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Colom avanza hacia abolición de pena capital

Mandatario guatemalteco vetó ley que restituyó facultad presidencial de conceder indultos a los condenados a muerte

Guatemala
EFE

Álvaro Colom, mandatario de Guatemala, congeló el viernes la aplicación de la pena de muerte al vetar la ley que recientemente restituyó la facultad presidencial de conceder indulto a los condenados, con lo que se inició el camino para su abolición.
“Vamos a instalar una mesa de expertos que analicen la situación de la pena de muerte, hasta llegar a borrarla de nuestra legislación”, dijo Colom durante una rueda de prensa.
El mandatario explicó que, según los análisis hechos por su Gobierno, la ley que aprobó el Parlamento el pasado 12 de marzo, que le restituía al presidente la facultad de perdonar la vida o confirmar la pena capital a los reos condenados, “tiene al menos dos inconstitucionalidades”.
Las contradicciones de la norma legal se refieren al derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos que tiene Guatemala como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, explicó Colom.
Señaló que “mal haría” en sancionar una ley que viola la Constitución guatemalteca y aseguró que su decisión no se debió a las presiones que organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional ejercieron para que dejara sin efecto esa normativa.
Sin embargo, reconoció que no haberlo hecho habría ocasionado “el debilitamiento” de las relaciones de Guatemala con “los países amigos que tanto han apoyado” a esta nación, los cuales podrían haber reducido su ayuda.
Dejar con vigencia la pena de muerte habría sido tanto como “condenarnos a otra pena de muerte mayor. A la pena de muerte de la pobreza y el hambre para miles de personas. Esa pena de muerte es la que más nos interesa desterrar”, argumentó el jefe de Estado.
Además indicó que “se ha demostrado en otros países” que la pena de muerte “no disuade” a los delincuentes, sino que por el contrario “en varios estados de Estados Unidos, después de una ejecución se incrementan los índices de violencia”.
El presidente aceptó que su decisión puede tener un costo político, porque la mayoría de la población está a favor de la pena capital, “por desesperación debido a los altos niveles de violencia”.
No obstante, “no nos podemos aislar del resto de países del mundo que van en la vía de abolir la pena capital”, anotó.
La pena capital quedó en suspenso en mayo de 2000, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, declaró “inconstitucional” la Ley de Indultos que databa de 1892, por ser anterior a la Constitución de 1985, la cual no estipulaba qué autoridad, en última instancia, debía conocer las peticiones de gracia de los condenados.
La CC ordenó entonces al Congreso legislar para salvar el vacío legal y se suspendió de hecho la aplicación de la pena de muerte, hasta que se resolviera el asunto.
Tanto el entonces gobernante Alfonso Portillo como su sucesor, Óscar Berger, presidente entre 2004 y 2008, intentaron, sin éxito, abolir definitivamente la pena capital de la legislación guatemalteca.
En la actualidad hay 41 reos condenados a muerte en Guatemala, por delitos de asesinato, ejecución extrajudicial y secuestro.
Tras el veto de la ley, el Congreso podrá aceptarlo y trabajar en una nueva normativa, o rechazarlo y mandar a publicarlo en el Diario de Centroamérica (Gaceta Oficial) para que cobre vigencia.
Esta última decisión deberá contar con el apoyo de tres cuartas partes de los 158 legisladores.
En declaraciones a Efe, un portavoz del derechista Partido Patriota (PP), el cual promovió la aprobación de la ley vetada, calificó de “inaudita” la decisión presidencial, y anunció que trabajaran en el Congreso para lograr el rechazo.
“Vamos a buscar el apoyo de los 105 diputados que se necesitan para rechazar el veto y mandar a publicar la ley para que cobre vigencia”, aseguró.
Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que prevén la pena de muerte como máxima condena penal.
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