Víctor Hugo Víquez lo demanda por supuestas calumnias y difamaciones

Corte pide levantar inmunidad a René Castro

Ministro de Ambiente alega intereses empresariales del diputado

Luego de analizar la querella y la acción civil resarcitoria presentada por Víctor Hugo Víquez, diputado del PLN, en contra de René Castro, ministro de Ambiente, los magistrados de la Corte Plena consideraron que existen razones suficientes para levantar la inmunidad de Castro.

La demanda surge a raíz de las polémicas declaraciones del Ministro, en las que llamó “mercenario político” a Víquez, además de aludir que el diputado defendía intereses de alguna empresa privada, en el marco de la discusión del llenado universal de los envases de gas.
El diputado acogió el proyecto de Ley Marco del Mercado de Gas Licuado de Petróleo, el cual regula las obligaciones de envasadores, comercializadores y abastecedores de gas de aprovisionar el combustible en envases seguros.
Un decreto de Castro prohibió a varios concesionarios el llenado universal, lo que generó la molestia de Víquez, quien considera que estas acciones responden a un “revanchismo político”, tras los cuestionamientos que el diputado hizo en el pasado acerca de la labor de Castro.
La solicitud de información sobre el mercado gasero en el país, por medio de correos electrónicos, es uno de los argumentos de Castro.
“Aunque sea ministro de mi Gobierno, todos somos iguales ante la ley y así se debe actuar. Uno no puede dañar la moral de las personas sin tener una consecuencia”, afirmó Víquez.
El diputado liberacionista está pidiendo un monto de ¢50 millones por daño moral.
Víquez afirmó que las fuertes declaraciones de Castro provocaron daños a su confianza pública, credibilidad, honor, probidad y reputación, y añadió que los hechos querellados lo han afectado seriamente, en especial respecto a sus electores de la provincia de Heredia.
Además, manifestó que las declaraciones le generaron una afectación anímica, causándole fastidio, por lo que pide una indemnización, así como el pago de las costas personales y procesales.
Por su parte, Castro había reforzado sus afirmaciones en una audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos realizada en setiembre, en donde adjuntó una serie de documentos en los que asegura que el diputado utiliza su tiempo e influencia para favorecer a empresas del mercado de gas.
La demanda por los delitos de calumnia y difamación, así como la acción civil resarcitoria fueron presentadas el pasado 30 de agosto, y ahora se espera que los diputados acaten la solicitud de los magistrados de la Corte Plena.

Luis Fernando Cascante
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