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Ecuador aprueba ley que motivó crisis
EE.UU. rechaza acusaciones sobre implicación en el alzamiento policial

Estados Unidos calificó ayer de “infundadas” las acusaciones de los presidentes de Venezuela y de Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales, respectivamente, sobre la supuesta implicación de Washington en el alzamiento policial en Ecuador.
“Es una acusación infundada”, indicó ayer en su rueda de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Philip Crowley.
Tanto Chávez como Morales acusaron a Estados Unidos de estar detrás de la sublevación de la Policía en Ecuador, la semana pasada.
Los líderes de la Legislatura de Ecuador, aliados al presidente, Rafael Correa, se negaron a revisar el proyecto de ley que motivó el alzamiento policial el jueves pasado, con lo que fue aprobado ayer de forma automática.
El país sigue bajo el estado de excepción, que el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dijo que “en principio” se levantaría hoy, una vez que se haga un análisis de la situación durante la jornada de ayer.
Correa participó por la mañana de ayer en la ceremonia de cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, la sede presidencial, protegido por un fuerte contingente militar y con francotiradores apostados en los tejados.
Pese a arriesgarse a que continúe el descontento entre la policía, la jefatura de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país, se negó a reabrir el debate sobre el proyecto de ley que hizo tambalearse al gobierno la semana pasada.
“Bajo la coacción y la fuerza no es posible pensar en ningún diálogo sobre nada”, dijo a Efe Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea y uno de los principales apoyos del Gobierno en esa cámara.
“La policía tiene que subordinarse a la ley, si nosotros vamos a eximir a alguien de cumplir la ley por su descontento obviamente no habría estado de derecho”, añadió.
La presidencia de la Asamblea Nacional pudo haber convocado sesiones durante el fin de semana para tratar el tema, como quería la oposición, pero decidió dejar el tiempo correr hasta la medianoche del domingo, la hora límite que tenía para hacerlo.
Al no pronunciarse, el proyecto legislativo se dio como aprobado de forma automática.
La medida fue el detonante de los disturbios del jueves, cuando miembros del cuerpo de policía y algunos militares se alzaron en protesta contra esa medida, pues a su juicio les reduce los beneficios salariales.
Correa desde el principio se negó a aceptar sus demandas, pero Jimmy Pinoargote, asambleísta independiente de oposición, ve mérito en los argumentos de la policía.
“Ellos no son el burócrata que está sentado en su escritorio, que está atendiendo gente; el policía arriesga su vida, trabaja más del tiempo adecuado, o si no es que también el policía va a trabajar de ocho a cuatro”, dijo a Efe Pinoargote.
La ley elimina la bonificación equivalente a un salario extra que los policías y militares recibían hasta ahora tras 15 años de servicio y de dos salarios cinco años después.
El gobierno asevera que les ha subido el sueldo en los últimos años, con lo que se compensa esa pérdida.
Pero incluso asambleístas del Movimiento País, del presidente, han manifestado su inquietud sobre la propuesta legislativa, que establece la bajada de ese tipo de beneficios salariales para los funcionarios públicos en general.
La Asamblea, dominada por aliados de Correa, había aprobado mayoritariamente una excepción para la policía y los militares, pero el mandatario vetó esa disposición.
El miércoles pasado, 77 asambleístas votaron a favor de revocar ese veto, pero su número no llegó a los 83 necesarios, es decir, dos tercios de los escaños.
Su derrota es lo que motivó a los policías y a un pequeño número de militares a salir a las calles el pasado jueves y les llevó a retener a Correa durante casi todo el día en un hospital donde se había refugiado.
El Gobierno analiza actualmente las grabaciones y vídeos de los sucesos para identificar a los participantes en el cerco.
Policías del Regimiento Quito Número Uno también tomaron la Asamblea Nacional, con ayuda de algunos miembros del propio cuerpo de protección de ese órgano, que serán castigados, dijo ayer Fernando Cordero, su presidente, en una videoconferencia con la prensa desde Ginebra.
“Lo que tengo de información es monstruoso. Una asamblea trágicamente impedida de entrar a su propia casa por una escolta que jamás entendía lo que debía hacerse, una escolta que estaba al servicio de algunos asambleístas de oposición”, dijo Cordero.
El Gobierno también insiste en que la sublevación fue instigada por sus rivales políticos, en particular el ex presidente Lucio Gutiérrez, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas claras de ello.

Quito
EFE


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