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Nueva interpretación de la Procuraduría revivió proyecto
Aprobada refinería con apoyo chino
Empresa conjunta invertiría $1.000 millones para garantizar 60 mil barriles diarios de combustibles

La segunda fue la vencida para el proyecto que promueve la ampliación de la refinería estatal con apoyo de una empresa perteneciente al Gobierno de China.
El plan comprende una inversión de $1.000 millones para aumentar a 60 mil barriles diarios la capacidad de procesamiento de combustible.
La capacidad actual de la refinería, ubicada en Moín, es de 25 mil barriles, sin embargo, solo procesa 18 mil barriles; menos de la mitad del consumo nacional que ronda los 40 mil barriles por día.
El aumento de la capacidad de la planta procesadora será realizado por una empresa conjunta integrada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional del Petróleo de China International Ltd (CNPCI).
El proyecto había sufrido un traspié el 27 de marzo cuando la Contraloría denegó el refrendo al justificar que se comprometía el monopolio estatal en la importación, refinación y distribución de derivados del petróleo.
En su momento el órgano fiscalizador de los bienes públicos se basó en una interpretación emitida por la Procuraduría General, en 1999, para denegar el refrendo. Ese informe sentenciaba que la asociación de Recope con un tercero significaba compartir el negocio petrolero.
No obstante, una nueva interpretación de la Procuraduría, emitida el 18 de mayo pasado y en la que aclara su primer dictamen, despejó el camino al proyecto para ampliar la planta refinadora.
En la nueva resolución se considera que el impedimento original queda solventado al quedar claro que la participación de un tercero sería para ampliar las instalaciones y que una vez concluidas las obras, Recope arrendará la planta con derecho a compra y mantendrá la tarea de refinar los combustibles.
A su vez, el ente contralor da interpretación a algunos artículos de manera que no se preste para confusiones más adelante.
Uno es que Recope está inhibido por ley de realizar donaciones a la empresa conjunta y que para hacerlo, debe ser modificada la legislación mediante la cual se le entregó el mercado petrolero de forma exclusiva.
Se aclara además que Recope en ningún momento puede quedar con menos acciones que su contraparte china y que las decisiones que se tomen nunca podrán ir en contra de la voluntad de la empresa nacional.
Otro aspecto al que se refirió el informe es que la compañía costarricense solo puede prestarle a la empresa empleados de forma temporal y para fines específicos, y que estos no podrán recibir remuneración adicional.
En cuanto al mantenimiento, se detalló que la empresa conjunta se debe hacer cargo de este durante el tiempo que se extienda la relación.
Además se definió que en caso de que la relación entre ambas empresas se rompa anticipadamente ninguna de las partes podrá reclamar indemnización, sino que solo se le devolverá la suma invertida y que el proyecto deberá arrojar una tasa interna de retorno del 16%.
Con el aval del contrato, lo que procede ahora es realizar los estudios de factibilidad; la parte que le corresponderá aportar a Recope para realizar los estudios ya fue asignada por el Ministerio de Hacienda mediante un incremento al límite de gasto presupuestario por ¢1.443 millones.
En caso de que el resultado del análisis demuestre el éxito del proyecto, cada una de la
s empresas que forman la sociedad deberá girar $500 millones para financiar la obra.
La empresa que se hará cargo de la construcción deberá ser escogida por la compañía conjunta. La expectativa es que la obra la desarrolle CNPCI, por su experiencia en este tipo de proyectos.
El contratista tendrá que presentar una oferta formal que deberá ser aprobada
por la junta directiva de la empresa conjunta. Los precios que se establezcan serán una suma fija que solo podrá modificarse en caso de certificarse un aumento en los costos.
La obra se desarrollará bajo la modalidad de llave en mano; es decir que el contratista deberá realizar la obra y entregarla a Recope para su operación en un plazo determinado.
En la entidad anunciaron que darían detalles hasta hoy.
Los expendedores de combustibles tampoco se refirieron. Bernard Rodríguez, representante de ese gremio, justificó que no conoce el documento aprobado.
Sí dijo que esperaba que se hayan eliminado algunos puntos que ponían en riesgo la soberanía.

Danny Canales
[email protected]
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