Contralora pone manos en el fuego
Manrique Oviedo, diputado del PAC, considera que se puede dar marcha atrás al contrato, pero habrá que asumir las responsabilidades económicas. Marco Monge/La República
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Asumiría responsabilidad si concesión es ilegal

Contralora pone manos en el fuego

Diputados la señalan por refrendo que valida contrato

De encontrarse algún error legal en el análisis que la Contraloría General de la República hizo del contrato de concesión San José-San Ramón, Marta Acosta, contralora, afirmó que asumiría la responsabilidad del caso.
Así lo dijo en la comparecencia ante los diputados de la comisión de Ingreso y Gasto Público, luego de que Patricia Pérez le consultara si renunciaría a su puesto.


No obstante, ante la indagatoria de los funcionarios, Acosta afirmó que actuaron de acuerdo con los principios de legalidad y que realizaron un “análisis profundo”, donde contaron con diez profesionales especializados en áreas de finanzas, economía y derecho.
Además, destacó que el proyecto debió someterse a consulta popular antes de firmarse, y que ya tenía validez antes de llegar a la Contraloría, señalando responsabilidades a Aresep en la fijación de precios de los peajes, pese a que afirmaran que esto solo les corresponde en obras de infraestructura pública.
“Yo no voy a poner mi carta de renuncia si se trata de un tema de interpretación, no vengo a defender un contrato, sino el trabajo de la Contraloría”, comentó Acosta.
Por su parte, Luis Fishman, diputado del PUSC, cree que el refrendo contralor se está usando como un pretexto para la administración.
A su vez, el legislador cuestionó el proceso de elección de empresa concesionaria, donde criticó que no se hizo el procedimiento establecido de licitación.
“¿Cómo pueden refrendar un contrato a las espaldas de los costarricenses sin licitación?”, cuestionó Fishman, quien presentó una acción de inconstitucionalidad contra la concesión.
A la comparecencia también asistieron Edwin Rodríguez, secretario de Concesiones; Roberto Gallardo, ministro de Planificación, y Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, en su último día como “vocero” del proyecto.

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Luis Fernando Cascante
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