Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 18 Abril, 2012


Hablando Claro
Despropósito


Cualquier persona que no conozca Costa Rica y su régimen de libertades, podría confundir fácilmente nuestro país con un estado tiránico (huelga decir, no democrático) si se atuviera solamente a la lectura de la ponencia que hizo hace unos días en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, la Lic. Adriana Orocú. Según la pieza documental “Medios de Comunicación e Independencia Judicial” en este país de Dios se vulneran principios básicos del derecho, como la capacidad y potestad constitucional de los jueces para dictar resoluciones e impartir justicia, y tanto la Presidenta de la República como los periodistas nos traemos abajo las sentencias con una facilidad que resulta pasmosa. Simplemente con el poder de las presiones mediáticas.
Refiriéndose a Centroamérica la representante de la judicatura costarricense afirmó que la prensa ejerce una presión externa que se ha convertido en una “amenaza evidente” para los aparatos de justicia. Según citó textualmente “en los diferentes países centroamericanos los jueces y las juezas vemos amenazada nuestra independencia por la respuesta disciplinaria inmediata institucional de cada Poder Judicial cuando los medios realizan fuertes críticas a resoluciones, juicios paralelos, emiten opiniones propias o informan inadecuadamente sobre el contenido y alcances de una resolución judicial, de su ejecución y del rol del juez o de la jueza en el proceso. En este tipo de cobertura de la nota judicial, jueces y juezas se vuelven el eslabón débil de la exposición pública de la función jurisdiccional, institucionalmente se abandonan a los jueces y juezas a su propia suerte, encontrando respaldo únicamente en las asociaciones gremiales”.
Podría citar otros párrafos del horror de la conculcación del Estado de Derecho en que vivimos según fue a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la delegada nacional, pero es innecesario. Baste con señalar que esta deplorable exposición pública internacional de nuestro aparato de justicia se basa en un único caso: el muy conocido de la jueza Kattia Jiménez que en su día otorgó casa por cárcel a unos extranjeros sin arraigo implicados en el supuesto delito de tráfico internacional de drogas; lo que derivó no solo en la reversión del criterio por parte de otra instancia de la misma judicatura, sino también en la realización de un proceso disciplinario establecido legalmente a lo interno del independiente Poder Judicial del país, que terminó en una sanción para la jueza. Lamentablemente la defensa internacional de la Lic. Jiménez, se convierte en un despropósito gigante que no se sostiene por ningún lado. Cuando la ACOJUD profiere a los cuatro vientos que en Costa Rica la Presidenta de la República y los medios de comunicación deslegitiman la actuación jurisdiccional con presiones que son “amenazas evidentes” contra el sistema con un solo expediente en mano, andamos mal. Pero muy mal.

Vilma Ibarra