Conductores de Uber pagarían impuestos y Caja, de aprobarse proyecto

Los conductores de Uber que reporten una mensualidad igual o superior al salario mínimo (¢289 mil) por dos o más meses consecutivos deberán inscribirse ante la Caja Costarricense de Seguro Social y pagar los impuestos que correspondan.{l1}conductores_de_uber_emplean_a_terceros_para_operar_sus_vehiculos_2016-08-22{/l1}

Esta es una de las principales reglas que se le impondrán a la empresa de tecnología, de aprobarse el proyecto de movilidad colaborativa, que presentará Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), este mes.
Si bien, el proyecto no es exclusivamente diseñado para Uber ni para empresas que buscan obtener ganancias a través de esta actividad, la iniciativa fija una serie de lineamientos para que, en caso de convertirse en actividad productiva, pague las cargas sociales y los tributos.
Le correspondería al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) velar por el cumplimiento de esta ley y la creación de la Oficina de Movilidad Colaborativa.
Esta dependencia deberá exigirle a Uber y a las otras empresas, la presentación, cada seis meses, de un listado de los conductores inscritos en sus plataformas, donde se detalle quiénes están cobrando montos superiores al salario mínimo.
Las compañías de movilidad también estarán obligadas a brindar un informe anual sobre las operaciones en el país, donde se incluyan datos en formato abierto sobre la cantidad de choferes inscritos y “cualquier otra información para la creación de políticas públicas”, según describe el anteproyecto.
Para inscribirse como empresa de red de transporte, Uber, Lyft, Cabify o cualquier otra empresa de esta naturaleza deberá reportar sus ingresos en cuentas bancarias nacionales, así como una copia de los requisitos que la compañía exige a sus conductores.{l2}gerente_de_uber_costa_rica_estamos_operando_de_manera_legal_{/l2}
Un pago de ¢572 mil para la inscripción de la compañía en el registro sería otro de los requisitos, y tendría una vigencia de cuatro años.
El proyecto también cobraría un 5% por cada viaje en las plataformas tecnológicas, monto que se destinaría al Fondo Nacional de Movilidad Colaborativa.
En lo que se refiere a los vehículos, se les exigirán pólizas de seguros de ¢150 millones por lesiones y muerte de personas, así como de ¢75 millones por daños a la propiedad de terceros.
Los carros deberán contar con marchamo al día, revisión técnica vigente, certificado de propiedad, así como otro que confirme que está al día con las obligaciones fiscales.
Entre otras regulaciones, el proyecto no contempla que se propicien situaciones como la de Uber, donde ahora sus conductores alquilan el vehículo a terceros, fijando cuotas, horarios y reglas, en una relación donde la empresa afirmó “no tener mucho que ver”, según Humberto Pacheco, gerente de Uber, en entrevista con este medio.
Sin embargo, mediante un control cruzado en el registro de choferes y vehículos se podrían detectar estas situaciones, pese a que el proyecto no limita la cantidad de carros o choferes, según el diputado Corella.
“El proyecto no está pensado para eso, no lo regula, pero establece mecanismos para que no pase, como por ejemplo, la vinculación directa entre el conductor y la placa”, comentó.
La empresa Uber discrepó en algunos puntos de este proyecto, en el proceso de consultas. La iniciativa será presentada este mes.

 

 

Fuente: Proyecto de movilidad colaborativa