El impuesto al SINPE, grave error conceptual

Hernando Segura

Experto en Transformación Digital y Ciberseguridad

hernando@true-sec.com

Con la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Costa Rica, en reemplazo del antiguo impuesto de ventas, se dio un cambio trascendental en el modelo tributario nacional. Este nuevo esquema fiscal grava de manera más justa el valor generado en cada etapa de la cadena productiva, abarcando tanto bienes como servicios. A diferencia del impuesto de ventas, que se limitaba a gravar productos tangibles, el IVA permite capturar el valor añadido en la mayoría de las transacciones económicas, fomentando un sistema impositivo más equitativo y moderno.

Para garantizar el correcto funcionamiento del IVA es imprescindible la emisión de facturas, ya que estas son el respaldo de la transacción y permiten la trazabilidad del impuesto. Una factura no solo documenta el intercambio de bienes o servicios por un pago, sino que también sirve como comprobante para que el comprador acredite el IVA pagado y, en el caso de los contribuyentes, reduzca su obligación fiscal al reportar el impuesto al gobierno. En ausencia de facturas, todo el esquema fiscal del IVA colapsa.

Los riesgos de evasión y el papel del efectivo

En el sistema actual, existen incentivos que pueden fomentar la evasión fiscal, particularmente en transacciones donde no se emiten facturas. Esto sucede con mayor frecuencia en intercambios donde el consumidor final, que no puede recuperar el IVA, se beneficia de precios más bajos al no exigir factura. Del lado del vendedor, evitar emitir facturas puede ofrecer una ventaja competitiva al reducir artificialmente los costos percibidos por el cliente. Esta dinámica de evasión se facilita especialmente cuando los pagos se realizan en efectivo. Menos trazabilidad inherente cuando se paga con billetes físicos.

Entonces a alguien se le podría ocurrir la idea de gravar los depósitos en efectivo realizados por establecimientos comerciales como una medida para contrarrestar la evasión fiscal. Esta estrategia supondría, de manera equivocada, que toda transacción en efectivo está vinculada a la evasión, ignorando que muchos comercios legítimos operan con efectivo sin incurrir en irregularidades fiscales. La evasión no se determina por el medio de pago, sino por la falta de emisión de una factura que respalde la transacción.

¿Es viable gravar las transacciones de SINPE?

En este contexto, algunos han propuesto aplicar un impuesto a las transacciones realizadas a través del sistema SINPE, argumentando que podría ser una medida para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, esta idea presenta serios inconvenientes legales, técnicos y financieros.

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), desarrollado por el Banco Central de Costa Rica, es un medio de pago ampliamente utilizado que ha promovido la inclusión financiera, la bancarización y la digitalización de las transacciones. Asociar el uso de SINPE con evasión fiscal es un error conceptual, ya que, al igual que el efectivo, este sistema no define el cumplimiento tributario de una transacción. La evasión ocurre cuando no se emite factura, independientemente del medio de pago utilizado.

Implementar un IVA sobre las transacciones de SINPE enfrentaría además importantes desafíos técnicos. No existe un mecanismo claro y libre de errores para identificar qué transferencias electrónicas estarían relacionadas con la evasión fiscal. Esto se debe a que el SINPE es simplemente un canal de transferencia de fondos, no una herramienta de reporte fiscal. Cargar un impuesto adicional sobre estas transacciones penalizaría injustamente a quienes utilizan medios de pago modernos y eficientes, desincentivando su adopción y obstaculizando los avances hacia una economía más digital.

La dirección correcta

La lucha contra la evasión fiscal debe centrarse en fortalecer los mecanismos de emisión y control de facturas, no en gravar los medios de pago. Propuestas como la de imponer impuestos a las transacciones en SINPE parten de una premisa equivocada y podrían generar efectos adversos en la economía, crear mecanismos confusos de control y al final desincentivar la bancarización que los modelos digitales traen consigo. En cambio, se deben promover políticas que incentiven la formalización de los negocios, la adopción de herramientas tecnológicas para la emisión de facturas electrónicas y una mayor fiscalización de los registros contables.

Costa Rica ha avanzado hacia un sistema fiscal más justo con la implementación del IVA. Para consolidar este progreso, es fundamental garantizar que los principios de justicia tributaria y trazabilidad se enfoquen en las verdaderas causas de la evasión, fortaleciendo la confianza en las instituciones y evitando medidas que nos hagan retroceder en el tiempo.