cosechas y se convierte en un problema estructural de la economía paraguaya.
A futuro, las estimaciones apuntan a que los fenómenos climáticos tendrán una mayor incidencia en la matriz productiva, dejando al país sujeto a una alta volatilidad económica.
Entre los principales productos de exportación de Paraguay están la soja y la carne de vacuno (como lo muestra el siguiente gráfico) y, aunque se han hecho esfuerzos por diversificar las fuentes de ingresos, la generación de productos con valor agregado continúa siendo baja.
"Vivimos en un primitivismo productivo", le dice a BBC Mundo Víctor Raúl Benítez, investigador del centro de estudios Fundación Getulio Vargas.
Por otro lado, el país solo tiene un promedio de nueve años de escolaridad, una gran barrera para que el país avance hacia una "economía del conocimiento", apunta Benítez.
Según el presidente Mario Abdo, el país está avanzando en su proceso de industrialización con un aumento "sin precedentes" en la exportación de bienes manufacturados, al tiempo que la inversión privada "se duplicó en los últimos cuatro años".
Enfocado en atraer más inversiones al país, el mandatario ha abierto las puertas de Paraguay para incentivar una mayor flujo de capitales, una política reconocida por sus partidarios y criticada por sus detractores por la falta de regulaciones.
Dos de cada tres trabajadores paraguayos están en el sector informal.
Eso significa que sus actividades no están reguladas por ley y, por lo tanto, no tienen acceso a un contrato, ni a un salario mínimo, ni a los beneficios sociales asociados a un trabajo en regla.
Suelen vivir al día, con serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, sin ahorros para la jubilación y en una situación precaria en la que, frente a cualquier imprevisto, no tienen cómo defenderse ante condiciones adversas, como una enfermedad grave.
Entre los informales están, por ejemplo, los vendedores ambulantes, las trabajadoras domésticas, los independientes sin salario fijo y muchos otros.
Son el 64,2% de la población económicamente activa, una tasa muy superior al promedio de trabajo informal en América Latina, que bordea el 50%, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Muchos de estos trabajadores paraguayos forman parte de la denominada "economía subterránea", la cual incluye actividades legales e ilegales.
La situación afecta especialmente a los jóvenes y las mujeres del mundo rural.
Junto con Albania, Paraguay es el país de producción de energía eléctrica más limpia del mundo, escribió Silvia Morimoto, la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay.
Además, está entre los países con la mayor producción de hidroelectricidad per cápita a nivel global, la cual proviene principalmente de sus grandes represas binacionales: Itaipú y Yacyretá, que comparte con sus vecinos Brasil y Argentina.
Con una gran oferta, el país exporta energía eléctrica limpia.
Sin embargo, en los últimos años está exportando cada vez menos hidroelectricidad y está importando cada vez más derivados de petróleo, que se utilizan en el transporte, como lo muestra el gráfico.
De hecho, el 41% de su consumo energético proviene de combustibles fósiles.
Verónica R. Prado, especialista en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, argumenta que el crecimiento del parque automotor satura las rutas, disminuye la calidad del aire, y aumenta "la dependencia del país de combustibles fósiles".
Esta situación, le dice a BBC Mundo, puede afectar negativamente su seguridad energética en el futuro.
En el otro lado de la balanza, está la caída de la exportación de energía hidroeléctrica, una tendencia que se explica por factores como la creciente demanda interna, la sequía y la falta de inversiones en infraestructura, agrega.
A futuro se espera que el consumo de energía eléctrica siga aumentando y, frente a ese escenario, Prado dice que el país requiere un plan para diversificar su matriz energética e invertir en infraestructura que permita transmitir y distribuir la electricidad.
En otras palabras, no basta con generar la electricidad, hay que hacerla llegar a los hogares.
Manuel Ferreira, exministro de Hacienda y presidente de la Consultora MF Economía Inversiones, dice que para disminuir la dependencia de la importación de derivados del petróleo, el país tiene dos caminos.
Uno de ellos es invertir en electromovilidad. "Paraguay podría ir sustituyendo parte de su parque automotor por uno eléctrico", dice en diálogo con BBC Mundo.
El otro es atraer industrias que necesiten energía hidroeléctrica para su funcionamiento.
Este año Brasil y Paraguay iniciarán negociaciones para redefinir algunas de las cláusulas del tratado por el que los dos países construyeron hace 50 años la hidroeléctrica de Itaipú.
El acuerdo que logren ambos países será clave para los futuros planes de desarrollo energético del país.
Aunque uno de cada cuatro paraguayos vive en la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y un 20% de los niños indígenas sufre desnutrición crónica, según Unicef, el país ha mostrado una mejoría en sus indicadores sociales.
En las últimas dos décadas la pobreza total bajó de un 58% a un 25% y la pobreza rural de un 70% a un 34%.
Y, pese a la dependencia del país de la industria agropecuaria, que lo ha vuelto más vulnerable al impacto del cambio climático, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han elogiado el aumento del PIB en las últimas dos décadas y la "solidez" de las políticas macroeconómicas.
Tanto así, que hasta 2018 el país solía ser presentado como un modelo de éxito entre los países latinoamericanos. En menos de dos décadas, el PIB se duplicó y el crecimiento económico promedio anual llegó a situarse sobre el 4%, mientras las cuentas fiscales gozaban de buena salud.
Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha destacado que en los últimos 20 años existe una "tendencia positiva" de los indicadores sociales, aunque recomienda ser "cautelosamente optimistas", porque las brechas de desigualdad permanecen.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Paraguay pasó de un nivel "medio" en 2001 a uno "alto" en 2020, señala el organismo.
Otros indicadores muestran una disminución sustancial de la desnutrición infantil y una desigualdad de ingresos menor que la de muchos países latinoamericanos.
Pero desde 2018 los indicadores ya no son tan positivos y el país ha tardado en recuperarse de la pandemia que, junto a los sucesos climáticos, entre otros facotres, han puesto en evidencia las grietas del modelo.
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