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El rezago educativo que enfrenta Costa Rica se ha convertido en un punto de coincidencia entre las agrupaciones políticas de cara al proceso electoral, especialmente en la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura y conectividad.
Así lo evidencia un análisis del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA), que advierte que estudiantes de 15 años presentan un rezago de hasta seis años en lectura.
Además, el 85% del estudiantado universitario de primer ingreso no alcanza niveles adecuados de comprensión lectora.
El estudio, titulado Promesas y propuestas: análisis de la educación en los planes de gobierno 2026-2030, revisó los programas presentados por los 20 partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
La investigación fue dirigida por los académicos Rolando Barrantes Pereira y Pablo Chaverri Chaves, quienes agruparon las propuestas en siete ejes, entre ellos infraestructura, conectividad, dignificación docente, inversión y gobernanza.
Entre los principales consensos destaca el compromiso de destinar un 8% del producto interno bruto (PIB) a educación, dotar de conectividad a los centros educativos, modernizar la malla curricular y atender más de 800 órdenes sanitarias pendientes en escuelas y colegios.
“Aquellos que obtienen el diploma de secundaria no necesariamente están logrando una certificación de que tienen un conjunto de habilidades y destrezas que les permita desempeñarse mejor ante los retos presentes y futuros”, señaló Chaverri.
En el eje de equidad y acceso, las propuestas incluyen formación continua para el personal docente, ampliación de becas, transporte estudiantil y comedores, así como el fortalecimiento de la educación indígena y sistemas de alerta temprana para prevenir la exclusión educativa.
También se plantea ampliar la educación técnica y la educación dual, con incentivos dirigidos al sector productivo para facilitar la empleabilidad.
En materia de infraestructura, Barrantes destacó propuestas como la del partido Unidos Podemos, que plantea declarar una emergencia nacional y elaborar un inventario georreferenciado para priorizar riesgos y mantenimiento en centros educativos.
No obstante, el estudio identifica diferencias significativas en la gobernanza del sistema educativo. Algunas agrupaciones proponen fortalecer las juntas de educación con acompañamiento técnico, mientras otras plantean transformarlas en órganos contralores.
También surgen enfoques divergentes, como concesión de servicios educativos, educación en casa para secundaria, eliminación de pruebas estandarizadas y modelos alternativos de evaluación.
Finalmente, ambos investigadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia científica, para asegurar que las políticas educativas generen resultados sostenibles y medibles.
“Muchas veces los programas elaborados con buenas intenciones no logran los resultados esperados y también hay programas a los que no se les da importancia y obtienen resultados muy positivos”, concluyó Chaverri.
