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Arroceros y gobierno no se dan tregua por los $125 millones al año en beneficios a este cultivo
Arroz más barato… sueños o subsidios
A finales del mes, Tribunal Contencioso Administrativo decidirá si se suspende o se mantiene el precio mínimo, fuente del conflicto

Actualmente, un 80% del arroz que se consume en el país se cultiva localmente. Los productores nacionales del alimento de mayor consumo en Costa Rica pretenden defender hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, el precio mínimo, monto adicional que se les paga por sembrarlo.
La disputa viene desde agosto pasado, sin que hasta el momento haya una solución. Por un lado, el Gobierno busca disminuir lo que considera un subsidio desproporcionado que reciben los productores a través del precio mínimo.
Por otra parte, los arroceros no están dispuestos a ceder ese rubro, considerándolo justo y esencial para poder producir el grano.
El conflicto se atizó la semana anterior, tras la presentación de la política arrocera por parte del gobierno de Laura Chinchilla, la cual busca sustituir el precio mínimo por una serie de medidas de apoyo al sector.
Como era de esperar, los productores del grano tomaron este planeamiento como una medida en contra de su actividad.
“Las propuestas del gobierno son un montón de ocurrencias. Siguen con la misma cantaleta de que recibimos subsidios, cuando esas platas no lo son”, expresó Oscar Campos, representante de la Corporación Arrocera Nacional.
Reforzando su posición, los productores presentaron en estos días una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, contra las intenciones del Estado.
Esa instancia deberá fallar, antes de que finalice enero, si se elimina o se mantiene el precio mínimo al arroz.
Parte de lo propuesto en la política arrocera, es una reducción del costo del saco de 76 kilos de arroz de la calidad 80/20 (80% grano entero y 20% quebrado), de ¢24.315 a ¢20.050.
Esperanzados en que se elimine el sobreprecio, las autoridades insisten en señalar que esos dineros sí son subsidios, y que además exceden en mucho lo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“La fijación de precios no es la única forma de ayudar a los productores. Con la propuesta integral que se planteó debería cesar ese estira y encoge, y concentrarse en mejorar la productividad del sector arrocero. Esto derivaría en la mejora del precio al consumidor, pues de antemano se identificó el precio mínimo, como la distorsión que ocasiona el mantenimiento de precios más altos al consumidor”, afirmó Fernando Ocampo, viceministro de Comercio Exterior.
El oleaje que ha producido el pago de los beneficios a los productores, es quizá lo que más preocupa a los encargados del comercio exterior nacional, pues los registros oficiales de la OMC permiten que un país como Costa Rica aporte no más de $15,9 millones en subsidios, a los productores de bienes exportables; en 2009 esa cifra sobrepasó solo para el gremio arrocero los $90 millones y durante 2010, el monto entregado fue de unos $125 millones.
En la audiencia del Comité de Agricultura de la OMC, que se reunirá la tercera semana de marzo, Costa Rica bien podría ser interpelada.
En esa audiencia, Costa Rica va a presentar la política arrocera que conoció la opinión pública la semana pasada incluida la eliminación del precio mínimo como avances para evitar una posible sanción.

Ernesto Villalobos
[email protected]


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