Beneficios de Mina Crucitas excederían daños

Hoy Sala IV realizará última audiencia para evaluar el proyecto

Beneficios de Mina Crucitas excederían daños

• Mina de oro utilizaría las mejores técnicas para intentar minimizar el riesgo ambiental; no obstante se trata de no menos de 23 millones de toneladas de residuos

• Industrias Infinito desembolsaría unos $169 millones al país por el pago de impuestos e inversión en proyectos sociales en 12 años

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net

Durante los 12 años que estaría en funcionamiento mina Crucitas, el país captaría unos $169 millones por concepto de impuestos y el desarrollo de proyectos sociales.

Sin embargo, para determinar los verdaderos beneficios económicos, se deberá garantizar que estos sean adecuadamente distribuidos en beneficio del desarrollo de la comunidad y que la posibilidad de riesgos ambientales sea minimizada.

A pesar de que Hacienda desconoce por el momento cómo hacer el cálculo, solo en impuestos el Estado obtendría $140 millones por concepto de renta a lo largo del proyecto, de acuerdo con proyecciones realizadas por Industrias Infinito S.A., empresa costarricense con capital canadiense que está desarrollando la mina.

La compañía además desembolsaría unos $18 millones por concepto del canon minero (2% del valor total del oro extraído), que irían directamente a la comunidad para su desarrollo.

Los restantes $5 millones se destinarían a otros proyectos de bien social en Cutris de San Carlos, localidad donde se desarrollaría la mina. Estos incluyen conexiones de Internet, fuerza eléctrica y luz, así como la construcción de una nueva carretera.

Uno de los factores fundamentales para garantizar que estos recursos no se desperdicien en este pueblo, es que sean invertidos en el desarrollo de fuentes de ingreso nuevo, en especial no directamente relacionado con la mina.

“De qué vale la construcción de una escuela o un hospital, si los pobladores no tienen empleo, la idea es que se mejore estructuralmente la vida rural de estas personas, para lo cual se necesita desarrollar otras fuentes de ingreso”, dijo Marcello Veiga, profesor de la Facultad de Ingeniería Minera de la University of British Columbia, Canadá, en una entrevista ayer con LA REPUBLICA.

Entre tanto, los ambientalistas argumentan que pese a los beneficios locales, el riesgo ambiental no se puede pasar por alto.

“En Crucitas se van a destruir unas 200 hectáreas y el valor por servicios ambientales de una hectárea es de $5 mil al año, es decir que el daño en Crucitas ronda $1 millón al año para siempre”, dijo Azur Moulaert, investigador adjunto de la Universidad de Vermont.

Otro de los puntos que cuestionan los grupos ambientalistas es la forma en que se capturarían los desechos de la mina una vez que se extraiga el oro.

Unos 23 millones de toneladas de tierra se sumergirán en una laguna artificial de 143 hectáreas; no obstante, este material contendrá sulfuro, sustancia que podría convertirse en un ácido tóxico.

Sin embargo, existen pocas probabilidades de que esto suceda, y por esta razón es aceptado mundialmente que el método de sumergir el desecho minimiza este riesgo casi en su totalidad, en primera instancia por el bajo nivel del sulfuro que se encuentra en los residuos, y segundo por el hecho de que la laguna en pocos años se transforma de manera natural en un fango donde las rocas quedan tapadas para siempre.

La laguna será construida por la misma empresa que hizo la represa del Arenal, con ingeniería moderna, lo cual garantiza que este componente del proyecto no fallará. Además, antes de que los materiales residuales de la planta sean colocados en el área del deslave, pasarán por una planta de destrucción de cianuro, para garantizar que los materiales que se concentren ahí sean liberados de sustancias nocivas al medio ambiente”, justificó Andrés Soto, gerente de Industrias Infinito.

La controversia sobre este proyecto de minería a cielo abierto se remonta a hace más de una década; desde que los desarrolladores recibieron luz verde para iniciar operaciones, los recursos de amparo han sido una constante.

La última pugna empezó en octubre del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional esta mina, lo cual molestó a los ambientalistas. Desde entonces, la Sala Constitucional lleva el caso que consta de 17 tomos y que involucra a más de 80 personas.

Para resolver este recurso de amparo, los magistrados acudieron en setiembre pasado a realizar una inspección en la mina y las localidades aledañas; hoy realizarán una audiencia pública para aclarar algunos vacíos técnicos que aún existen.

Además, para que todas las partes presenten sus argumentos por última vez, pues este procedimiento es la antesala para que la Sala IV dicte sentencia. La vista se realiza en el salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia, en San José.

En dicha audiencia, cada parte podrá comparecer por sí misma o bien acompañada por un abogado y un experto en el tema. Los coadyuvantes podrán participar pero sin acompañantes.

La vista comienza a las 9 a.m. y de prolongarse a más de las 4.30 p.m. el Tribunal decidirá la continuación de la audiencia para el día siguiente o bien señalar otra fecha posterior.