EE.UU. incluye a Costa Rica en lista de países que no evitan “trabajo forzoso” y castiga exportaciones
Sector empresarial pide reaccionar con rapidez, pero sin promover el alarmismo
Debido a que Costa Rica no evita adecuadamente el “trabajo forzoso”, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) recomendó que todos los productos ticos que se exporten a ese país paguen un arancel del 12,5%.
La medida fue anunciada esta semana por las autoridades estadounidenses e incluye también a otras 59 economías, como México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, República Dominicana y la Unión Europea.
En total, las naciones citadas por el USTR representan el 99% de las importaciones de bienes que realiza Estados Unidos.
“La investigación fue realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y concluyó preliminarmente que las economías examinadas carecen de restricciones efectivas sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso o que no han aplicado adecuadamente esas restricciones. Como respuesta, el USTR propuso imponer aranceles adicionales de entre 10% y 12,5%, dependiendo de la categoría asignada a cada economía. En el caso de Costa Rica, la tarifa propuesta sería de 12,5%”, señaló el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en un comunicado.
En ese sentido, el gobierno ya trabaja para defender los intereses de Costa Rica ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
El caso será analizado por el canciller Manuel Tovar y la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y tratado al más alto nivel, destacó la presidenta Laura Fernández durante la habitual conferencia de prensa de los miércoles en Casa Presidencial.
En ese sentido, el Ministerio aclaró que esto no significa que los productos de Costa Rica vayan a pagar más de un 20% de aranceles para ingresar a Estados Unidos, ya que la eventual sanción sustituiría los aranceles del 10% actualmente vigentes bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya vigencia expira el próximo 24 de julio.
De momento, la medida no está en firme e incluso se señala que varios productos costarricenses estarían exentos. Entre ellos figuran el café, la piña, el banano y el jugo de naranja, entre otros.
“Antes de que se tome una decisión definitiva, las autoridades estadounidenses abrirán un proceso de consulta pública y audiencias para recibir observaciones de los sectores interesados. Ante este escenario, el Ministerio dará seguimiento cercano a la siguiente fase del proceso y coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública”, indicó Comex.
Acción rápida
Sobre este tema, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) hizo un llamado a las autoridades nacionales y al sector productivo para activar una respuesta país coordinada.
Para los empresarios, Costa Rica debe tomar con seriedad la señal enviada por las autoridades estadounidenses y prepararse técnicamente para defender sus intereses comerciales.
“Costa Rica debe evitar una lectura alarmista, pero tampoco puede subestimar esta situación. Estamos ante una etapa procesal que aún contempla espacios de revisión, comentarios y ajustes, pero que exige desde ya una estrategia nacional articulada”, señaló Rodney Salazar, presidente de CRECEX.
CRECEX recordó que Costa Rica mantiene una sólida trayectoria como socio comercial confiable de Estados Unidos, respaldada por sectores exportadores altamente regulados, cadenas de valor integradas, importantes flujos de inversión y el marco jurídico establecido por el CAFTA-DR.
“Más allá de proteger exportaciones específicas, lo que está en juego es una relación estratégica que durante décadas ha generado empleo, inversión, transferencia tecnológica y oportunidades para ambas economías”, agregó Salazar.
“Costa Rica debe actuar con prudencia, pero con rapidez. No corresponde anticipar escenarios definitivos mientras continúan los procesos en Estados Unidos, pero sí prepararnos desde ahora para proteger la competitividad del comercio exterior costarricense y reafirmar el valor estratégico del país como socio confiable dentro de las cadenas globales de suministro”, concluyó Salazar.