Ejecutivo negociará apoyo para agenda de implementación
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 31 enero, 2008
Se pretende resolver diferencias entre promotores del Tratado
Ejecutivo negociará apoyo para agenda de implementación
• Gobierno intenta dar confianza al sector empresarial asegurando que la aprobación de los proyectos se hará con prontitud
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
Entre las cosas que tiene claro el Poder Ejecutivo —además de que es necesario solicitar una prórroga posterior al 29 de febrero a los países signatarios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) para aprobar la agenda paralela a este convenio comercial— está la necesidad de iniciar un nuevo cabildeo con todas las fuerzas políticas en el Congreso para garantizar la aprobación final de las leyes paralelas en el menor tiempo posible.
El Gobierno ha reconocido que en los últimos meses la alianza de los 38 diputados que respaldan el acuerdo comercial ha tendido a dispersarse y que algunos de los legisladores promotores del acuerdo han llegado a condicionar su voto.
“En el tanto en que se pueda y esté dentro de las capacidades, se atenderán estos proyectos, más si coinciden con la agenda que tiene el Gobierno; si podemos hacerlo, perfecto; pero si no se puede y el diputado no quiere votar algún proyecto, él mismo tendrá que asumir su responsabilidad”, aseguró ayer en entrevista con LA REPUBLICA Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
Asimismo el Ministro no descartó un acercamiento con la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para intentar convencer a sus diputados de que completen el quórum en las sesiones y no presenten cantidades excesivas de mociones.
Hasta el momento la posición del PAC ha estado orientada a no declinar en sus estrategias y todo indica que seguirá siendo así.
Ayer Ottón Solís, líder de esta agrupación, envió una carta al presidente Oscar Arias en la que refuta sus argumentos sobre la posibilidad de implementar mecanismos de vía rápida a proyectos de la agenda de implementación, entre ellos el 208 bis a la Ley General de Telecomunicaciones.
Entretanto, el Gobierno envió un mensaje al sector empresarial y exportador del país en el sentido de que “la agenda de implementación estará aprobada muy pronto”, esto ante el anuncio de varios sectores que adelantaron un éxodo de inversiones y operaciones en el país si la agenda no está aprobada en los próximos dos o tres meses.
Ayer en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ministro Arias confirmó que la solicitud de prórroga se hará en la segunda semana de febrero, y que para ello el Ministerio de Comercio Exterior será quien la tramite ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos, además de manera conjunta se solicitará la ampliación del plazo a los demás países centroamericanos y República Dominicana.
Con respecto al tiempo, aún no se decide cuál será el lapso que se requerirá y que será solicitado; antes de definirlo, el Gobierno en conjunto con los 38 diputados abanderados del convenio y sus asesores legislativos harán un cronograma de trabajo que no incluya las sesiones extraordinarias que se podrían habilitar.
“Vamos a valorar el tiempo que los proyectos deban descontar en la Sala Constitucional, los segundos debates y su respectiva publicación”, añadió Arias.
Ejecutivo negociará apoyo para agenda de implementación
• Gobierno intenta dar confianza al sector empresarial asegurando que la aprobación de los proyectos se hará con prontitud
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
Entre las cosas que tiene claro el Poder Ejecutivo —además de que es necesario solicitar una prórroga posterior al 29 de febrero a los países signatarios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) para aprobar la agenda paralela a este convenio comercial— está la necesidad de iniciar un nuevo cabildeo con todas las fuerzas políticas en el Congreso para garantizar la aprobación final de las leyes paralelas en el menor tiempo posible.
El Gobierno ha reconocido que en los últimos meses la alianza de los 38 diputados que respaldan el acuerdo comercial ha tendido a dispersarse y que algunos de los legisladores promotores del acuerdo han llegado a condicionar su voto.
“En el tanto en que se pueda y esté dentro de las capacidades, se atenderán estos proyectos, más si coinciden con la agenda que tiene el Gobierno; si podemos hacerlo, perfecto; pero si no se puede y el diputado no quiere votar algún proyecto, él mismo tendrá que asumir su responsabilidad”, aseguró ayer en entrevista con LA REPUBLICA Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
Asimismo el Ministro no descartó un acercamiento con la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para intentar convencer a sus diputados de que completen el quórum en las sesiones y no presenten cantidades excesivas de mociones.
Hasta el momento la posición del PAC ha estado orientada a no declinar en sus estrategias y todo indica que seguirá siendo así.
Ayer Ottón Solís, líder de esta agrupación, envió una carta al presidente Oscar Arias en la que refuta sus argumentos sobre la posibilidad de implementar mecanismos de vía rápida a proyectos de la agenda de implementación, entre ellos el 208 bis a la Ley General de Telecomunicaciones.
Entretanto, el Gobierno envió un mensaje al sector empresarial y exportador del país en el sentido de que “la agenda de implementación estará aprobada muy pronto”, esto ante el anuncio de varios sectores que adelantaron un éxodo de inversiones y operaciones en el país si la agenda no está aprobada en los próximos dos o tres meses.
Ayer en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ministro Arias confirmó que la solicitud de prórroga se hará en la segunda semana de febrero, y que para ello el Ministerio de Comercio Exterior será quien la tramite ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos, además de manera conjunta se solicitará la ampliación del plazo a los demás países centroamericanos y República Dominicana.
Con respecto al tiempo, aún no se decide cuál será el lapso que se requerirá y que será solicitado; antes de definirlo, el Gobierno en conjunto con los 38 diputados abanderados del convenio y sus asesores legislativos harán un cronograma de trabajo que no incluya las sesiones extraordinarias que se podrían habilitar.
“Vamos a valorar el tiempo que los proyectos deban descontar en la Sala Constitucional, los segundos debates y su respectiva publicación”, añadió Arias.