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La reciente aprobación de la ley estadounidense conocida como "One Big Beautiful Bill" ha reavivado un intenso debate entre analistas económicos, líderes empresariales y gobiernos alrededor del mundo, incluyendo el nuestro Costa Rica.
Esta legislación, impulsada por la Cámara de Representantes, tiene como propósito central repatriar operaciones industriales y estimular el empleo interno en suelo estadounidense, a través de una combinación de presión política y nuevos incentivos fiscales.
Sin embargo, el trasfondo de esta ambiciosa medida genera inquietud en países que dependen de la inversión extranjera directa (IED) como motor clave para el desarrollo económico, entre ellos Costa Rica.
Especialistas coinciden en que, si bien la ley no representa una retirada inmediata de las empresas, sí plantea una competencia más agresiva por atraer inversión global.
"El impacto general de la implementación de 'One Big Beautiful Bill' es materia de debate en diversos foros políticos, económicos y académicos", señala Luis Alvarado, Analista Económico y Bursátil de Acobo. "De forma simplificada, lo que busca es atraer nuevamente a las empresas hacia Estados Unidos, generando más empleo e inversión. Parte del costo que esto implica se espera cubrir con aranceles globales y con incentivos fiscales", añade.
Asimismo, añade que, la presión política sobre las empresas para regresar sus operaciones al país norteamericano puede repercutir negativamente en el flujo de nuevas inversiones hacia Costa Rica, aunque matiza que “Costa Rica sigue teniendo ventajas competitivas importantes, como su ubicación geográfica, talento humano calificado, estabilidad política y una sólida trayectoria en sectores estratégicos como los dispositivos médicos.”
En la misma línea, Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), advierte que no es realista pensar en una migración masiva o repentina de las empresas establecidas en el extranjero.
“Es una discusión bien complicada. Lo primero que hay que recordar es que las empresas no se van de buenas a primeras. El costo de producción en Estados Unidos sigue siendo muy alto”, afirma Rodríguez.
“Eventualmente, algunas empresas podrían llevarse parte de la cadena de producción, pero difícilmente toda la operación. Lo que sí podría pasar es que se complique un poco la atracción de nueva inversión, y eso nos obliga a repensarnos y tratar de mejorar el clima de negocios.”
Ambos analistas coinciden en que el mayor riesgo no está tanto en que las empresas se vayan, sino en que nuevas inversiones elijan otros destinos más alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos o donde los incentivos sean más competitivos.
Esto sitúa a Costa Rica en un punto de inflexión: no se trata solo de defender lo que ya se ha ganado en atracción de inversión, sino de evolucionar en sus capacidades.
“La competitividad es un reto permanente. Esta ley es solo otro elemento que obliga a las naciones a mejorar los servicios y condiciones para atraer industrias. Costa Rica debe invertir más en infraestructura, capacitación, legislación eficiente y bilingüismo, para mantener y elevar su atractivo estructural”, señala Alvarado.
En un mundo donde la geopolítica se entrelaza cada vez más con las decisiones de negocio, Costa Rica deberá jugar con inteligencia su carta de valor agregado.
Innovación, sostenibilidad, talento humano y estabilidad institucional son activos que pueden marcar la diferencia, incluso frente a legislaciones que buscan atraer la inversión a otros horizontes.
O RAN el gran perdedor
Una de las áreas más afectadas por este proyecto de Ley es precisamente el Open Ran Durante la administración Biden, y con el propósito de fortalecer la independencia de los EEUU en temas de micro chips y tecnología, el gobierno impulsó y logró la aprobación en el 2022 de la Ley de Chip y Tecnología, que establecía el Fondo Público de Innovación de la Cadena de Suministro Inalámbrica, con USD1.500 millones en 2022 para apoyar el desarrollo de O-Ran. Esta normativa, que estaría vigente hasta el 2031.
Sin embargo, esta Ley establece una enmienda que habría eliminado por completo la asignación de 850 millones de dólares para el Fondo para la Innovación de la Cadena de Suministro Inalámbrica Pública. Además de los recursos ya asignados, el Fondo quedaría únicamente con USD 100 millones, monto absolutamente insuficiente para lograr resultados concretos en temas de Open Ran. Asi las cosas Open Ran se constituye una apuesta arriesgada por la poca investigación y desarrollo que existe en la actualidad,
Implicaciones para Costa Rica
Aunque O‑RAN nació como una respuesta de EE. UU. al mercado global, la reducción de fondos vía la enmienda legal de julio de 2025 podría debilitar el motor principal de su adopción. Eso reduce indirectamente las oportunidades de colaboración internacional.
Si EE. UU. reduce su impulso, el efecto dominó podría enfriar inversiones en tecnologías relacionadas o en proyectos que dependan de ese ecosistema abierto.
Regreso de la apuesta de Mavenir
Recientemente, el CEO de Mavenir —una de las principales empresas estadounidenses dedicadas a soluciones O‑RAN— admitió que su apuesta por el hardware Open RAN fue errática, tras un proceso de rescate financiero que implicó un canje deuda por capital con Siris Capital.
La compañía anunció una reestructuración que eliminó aproximadamente $1.300 millones de deuda, recibiendo además $300 millones adicionales en financiamiento senior.
Este cambio supone un abandono del área de producción de radios O‑RAN, enfocándose ahora exclusivamente en software de integración y soluciones cloud-native. Según el CEO, la complejidad operativa y la falta de contratos al nivel de fabricantes establecidos (como Ericsson o Nokia) llevaron a este replanteamiento estratégico.
Consecuencias para el ecosistema O‑RAN y su relevancia global
La retirada de Mavenir del hardware evidencia que el modelo de "radio abierta" continúa enfrentando barreras significativas: costos operativos elevados, integración multivendor complicada y márgenes reducidos.
Este caso refleja un retroceso dentro del impulso global por O‑RAN: no solo en EE. UU., donde los fondos públicos ya enfrentan recortes, sino también en el resto del mundo, donde la adopción masiva aún no se ha consolidado en operadores dominantes.
Implicaciones para Costa Rica
La limitada adopción de O‑RAN por parte de fabricantes como Mavenir reduce el ecosistema abierto sobre el cual Costa Rica podría insertar servicios de integración, pruebas o desarrollo en la región.
Si EE. UU. recorta fondos al modelo O‑RAN (como ocurrió con la enmienda de julio de 2025), muchos proyectos podrían perder soporte o interés internacional, afectando oportunidades en innovación tecnológica regional.
Sin embargo, el enfoque hacia software, automatización y orquestación inteligente abre posibilidades para Costa Rica, especialmente si se consolida como proveedor de servicios de integración, pruebas o back-end para proyectos latinos en transformación 5G/6G.
Este nuevo contexto permite entender cómo, pese al respaldo institucional, el desarrollo de O‑RAN enfrenta retos reales de viabilidad. Para Costa Rica, esto implica reorientar estrategias hacia nichos tecnológicos que capitalicen conocimientos en software, interoperabilidad y soporte multivendor.
