Chispas surgen en debate por apertura eléctrica
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 20 agosto, 2010
Límite de producir solo un 35% de la demanda es la principal queja de empresarios
Chispas surgen en debate por apertura eléctrica
Existe espacio para escuchar las demandas de los productores privados, afirma Ministro de la Presidencia
Pocos días pasaron para que se generaran las primeras chispas alrededor del proyecto de ley presentado por el Gobierno para abrir el mercado eléctrico.
Las descargas provienen de las empresas privadas que producen energía en la actualidad. La principal queja es el límite de producción que plantea el proyecto, pues solo se les permitirá abastecer un 35% de la demanda.
También se cuestiona la imposibilidad que tendrían de comercializar sus excedentes a quien deseen dentro y fuera del país, ya que se les obliga a vendérselos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Hemos hecho una primera revisión y lo que hemos encontrado no llena nuestras expectativas. Por ejemplo, en estos momentos las cooperativas están realizando inversiones millonarias para atender la demanda eléctrica en nuestras comunidades y generar excedentes; sin embargo, con la nueva ley se prohibiría vender los remanentes como queramos, lo que nos causa problemas para recuperar la inversión”, dijo Erick Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Cooperativas de Electrificación Rural (Coneléctricas).
Esta situación va en detrimento de los usuarios, ya que la única salida que tendrían las cooperativas eléctricas sería aumentarles las tarifas a los usuarios, lamentó Rojas.
Causa zozobra además que se le otorgarían a la entidad estatal la rectoría, planificación y regulación del mercado.
“Al ICE se le está dando una gran cantidad de ventajas con la normativa presentada. La ley que se ha propuesto tiene sus bemoles, hay que trabajarla y estudiarla profundamente porque requiere ajustes”, cuestionó Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía.
Otra preocupación que les genera el plan de apertura a las cooperativas está relacionada con la imposibilidad de mantener a sus mayores socios cuando se abra el mercado.
“Por ejemplo, un gran hotel en Guanacaste que en estos momentos le compra su energía a Coopeguanacaste y que con la apertura decida comprarle la electricidad a otra empresa, generaría una gran presión sobre la cooperativa, obligándola a trasladar las pérdidas a los consumidores residenciales”, manifestó Rojas.
Debido a las inquietudes que tienen con el proyecto eléctrico presentado a la corriente legislativa por el Gobierno, los empresarios remitieron el suyo propio a los diputados.
Aunque ya envió su versión sobre el futuro que pretende darle al sector eléctrico, el Gobierno está abierto a escuchar las inquietudes que plateen las distintas partes involucradas en el mercado. El propósito es garantizar electricidad para las próximas décadas y no generar un corto circuito, es la consigna del Poder Ejecutivo, dijo Marco Vargas, ministro de la Presidencia.
Incluso en la Asamblea Legislativa se integró una comisión especial que analizará el tema y a la cual se le otorgaron seis meses de plazo para crear un texto con el mayor respaldo posible.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Chispas surgen en debate por apertura eléctrica
Existe espacio para escuchar las demandas de los productores privados, afirma Ministro de la Presidencia
Pocos días pasaron para que se generaran las primeras chispas alrededor del proyecto de ley presentado por el Gobierno para abrir el mercado eléctrico.Las descargas provienen de las empresas privadas que producen energía en la actualidad. La principal queja es el límite de producción que plantea el proyecto, pues solo se les permitirá abastecer un 35% de la demanda.
También se cuestiona la imposibilidad que tendrían de comercializar sus excedentes a quien deseen dentro y fuera del país, ya que se les obliga a vendérselos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Hemos hecho una primera revisión y lo que hemos encontrado no llena nuestras expectativas. Por ejemplo, en estos momentos las cooperativas están realizando inversiones millonarias para atender la demanda eléctrica en nuestras comunidades y generar excedentes; sin embargo, con la nueva ley se prohibiría vender los remanentes como queramos, lo que nos causa problemas para recuperar la inversión”, dijo Erick Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Cooperativas de Electrificación Rural (Coneléctricas).
Esta situación va en detrimento de los usuarios, ya que la única salida que tendrían las cooperativas eléctricas sería aumentarles las tarifas a los usuarios, lamentó Rojas.
Causa zozobra además que se le otorgarían a la entidad estatal la rectoría, planificación y regulación del mercado.
“Al ICE se le está dando una gran cantidad de ventajas con la normativa presentada. La ley que se ha propuesto tiene sus bemoles, hay que trabajarla y estudiarla profundamente porque requiere ajustes”, cuestionó Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía.
Otra preocupación que les genera el plan de apertura a las cooperativas está relacionada con la imposibilidad de mantener a sus mayores socios cuando se abra el mercado.
“Por ejemplo, un gran hotel en Guanacaste que en estos momentos le compra su energía a Coopeguanacaste y que con la apertura decida comprarle la electricidad a otra empresa, generaría una gran presión sobre la cooperativa, obligándola a trasladar las pérdidas a los consumidores residenciales”, manifestó Rojas.Debido a las inquietudes que tienen con el proyecto eléctrico presentado a la corriente legislativa por el Gobierno, los empresarios remitieron el suyo propio a los diputados.
Aunque ya envió su versión sobre el futuro que pretende darle al sector eléctrico, el Gobierno está abierto a escuchar las inquietudes que plateen las distintas partes involucradas en el mercado. El propósito es garantizar electricidad para las próximas décadas y no generar un corto circuito, es la consigna del Poder Ejecutivo, dijo Marco Vargas, ministro de la Presidencia.
Incluso en la Asamblea Legislativa se integró una comisión especial que analizará el tema y a la cual se le otorgaron seis meses de plazo para crear un texto con el mayor respaldo posible.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net