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Jueves, 25 de abril de 2019



FORO DE LECTORES


Crónica de una taxificación anunciada

Mauricio París [email protected] | Viernes 25 enero, 2019

Uber

El Poder Ejecutivo finalmente presentó a la Asamblea Legislativa el tan anunciado proyecto de ley para regular los servicios de transporte prestados mediante plataformas tecnológicas. Distinto de lo que se anunció en un principio por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el proyecto no fue producto de mesas de diálogo con todos los sectores interesados, sino producto de reuniones uno a uno con el gremio del taxi.

Ni las plataformas que prestan el servicio ni sus usuarios fueron consultados o tomados en consideración por parte del Ministerio, lo que se echa de ver en el resultado: un proyecto desbalanceado que solo beneficia a los taxistas y al Estado.

Los taxistas lograron colocar en el proyecto unas barreras de acceso lo suficientemente altas como para garantizar que sus competidores no puedan cumplirlas o se les dificulte lo suficiente mantener su tamaño actual (sobre todo desde el punto de vista de los requisitos de los conductores). Pero tan exitosa fue su labor que también lograron que su competidor les subvencione nuevas unidades de taxi y hasta asistencia social (imaginamos que serán pensiones, aunque no sabemos si para los conductores de taxi cuyos patronos no cotizan, o para los concesionarios), mediante el denominado Fondo Nacional de Movilidad, conformado por el canon de inscripción de las plataformas de transporte y de un 3% de cada uno de los viajes. El Fondo no se destinará a la modernización del transporte público sino hasta después de los primeros ocho años de existencia (durante los cuales ayudará solo a la movilidad de los taxistas), y esto a discreción del Consejo de Transporte Público (CTP).

Sí, el mismo CTP que Carlos Alvarado (el candidato) prometió cerrar durante el primer año de su presidencia, pero que ahora, Carlos Alvarado (el presidente) robustece atribuyéndole no solo más funciones, sino unos recursos nada despreciables gracias al indicado Fondo.

El otro gran ganador del proyecto es el Estado, que se garantiza ingresos fiscales mediante el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a las remesas a las plataformas de transporte. Pero, además, el proyecto contiene una serie de disposiciones “grillete” para realizar control cruzado de información entre las plataformas, los operadores de tarjetas de crédito, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Con el proyecto perdemos los consumidores, en primer término, porque procura declarar el servicio de transporte por medio de estas plataformas como servicio público, abstrayéndolo del marco privado en el cual se ha venido prestando y debería seguirse prestando. Llama la atención también que desde la administración anterior el Ejecutivo viene sosteniendo que el servicio ya era público de acuerdo al marco normativo existente, pero ahora lo incluyen en el proyecto. El argumento parece contradictorio ¿Para qué lo incluyen si ya lo es?

Pero también pierde la innovación. Para operar una plataforma de transporte deberá realizarse una inscripción ante el CTP y pagar un canon consistente en 100 salarios base, monto que actualmente equivale a 45 millones de colones aproximadamente. Ese monto es una barrera de entrada a nuevos competidores de las plataformas ya existentes, pero sobre todo una barrera de entrada a empresas locales de base tecnológica que quieran competir pero que no tengan el músculo económico para desembolsar esa cantidad de dinero sin siquiera haber iniciado operaciones. No se debe confundir ese monto con lo que debería pagar Uber, ya que el proyecto pretende hacerle un cobro retroactivo y a la medida por 13,5 millones de dólares, en lo que a todas luces parece ser un intento de confiscar una actividad empresarial lícita, no regulada, y por ende permitida.

Los diputados tienen ahora la palabra. Su decisión debe respetar el deseo de la mayoría de la población, analizar además a quién se pretende conferir facultades que no está en capacidad de asumir, y las repercusiones legales a las que comprometería el país la eventual aprobación de este proyecto de ley.


Mauricio París

Abogado