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El Partido Acción Ciudadana (PAC) llegó al poder en 2014 con una promesa que caló hondo en el electorado costarricense: hacer política de forma distinta. Ética, transparencia, participación ciudadana. Esas eran las banderas que ondeaban con fuerza tras una década de creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales. Sin embargo, ocho años después, el PAC dejó el poder con una estela de escándalos, una economía fracturada y una ciudadanía profundamente desencantada.
Uno de los golpes más duros a su credibilidad vino desde su propio pasado. En 2021, el Tribunal Penal de Hacienda condenó al PAC por estafa al Estado, tras comprobarse que había presentado facturas falsas para cobrar deuda política durante la campaña de 2010. El monto ascendía a más de 780 millones de colones. Fue la primera vez que un partido político costarricense fue condenado por este delito. La ironía era brutal: el partido que se había construido sobre la ética terminaba condenado por corrupción.
Pero los problemas no se limitaron al pasado. Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la Contraloría General de la República denunció la existencia de un “hueco fiscal” de más de 900 mil millones de colones, ocultado deliberadamente. Esta omisión no solo desató una crisis de confianza en la gestión económica del país, sino que obligó a implementar una reforma fiscal impopular que golpeó con fuerza a las clases medias y trabajadoras.
A esto se sumó el escándalo del “Cementazo”, un caso de tráfico de influencias en la importación de cemento chino que, aunque no exclusivo del PAC, salpicó a figuras cercanas al gobierno. La respuesta del Ejecutivo fue tibia, cuando no cómplice. La ciudadanía, que esperaba una ruptura con las viejas prácticas, encontró más de lo mismo: opacidad, redes de poder y falta de rendición de cuentas.
El segundo gobierno del PAC, encabezado por Carlos Alvarado, tampoco escapó a la controversia. El caso UPAD, —una unidad presidencial creada para recolectar y analizar datos sensibles de la población sin base legal clara— desató una tormenta política y judicial. Aunque el caso fue archivado, dejó una sombra de autoritarismo y abuso de poder que contrastaba con el discurso de derechos y libertades que el PAC decía defender.
Las consecuencias no tardaron en llegar. En las elecciones de 2022, el PAC obtuvo apenas el 0,66% de los votos y desapareció del Congreso. Fue un colapso electoral sin precedentes, pero no inesperado. La ciudadanía castigó con contundencia la traición a los principios fundacionales del partido. La ética no se predica: se practica.
Hoy, cuando algunos sectores insisten en la necesidad de “revivir” al PAC, conviene recordar su legado. No se trata de revanchismo, sino de memoria. Porque un país que olvida está condenado a repetir sus errores. Y porque Costa Rica merece una política verdaderamente transparente, no una que se disfrace de ética mientras reproduce los mismos vicios del pasado.
Nidia Zúñiga Pérez
