Crecen problemas de Constituyente en Bolivia
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Crecen problemas de Constituyente en Bolivia

Asamblea suspendió sesiones hace más de dos meses por violentos disturbios en Sucre

La Paz
EFE

Sucre rechazó ayer la oferta para albergar la Corte Electoral y algunas sesiones legislativas, con lo que se aleja la salvación de la Asamblea Constituyente boliviana, mientras varias regiones y municipios protestan por el recorte de sus rentas petroleras.
Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia y de la región sureña de Chuquisaca, y reclama volver a ser la sede del Gobierno y el Congreso, inició un nuevo paro cívico que se desarrolló “con absoluta normalidad” durante las primeras horas del día para insistir en su demanda.
Así lo señaló a los medios locales el presidente del comité en defensa de la capitalidad plena para Sucre, Jaime Barrón, quien detalló que las carreteras de acceso a la ciudad permanecen bloqueadas y los mercados están cerrados.
Para evitar el fracaso de la Constituyente, el consejo político formado por el Gobierno y la oposición ofreció el miércoles a Sucre ser la sede de la Corte Electoral y de algunas sesiones legislativas, en lugar del traslado del Ejecutivo y el Parlamento.
El acuerdo del consejo político no contó con el respaldo de la alianza de derecha Poder Democrático y Social (Podemos), la segunda fuerza en la Asamblea y contraria al presidente Evo Morales.
Además, el prefecto (gobernador) de Chuquisaca, David Sánchez, que pertenece al partido de Morales, se declaró en huelga de hambre y reiteró que el traslado de los poderes estatales a Sucre debe reincorporarse a los debates de la Constituyente.
La Asamblea, encargada de elaborar la nueva Constitución con la que el presidente Morales aspira a “refundar” Bolivia, suspendió sus sesiones hace más de dos meses por violentos disturbios en Sucre.
El próximo 14 de diciembre termina la prórroga que se dio el foro al terminar su mandato inicial de un año en agosto pasado sin haber redactado ni una sola línea de la futura Carta Magna.
Según los cálculos que publica ayer el periódico La Razón, de La Paz, a la Asamblea apenas le quedan 35 días hábiles de trabajo.
El vicepresidente del foro, el oficialista Roberto Aguilar, comentó a Efe que el consejo político del que él también es miembro se reunió para definir la fecha de reanudación de las sesiones de la Constituyente, prevista en principio para ayer.
Mientras, las protestas contra un proyecto de ley de Morales para pagar una renta vitalicia a los mayores de 60 años con parte de los recursos que reciben las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se sucedieron en varios puntos del país. En La Paz, decenas de estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la mayor del país, marcharon en rechazo al recorte de la renta petrolera y hubo enfrentamientos con algunos ciudadanos que intentaron impedir la movilización de los jóvenes.
En Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, se produjo un paro ciudadano que tuvo un seguimiento parcial, informaron medios locales, mientras que en la ciudad oriental Santa Cruz un grupo de estudiantes se “crucificó” para protestar contra el proyecto de ley del Gobierno.
En Santa Cruz, la región más rica del país y feudo de la oposición a Morales, se produjo la noche del miércoles otra manifestación contra el Gobierno organizada por diversas instituciones cívicas cruceñas que la policía disolvió con gases lacrimógenos cuando un grupo de universitarios intentó asaltar un edificio estatal.
El portavoz presidencial, Alex Contreras, indicó ayer que tres de los manifestantes fueron detenidos, uno de los cuales portaba un arma de fuego, y calificó la marcha de “acto vandálico”.
Para las próximas horas se han convocado nuevas movilizaciones en rechazo al recorte de la renta petrolera en los departamentos de Chuquisaca, Beni y Santa Cruz.
El presidente Morales advirtió la semana pasada que si el Parlamento no aprueba el proyecto para pagar a los mayores de 60 años un bono de casi 26 dólares mensuales, dado que el oficialismo controla la Cámara de Diputados pero la oposición tiene mayoría en el Senado, lo pondrá en vigor por decreto.

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