Varias modificaciones en la normativa ambiental, directrices contrarias a la protección y concentración de poder en la figura del ministro Franz Tattenbach evidencian retrocesos en la gestión ambiental de Costa Rica, según el Estado de la Nación dado a conocer la semana pasada.
Sin embargo, uno de los temas que más preocupa a los investigadores está relacionado con la reducción drástica de recursos para proteger las áreas protegidas, a pesar de que cada vez hay más territorio por salvaguardar.
El informe detalla que el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se redujo 40% entre 2020 y 2024, al pasar de ¢44.029 millones a ¢26.420 millones.
Esto, sin importar que la superficie bajo protección ambiental aumentó más del 500% tras la ampliación de las áreas marinas del Parque Nacional Isla del Coco y Montes Submarinos.
En ese sentido, el informe señala que el Área de Conservación Marina Cocos fue una de las más afectadas, con una reducción del 41,9% en su asignación presupuestaria.
A esta disminución se suma el impacto de la regla fiscal y el traslado de los ingresos propios del Sinac a la caja única del Estado, lo que limita aún más su autonomía financiera.
Por otra parte, el personal asignado a las áreas silvestres protegidas también se redujo: de 545 personas en 2020 a 517 en 2024. Paralelamente, las horas destinadas a acciones de control y fiscalización cayeron un 62% entre 2018 y 2024, afectando directamente el monitoreo de fauna, los patrullajes de reconocimiento y la vigilancia sobre actividades ilegales.
“Las áreas de conservación se enfrentan a la tarea de proteger un territorio más amplio, con menos personal, menos presupuesto y mayores presiones humanas. Esa combinación es insostenible en el tiempo. La conservación no se sostiene solo con buena voluntad, requiere instituciones fuertes, recursos suficientes y decisiones basadas en evidencia científica”, señaló Karen Chacón, investigadora del Estado de la Nación.
Otros retrocesos
El estudio también advierte sobre retrocesos en el marco regulatorio y en la gestión institucional.
Una de las preocupaciones es una directriz que obliga a que toda respuesta del Minae dirigida a la Procuraduría o la Contraloría sea revisada y, en casos relevantes, firmada por el ministro.
Esta centralización, señalan los investigadores, representa un cambio significativo respecto al modelo histórico de desconcentración que caracterizó a la política ambiental del país.
Otro punto crítico es la reciente reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que sustituyó los “valores máximos admisibles” por “valores de alerta”, lo cual, según especialistas, debilita los mecanismos de control ambiental y sanitario.
A ello se suma que entre 2022 y mayo de 2025 se realizaron al menos 24 modificaciones al proceso de registro de insumos agrícolas y plaguicidas.
“De acuerdo con personas expertas y ambientalistas, estos cambios podrían afectar la biodiversidad local, la salud humana y debilitar las capacidades regulatorias del Estado”, agregó Chacón.
El informe advierte que varias de estas acciones podrían representar una regresión en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al socavar instrumentos técnicos y normativos clave para la evaluación de riesgos ambientales.
Según el documento, después de más de 30 años de liderazgo en conservación, Costa Rica enfrenta un deterioro sostenido de sus capacidades institucionales para proteger su patrimonio natural, en un contexto donde las presiones ambientales y humanas continúan en aumento.
