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Una serie de fallas estructurales deja al descubierto graves desigualdades en la distribución del crédito financiado con fondos públicos, según un informe de la Contraloría General de la República.
El informe señala una fragmentación institucional derivada de la ausencia de regulación y supervisión.
Algunas de las instituciones evaluadas fueron INVU, CONAPE, Inder, entre otras.
El mayor problema es la falta de focalización. Casi una quinta parte (19,3%) de los beneficiarios en 2024 no cumplen los criterios socioeconómicos establecidos para recibir financiamiento público, lo que evidencia filtraciones y una mala focalización de los programas.
A esto se suma un fuerte sesgo etario, donde el 45% del crédito llega a jóvenes de 18 a 30 años, mientras que los adultos mayores, uno de los grupos con más barreras de acceso, reciben apenas un 4%.
La desigualdad también golpea al sector agrícola. Los recursos se concentran en grandes productores de exportación, como banano, piña y palma aceitera.
Los pequeños y medianos agricultores quedan excluidos tanto del sistema bancario como de programas públicos, causando que recurran a un financiamiento informal y riesgoso.
Además, el 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no están inscritos en la CCSS y el 28,8% no lo está en el Ministerio de Hacienda, lo que retrasa el objetivo de formalización económica.
Por otra parte, solo el 50% de los entes cuenta con mecanismos de verificación cruzada, lo que facilita filtraciones y disminuye la capacidad de controlar el endeudamiento real de cada beneficiario.
Ese desorden ha permitido casos de concentración extrema. El informe revela que 10 personas acumularon 684 operaciones de crédito por ¢6.434 millones.
Adicional, al menos 693 beneficiarios recibieron dos o más préstamos para el mismo propósito, sumando ¢183.972 millones, lo que evidencia ausencia de trazabilidad real sobre la capacidad de pago y los riesgos asumidos.
El desempeño financiero tampoco es favorable. La cartera presenta una morosidad promedio superior al 12%, lo que ha obligado a aplicar condonaciones para evitar un deterioro mayor.
El caso más reciente es Judesur, que condonó ¢297,96 millones, pero aun así mantiene 56,86% de su cartera en mora, una señal de alerta para su sostenibilidad futura.
La magnitud de las desigualdades expuestas muestra que el modelo actual no cumple su función: en lugar de cerrar brechas, reproduce las mismas inequidades que busca corregir, dejando atrás a quienes más necesitan apoyo financiero del Estado.
