Armados hasta los dientes
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 02 febrero, 2012
Pronto: un millón de armas de fuego
Armados hasta los dientes
Endurecer leyes sería la solución
No estamos lejos de un hito poco deseable: un millón de armas de fuego.
El crecimiento de la cantidad de armas se debe a que más delincuentes las portan, lo cual impulsa a la gente decente a comprar una para defenderse.
La solución al problema sería el endurecimiento de las penas contra la tenencia de armas ilegales.
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna iniciativa con posibilidades reales de ser aprobada en el Congreso.
Durante los últimos diez años, la cantidad de armas de fuego legales casi se duplicó, hasta alcanzar la cifra de 205 mil.
Por otra parte, habría hasta unas 600 mil más ilegales, si se toman en cuenta los parámetros internacionales sobre este tipo de mercado negro, que establece que hay tres armas clandestinas por cada una que esté registrada.
Sobre los cálculos de la amplitud de ese mercado, las autoridades prefieren no emitir criterio, debido a que no se puede medir el impacto, pero no descartan que se cumpla ese parámetro en Costa Rica.
Una de las razones del crecimiento en la cantidad de armas es el bajo precio de la compra en el mercado negro.
Actualmente, un antisocial puede comprar una pistola por menos de ¢40 mil, hasta otras más pesadas que se venden hasta en ¢500 mil.
El robo armado es a menudo un buen negocio para el delincuente, no solo por el bajo costo del equipo, sino también por el hecho de que pocos hampones van a la cárcel, aun cuando son detenidos con un arma de fuego ilegal.
“El Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial hacen bien su trabajo, pero una doctrina judicial alcahueta favorece a los criminales, muchos hampones son liberados una y otra vez”, dijo Alvaro Ramos, experto en seguridad.
Muchas de las armas provienen de atracos a los guardas de seguridad privada.
Este lunes, precisamente, un grupo de hampones ingresó a unas bodegas de la Dirección de Tránsito y tras amordazar al único vigilante del lugar, se llevaron 215 pistolas de nueve milímetros, cada una de ellas valorada en ¢386 mil.
Otras vienen importadas, en su mayoría por el Puerto de Limón.
Otra razón para el incremento constante en las armas, es el tráfico de cocaína.
El negocio de la droga en gran parte es manejado por las pandillas, que a menudo resuelven sus disputas con tiroteos.
La combinación del narcotráfico en los muelles y el flujo de las armas ha tenido el efecto de convertir a Limón en la ciudad puerto más sangrienta del país.
Por cierto, la tasa de homicidios el año pasado en dicha provincia cerró en 23 personas por cada 100 mil habitantes; el doble del promedio nacional.
Mientras proliferan las pandillas, el hampa y otros delincuentes, mucha gente decente decide comprar un arma legal para defender su vida y la de sus seres queridos.
Actualmente, la ley establece que quien porte un arma sin licencia, será sujeto de cárcel de seis meses a tres años.
Sin embargo, la gran mayoría de las personas arrestadas por ese delito no recibe castigo.
“Cuando un delito tiene una pena inferior a los tres años, la ley no contempla prisión para la persona que es primeriza; sin embargo, cuando ya hay reincidencia, dependerá de la gravedad del delito y del juez, su destino”, explica Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad del Congreso.
Para algunos, no es únicamente un asunto de aplicar las leyes, sino además de endurecer las penas.
Una opción es que los tribunales de flagrancia puedan enjuiciar rápidamente una gran cantidad de antisociales.
“¿Sabe dónde está la solución? Una reforma a la ley de armas que diga que toda persona que ande con un arma de fuego sin permiso, inmediatamente quede detenida, vaya a un tribunal de flagrancia y se va cuatro años a la cárcel. De esta forma, se sacan por lo menos mil cacos de circulación en tres meses”, dijo Juan Diego Castro, exministro de Seguridad Pública.
Sin embargo, este tipo de propuestas no cuenta con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se estudian dos reformas diferentes de la ley de armas.
Una ha sido presentada por la Presidenta de la República y otra, por los diputados de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad.
Las dos reformas endurecerían las penas.
