Apertura telecom aún no llega al Estado

A pesar de que los usuarios costarricenses disfrutan de los beneficios de la apertura de las telecomunicaciones desde 2008, los ministerios e instituciones públicas únicamente contratan los servicios del ICE y Racsa.
Esto mediante la firma de convenios institucionales o contrataciones directas, es decir, sin que medien licitaciones públicas, que permitan a las empresas privadas presentar sus ofertas de servicio.
“Por costumbre o deficiente interpretación legal, no se realizan estas licitaciones, que además de transparencia generarían ahorros y acceso a mayores opciones”, aseguró Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom, la cámara que reúne a las más de 120 telcos nacionales e internacionales que operan en el país.
Esto sucede a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Hacienda y diversos pronunciamientos de la Contraloría acerca de la necesidad de realizar concursos públicos, esta práctica continúa en la esfera pública.
Consultados al respecto, la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Viceministerio del ramo, aseguraron que aunque la contratación directa está permitida, es obligación de las instituciones el asegurar la libre competencia y el aseguramiento de un buen servicio y al mejor costo.
“La decisión de contratar o no a cualquier empresa es una potestad única del usuario, de acuerdo con sus intereses, indistintamente de quien sea. En el caso de las instituciones públicas, la Ley General de Contratación Administrativa las faculta para contratar de manera directa con otras instituciones públicas”, aseguró Manuel Emilio Ruiz, presidente del Consejo de la Sutel.
Aunque las instituciones del Estado tienen libertad de contratación, es necesario que sigan los procedimientos establecidos conforme a la Ley General de Contratación Administrativa y contar con estudios de viabilidad que permitan a los usuarios tener servicios de calidad valorando los beneficios de diferentes operadores, según Emilio Arias, viceministro de Telecomunicaciones.