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Incrementos en tarifas de telefonía fija y celular sin aval de reguladores son objeto de críticas
Alzas en el ICE, ¿astucia o error estratégico?

• Pretensión de aumentos podría tener un efecto bumerán, predicen expertos
• Instituto justifica medidas como necesarias para brindar mejores servicios ante apertura

Eduardo Baldares
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Mientras se aclaran los últimos nublados de la apertura del sector telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) procura dar sus primeros pasos en el libre mercado, pero en algunos casos arriesgándose a tropezones estratégicos.
Los últimos aumentos de tarifas solicitados, así como otros que entrarían en vigor sin siquiera haber sido consultados a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), podrían responder a una táctica arriesgada.
Esta consistiría en un intento del ICE de hacerse de una buchaquita de plata antes de perder segmentos del mercado y tener que bajar los precios para poder competir.
Aunque eso no sea así, y se tratase de cálculos tarifarios válidos, la percepción de que se le estaría cobrando al usuario la falta de inversión anterior en telefonía móvil y en generación eléctrica, bien podría comprometer la posición de salida del ICE en la carrera por conquistar usuarios.
Así, por ejemplo, subir las tarifas en el servicio más criticado del ICE —la telefonía celular—, y en la forma que se hizo —sin consultar a la Aresep— es considerada por expertos más que una decisión arriesgada, un error táctico.
El alza en sí les estaría dando a los posibles rivales mayor margen de maniobra para incursionar en el mercado, no solo con tecnología de punta como la que ya aplican en otras latitudes, sino con precios más asequibles para los consumidores.
“El ICE solo podrá aumentar tarifas por sí mismo y sin autorización del ente regulador, una vez que esté conformada la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), estén vigentes los reglamentos pertinentes, y la Sutel haya indicado claramente que está operando en mercados en los que realmente existe la competencia”, explicó Fernando Herrero, regulador general, en un comunicado oficial.
Sin embargo, para que la Superintendencia pueda hacer esa declaratoria, primero tendría que justificarla amparada en estudios. Además antes requeriría tener integrado su Consejo —lo que está programado para el próximo 26 de enero—.
Por si fuera poco, faltaría que la junta directiva de Aresep “emita el reglamento que servirá de marco para tal decisión”, agregó Herrero.
La regulación de tarifas le corresponderá a la Sutel, manifestó un vocero del ICE, y mientras tanto el ente “requiere ajustar tarifas, algunas de las cuales tienen cinco y hasta 13 años sin cambios”.
No obstante, el jerarca de Aresep sostiene que durante la transición es a ella a quien se le deben plantear los posibles incrementos, y que solo había concedido permiso para que el Instituto acordara unilateralmente rebajas en las tarifas de Internet y telefonía internacional.
Por otra parte, los aumentos en electricidad experimentados durante el último año no solo generarían preocupación por sí mismos, sino que podrían ser malinterpretados como una especie de subsidio cruzado, situación que no es tal.
El Instituto pidió más de un 40% de aumento en electricidad en noviembre pasado, propiciando la interposición de recursos como el de Ricardo Trujillo, ingeniero eléctrico.
“Al solicitar esa alza no realizaron investigaciones serias de previsión sobre el precio de los combustibles por utilizar en la generación térmica. Simplemente tomaron montos altos de 2008 y los pusieron como parte de la justificación del aumento, sin tomar en cuenta cuánto han disminuido y aun cuando Costa Rica solo recurre en un 10% a los hidrocarburos”, justificó Trujillo.
En efecto, Aresep frenó la pretensión, dejando el ajuste en un 15,11% precisamente por considerar que los precios internacionales del crudo han experimentado una considerable tendencia a la baja.
Dejando claro que los ingresos y las cuentas del sector eléctrico son totalm
ente independientes de las del sector telecomunicaciones, el vocero explicó que en el primero existe un retraso acumulado por años, producto de restricciones en las inversiones.
“Para lograr alcanzar un sistema eléctrico de calidad y confiable, y que al mismo tiempo sea de mínimo costo, es necesario hacer un esfuerzo los primeros años para recuperar el tiempo perdido por el país”, concretó el vocero, y agregó que los aumentos se han debido “a los factores que han afectado y seguirán incidiendo por igual a los demás sistemas eléctricos del mundo: volatilidad de los precios del petróleo, aumento en los precios del acero, escasez de equipos, etcétera”.
El problema es que las peticiones de incrementos en la división eléctrica d
el ente estatal han sido fuertes desde el año pasado, y al ser algunos de ellos rebatidos y rechazados por la Aresep, corren el riesgo de ser vistos como “sospechosos” por el consumidor.
Si ya de por sí las alzas no son medidas populares y desencadenan oposición, el problema es la forma en que se han dado las solicitudes, generando polémica social.
La pretensión de alzas en telecomunicaciones no sería polémica, si no fuese
por la unilateralidad de la decisión, así como las peticiones de incrementos eléctricos no causarían disgusto si no se basaran en cálculos cuestionados por supuestamente erróneos, estiman analistas.
Esos serían deslices estratégicos que le podrían salir caro al Instituto, sobre todo cuando entren en escena sus competidores.
“Parece que están tratando de mejorar ingresos y protegerse en caso de tener que bajar las tarifas posteriormente, cuando comience la batalla por la clientela”, opinó Ricardo Trujillo, empresario de telecomunicaciones, quien califica de “yerros” estos procedimientos.
Consultado sobre si la “ola” de incrementos tendría un efecto bumerán negativo en el sentido de facilitarles a los competidores ingresar con tecnología de vanguardia a mejores precios, la respuesta a través del vocero institucional del ICE, fue concisa: “No creemos que ocurra de esa manera”.
Aun con el aumento eléctrico mermado, representantes de los usuarios han manifestado su preocupación por las tres alzas implementadas en menos de un año y el peso que tendrían en las economías domésticas.
“Es preocupante. Para los que consumen menos los aumentos acumulados han sido de un 35%, lo que es de por sí bastante pesado, pero para el sector industrial estos incrementos ascenderían a un 96,5%, lo que igual se le cobrará al ciudadano, puesto que se reflejará en los precios del producto final”, finalizó Erick Ulate, presidente de la organización Consumidores de Costa Rica.





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