Sin embargo, ninguna ha avanzado significativamente en la comisión, explica Góngora.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Armados hasta los dientes
Endurecer leyes sería la solución
El crecimiento de la cantidad de armas se debe a que más delincuentes las portan, lo cual impulsa a la gente decente a comprar una para defenderse.
La solución al problema sería el endurecimiento de las penas contra la tenencia de armas ilegales.
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna iniciativa con posibilidades reales de ser aprobada en el Congreso.
Durante los últimos diez años, la cantidad de armas de fuego legales casi se duplicó, hasta alcanzar la cifra de 205 mil.
Por otra parte, habría hasta unas 600 mil más ilegales, si se toman en cuenta los parámetros internacionales sobre este tipo de mercado negro, que establece que hay tres armas clandestinas por cada una que esté registrada.
Sobre los cálculos de la amplitud de ese mercado, las autoridades prefieren no emitir criterio, debido a que no se puede medir el impacto, pero no descartan que se cumpla ese parámetro en Costa Rica.
Una de las razones del crecimiento en la cantidad de armas es el bajo precio de la compra en el mercado negro.
Actualmente, un antisocial puede comprar una pistola por menos de ¢40 mil, hasta otras más pesadas que se venden hasta en ¢500 mil.
El robo armado es a menudo un buen negocio para el delincuente, no solo por el bajo costo del equipo, sino también por el hecho de que pocos hampones van a la cárcel, aun cuando son detenidos con un arma de fuego ilegal.
“El Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial hacen bien su trabajo, pero una doctrina judicial alcahueta favorece a los criminales, muchos hampones son liberados una y otra vez”, dijo Alvaro Ramos, experto en seguridad.
Muchas de las armas provienen de atracos a los guardas de seguridad privada.
Este lunes, precisamente, un grupo de hampones ingresó a unas bodegas de la Dirección de Tránsito y tras amordazar al único vigilante del lugar, se llevaron 215 pistolas de nueve milímetros, cada una de ellas valorada en ¢386 mil.
Otras vienen importadas, en su mayoría por el Puerto de Limón.
Otra razón para el incremento constante en las armas, es el tráfico de cocaína.
El negocio de la droga en gran parte es manejado por las pandillas, que a menudo resuelven sus disputas con tiroteos.
La combinación del narcotráfico en los muelles y el flujo de las armas ha tenido el efecto de convertir a Limón en la ciudad puerto más sangrienta del país.
Por cierto, la tasa de homicidios el año pasado en dicha provincia cerró en 23 personas por cada 100 mil habitantes; el doble del promedio nacional.
Mientras proliferan las pandillas, el hampa y otros delincuentes, mucha gente decente decide comprar un arma legal para defender su vida y la de sus seres queridos.
Actualmente, la ley establece que quien porte un arma sin licencia, será sujeto de cárcel de seis meses a tres años.
Sin embargo, la gran mayoría de las personas arrestadas por ese delito no recibe castigo.
“Cuando un delito tiene una pena inferior a los tres años, la ley no contempla prisión para la persona que es primeriza; sin embargo, cuando ya hay reincidencia, dependerá de la gravedad del delito y del juez, su destino”, explica Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad del Congreso.
Para algunos, no es únicamente un asunto de aplicar las leyes, sino además de endurecer las penas.
Una opción es que los tribunales de flagrancia puedan enjuiciar rápidamente una gran cantidad de antisociales.
“¿Sabe dónde está la solución? Una reforma a la ley de armas que diga que toda persona que ande con un arma de fuego sin permiso, inmediatamente quede detenida, vaya a un tribunal de flagrancia y se va cuatro años a la cárcel. De esta forma, se sacan por lo menos mil cacos de circulación en tres meses”, dijo Juan Diego Castro, exministro de Seguridad Pública.
Sin embargo, este tipo de propuestas no cuenta con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se estudian dos reformas diferentes de la ley de armas.
Una ha sido presentada por la Presidenta de la República y otra, por los diputados de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad.
Las dos reformas endurecerían las penas.
Sin embargo, ninguna ha avanzado significativamente en la comisión, explica Góngora.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net