Claro y Movistar batallan con municipalidades

Tres años después, deben negociar acuerdos y pelear en tribunales

Claro y Movistar batallan con municipalidades

Atrasos, mayores costos y afectación del servicio son el resultado

Movistar y Claro llevan tres años de batallar con las municipalidades para instalar las torres y antenas necesarias para ofrecer una buena señal celular, así como los servicios avanzados como 3G o 4G.

Estas empresas en 2011 desembolsaron un total de $150 millones en una subasta de frecuencias para operar durante 15 años, mientras que cada una ha invertido alrededor de $500 millones en redes móviles.

Sin embargo, no contaban con la autonomía municipal, que les obliga a negociar con los 81 alcaldes del país. Estas negociaciones han derivado en problemas y atrasos sobre todo para obtener los permisos de colocación de las torres telecom.

La ubicación y la apariencia de las torres ha generado una resistencia en varios lugares, incluso varios conflictos han terminado en los tribunales. Este es el caso de los municipios de Santo Domingo, Montes de Oca así como los cantones centrales de Alajuela y Heredia.

Dependiendo de la municipalidad, los argumentos para negar los permisos se centran en que las torres no pueden estar cercanas a un parque, iglesia u otro lugar público. Esto a pesar de que las empresas ya cuentan con los permisos del Minae y Ministerio de Salud, para colocar los equipos.

“Aún existen cantones en los que no se han otorgado permisos del todo, y algunos donde los plazos y condiciones para dichos trámites no favorecen en definitiva el desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones”, dijo José Pablo Rivera, gerente regulatorio de Movistar Costa Rica.

Hay soluciones a los problemas, sin embargo, tienen un costo que al final se termina trasladando al consumidor.

En casos como Curridabat, las empresas han tenido que negociar con los alcaldes y regidores, donde instalaron unos 50 postes de una altura de dos metros cada uno, en lugar de cinco torres normales de hasta 20 metros.

Además, cada poste tiene que estar disfrazado de árbol o palmera, para verse naturales.

“Es una solución; sin embargo, esto genera un costo de inversión de cuatro a cinco veces superior a lo que habíamos planificado”, dijo Edgar del Valle, gerente regulatorio de Claro Costa Rica.

Otras soluciones que han encontrado las empresas, incluyen la instalación de equipos repetidores de señal en techos de edificios privados, en los patios de casas particulares e incluso el alquiler de vallas publicitarias que les permitan instalar sus equipos de transmisión, que funcionan de forma similar a una colmena de abejas.

La principal consecuencia de estos conflictos es que la calidad del servicio que reciben los clientes de estas empresas se ha visto afectada, así como el de los turistas que intentan hacer “roaming” en las redes locales de Movistar y Claro.

Se trata de los 500 millones de usuarios en el mundo, entre las dos empresas, así que habría muchos visitantes afectados.

En este momento, las empresas hacen un llamado a los municipios a que respeten diversos pronunciamientos de la Sala Constitucional, del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Procuraduría, donde se declara de interés público la infraestructura de telecomunicaciones, como un mecanismo para promover el desarrollo del país.

Movistar y Claro seguirán apostando por la operación en Costa Rica, donde a pesar de las trabas administrativas y legales, han ido ganándose poco a poco un espacio en el mercado de telefonía celular, con una participación del 16% cada una —alrededor de 1,2 millones de usuarios— según datos de Sutel a diciembre de 2013.

Johnny Castro

jcastro@larepublica.net

@La_Republica